El verdadero escándalo de las filtraciones judiciales: no es el fiscal general, es el sistema

La investigación contra el fiscal general del Estado por una presunta filtración de un informe policial ha reabierto un viejo debate. Pero más allá del ruido político, existe un problema más grave y crónico: las filtraciones son una práctica generalizada que destruye la confianza ciudadana y vulnera la presunción de inocencia cada día, en cientos de causas donde nadie mira.

El ruido y el silencio

El caso de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, investigado por la presunta filtración de un correo de un abogado relativo al entorno de la presidenta Ayuso, ha generado un terremoto institucional.

Es, sin duda, un episodio grave. Pero no es una anomalía: es la punta del iceberg de un sistema donde las filtraciones se han normalizado.

Mientras los titulares se centran en la cúpula, en los juzgados de instrucción de toda España se filtran a diario autos, atestados y declaraciones. Miles de ciudadanos ven expuestos sus datos y su honor en los medios antes incluso de que las partes sean notificadas oficialmente.

En esos casos, nadie abre diligencias, nadie dimite y nadie se indigna.

El ciudadano común no un político, no un fiscal es señalado públicamente, sin defensa ni reparación.

Una práctica crónica: 20 años de filtraciones

Las filtraciones judiciales no son hechos aislados: son una costumbre institucionalizada que ha acompañado a las principales causas penales de las dos últimas décadas.

Una breve cronología lo demuestra:

El patrón es siempre el mismo: difusión, impunidad y daño institucional, pero lo más grave son las miles de filtraciones silenciosas que sufren abogados y clientes en los casos no mediáticos.

(Imagen: Poder Judicial)

Las filtraciones que no hacen ruido: el ciudadano sin voz

El caso del fiscal general ha desatado alarma política, pero el verdadero drama ocurre fuera de los focos.

En juzgados ordinarios de toda España se filtran autos de prisión, informes forenses, denuncias de violencia de género, atestados policiales y declaraciones.

El resultado es devastador: acusados retratados como culpables, víctimas revictimizadas y abogados desbordados.

Entre 2015 y 2018, varios colegios de abogados documentaron este fenómeno:

Pese a las quejas, ninguna investigación interna prosperó.

El artículo 417 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos por autoridad o funcionario, es letra muerta, no existen auditorías ni trazabilidad digital de accesos a sumarios, lo que convierte el control de la información en una ficción procesal.

El doble rasero mediático y judicial

Cuando la filtración afecta a las élites, se habla de “crisis institucional” o “ataque a la Fiscalía”. Cuando la víctima es un ciudadano anónimo, la filtración se convierte en entretenimiento.

El novio de Ayuso, dentro de su desgracia, ha tenido suerte: su caso ha provocado debate y titulares.

Pero los cientos de ciudadanos que cada año ven su intimidad expuesta por una filtración no tienen altavoz, ni defensa mediática, ni reparación. A ellos nadie los protege, nadie los investiga y nadie los escucha.

¿Por qué ocurre? Una cultura de tolerancia e impunidad

El problema no es solo técnico; es cultural.

La justicia española ha tolerado las filtraciones como una válvula de comunicación informal entre la institución y la prensa.

Las causas son conocidas: acceso masivo de funcionarios, fiscales y agentes a expedientes digitales sin control individualizado; ausencia de trazabilidad en Lexnet y Minerva; interés mediático de las partes para condicionar la opinión pública; falta de sanciones efectivas; la revelación de secretos rara vez se persigue.

El resultado es que el secreto de sumario es una ficción jurídica.

El juez José Antonio Vázquez Taín lo advirtió ya en 2014:

“En España, el secreto de sumario es un concepto teórico. En la práctica, todo se acaba filtrando”. Por ello son necesarias tres reformas urgentes a saber:

1. Trazabilidad digital obligatoria. Cada acceso a un expediente debería quedar registrado automáticamente, con identificación personal y advertencia penal expresa.
2. Aplicación real del art. 417 CP. Las filtraciones de funcionarios y autoridades deben perseguirse con la misma firmeza que cualquier otra revelación de secretos.
3. Protección reforzada de víctimas y acusados. Garantizar el anonimato en fases de instrucción y sancionar la publicación de datos personales mientras el procedimiento esté bajo secreto.

En definitiva, el problema no es la excepción, es la regla.

La investigación al fiscal general del Estado es grave, pero no es una rareza, sino el reflejo extremo de una enfermedad sistémica.

Las filtraciones judiciales son una erosión continua del Estado de Derecho, tanto en las grandes causas como en los procedimientos cotidianos que afectan a personas comunes.

Hasta que no se imponga una cultura de responsabilidad tecnológica, institucional y ética, la justicia española seguirá dictando sentencia antes de tiempo, a través de los titulares. Porque el verdadero escándalo no está en el despacho del fiscal general, sino en los miles de sumarios que cada día se filtran impunemente en los juzgados.

“Las filtraciones no son solo un delito: son una forma de desigualdad ante la justicia.”