¿Es posible que no haya desahucios ni lanzamientos de vivienda?
Para poder evitar los desahucios son necesarias la prevención, la mediación, la ayuda económica y sobre todo, voluntad política para articular estas tres cosas
(Imagen: E&J)
¿Es posible que no haya desahucios ni lanzamientos de vivienda?
Para poder evitar los desahucios son necesarias la prevención, la mediación, la ayuda económica y sobre todo, voluntad política para articular estas tres cosas
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La pregunta que nadie quiere responder
Hay preguntas que incomodan. Y esta es una de ellas. ¿Es posible que no haya desahucios ni lanzamientos de vivienda? La respuesta rápida, la que se dispara sin pensar, es no. Porque si alguien no paga, alguien tiene que responder. Porque el contrato es un contrato. Porque la propiedad es un derecho constitucional. Pero la respuesta lenta, la que exige detenerse y analizar, es más matizada. Y es que la cifra de lanzamientos ha caído casi a la mitad en apenas cuatro años. De los 41.261 de 2021 hemos pasado a los 21.562 de 2025. Un descenso del 47%.
La tendencia, por tanto, no es inmutable. Los desahucios no son una ley de la naturaleza. Son una consecuencia de decisiones políticas, económicas y judiciales. Y si han bajado, pueden seguir bajando. Hasta cero, quizá. O hasta un mínimo estructural que refleje los casos en los que el conflicto es inevitable.
Los datos: quién desahucia y por qué
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2025 dibujan un mapa desigual. Cataluña concentra casi tres de cada diez lanzamientos, con 6.127 casos. Le siguen Andalucía, con 3.061, la Comunidad Valenciana, con 2.449, y Madrid, con 2.119. Estas cuatro comunidades suman el 63,8 por ciento del total nacional. Las cifras más bajas se registran en La Rioja, con 127; Navarra, con 150; y Cantabria, con 152. La distribución territorial responde a múltiples factores: el peso demográfico, la presión del mercado de alquiler, la conflictividad judicial y, también, las políticas públicas de vivienda que cada comunidad implementa.
Pero hay un dato que merece especial atención. De los 21.562 lanzamientos contabilizados, 16.506 están vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, a contratos de alquiler. Solo 3.596 derivan de ejecuciones hipotecarias. Esto supone que el 76,6% de los desahucios se producen por impago de la renta. No por impago de la hipoteca. La creencia popular de que los desahucios son, fundamentalmente, consecuencia de ejecuciones hipotecarias queda desmentida por las cifras. La mayoría de los lanzamientos se producen porque el inquilino no paga el alquiler. Y eso cambia por completo el enfoque del problema.
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Por qué bajan los desahucios
El descenso de los lanzamientos desde 2021 es indiscutible. Las razones son diversas. La primera es la mejora del mercado laboral y la recuperación económica tras la pandemia. Cuando hay empleo y los ingresos familiares se estabilizan, la morosidad disminuye. La segunda es el incremento de las políticas de protección social y de los mecanismos de ayuda al alquiler. Las comunidades autónomas y el Gobierno central han articulado en los últimos años diversos programas de subvención y de mediación que han evitado que muchos procedimientos llegaran a término. La tercera es la moratoria de desahucios para colectivos vulnerables, prorrogada sucesivamente durante los años más duros de la crisis. Y la cuarta es la mayor concienciación de los propios arrendadores, que recurren a la negociación antes que al desahucio cuando prevén dificultades de cobro.
Debe tenerse presente que el desahucio es un procedimiento costoso, lento y emocionalmente desgastante para ambas partes. El arrendador que desahucia a un inquilino no solo pierde las rentas dejadas de percibir durante el tiempo que dure el procedimiento, sino que asume los costes judiciales, los honorarios de abogado y procurador y el riesgo de que el inmueble quede dañado. Muchos propietarios prefieren negociar una salida pactada antes que emprender un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso años. Esa lógica económica explica, en parte, el descenso de los lanzamientos.
¿Se puede llegar a cero?
Llegar a cero desahucios es, en sentido estricto, imposible. Siempre habrá conflictos que no puedan resolverse por la vía de la negociación. Siempre habrá inquilinos que, pudiendo pagar, no paguen. Siempre habrá ocupaciones ilegales que requieran una respuesta judicial. Y siempre habrá propietarios que necesiten recuperar su vivienda para uso propio o para venderla. El desahucio es, en esos casos, la consecuencia lógica del incumplimiento de un contrato o de la vulneración de un derecho.
Ahora bien, una cosa es que existan desahucios inevitables y otra muy distinta es que existan desahucios evitables. Y la mayoría de los desahucios que se producen en España son, probablemente, evitables. Porque la mayoría responden a situaciones de vulnerabilidad sobrevenida, de pérdida de empleo, de enfermedad, de ruptura familiar. Situaciones que, con los mecanismos adecuados de protección y de mediación, podrían haberse reconducido. La pregunta, por tanto, no es si es posible llegar a cero. La pregunta es cuántos desahucios podemos evitar y qué instrumentos necesitamos para hacerlo.
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Los instrumentos para reducir los desahucios
El primer instrumento es la prevención. Detectar las situaciones de vulnerabilidad antes de que se conviertan en procedimientos judiciales. Los servicios sociales, las oficinas de vivienda y las entidades de mediación deben tener la capacidad de intervenir cuando detectan un riesgo de impago. La colaboración entre administraciones y entidades financieras o arrendadores es fundamental. Si el arrendador sabe que existe un mecanismo de ayuda al que puede acogerse el inquilino, estará más dispuesto a esperar. Y si el inquilino sabe que puede pedir ayuda antes de dejar de pagar, estará más dispuesto a solicitarla.
El segundo instrumento es la mediación. Los procedimientos de mediación hipotecaria y arrendaticia han demostrado su utilidad en los últimos años. La Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido los medios adecuados de solución de controversias como requisito de procedibilidad en determinados supuestos. Esta exigencia, aunque criticada por algunos operadores jurídicos, tiene un indudable efecto disuasorio sobre los desahucios exprés. Obliga a las partes a intentar un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Y ese intento, en muchos casos, evita el lanzamiento.
El tercer instrumento es la ayuda económica. Las subvenciones al alquiler, las ayudas de emergencia social y las prestaciones no contributivas pueden evitar que una situación de dificultad temporal se convierta en un impago definitivo. El problema es que estas ayudas, en muchas ocasiones, llegan tarde, son insuficientes o están sujetas a requisitos burocráticos que dificultan su acceso. Agilizar su tramitación y ampliar su cobertura es esencial para reducir el número de desahucios.
La responsabilidad de los poderes públicos
Hay que reseñar que la reducción de los desahucios no depende únicamente de la buena voluntad de los arrendadores. Depende, sobre todo, de la voluntad política de los poderes públicos. Las comunidades autónomas tienen competencias en materia de vivienda y de servicios sociales. Los ayuntamientos tienen competencias en materia de emergencia social y de mediación. El Gobierno central tiene competencias en materia de legislación procesal y de ayudas estatales. Todos ellos deben coordinarse para ofrecer una respuesta integral a las situaciones de vulnerabilidad residencial.
La pregunta que queda en el aire es si existe esa voluntad política. Los datos de lanzamientos varían significativamente entre comunidades autónomas. Cataluña, con 6.127, triplica las cifras de Madrid, con 2.119, a pesar de que Madrid tiene una población similar y un parque de vivienda comparable. Esa diferencia no puede explicarse solo por factores económicos o demográficos. Responde también a diferencias en las políticas de vivienda, en los servicios de mediación y en la gestión de los procedimientos judiciales. Si en Cataluña se producen más desahucios que en Madrid, algo se está haciendo de manera distinta. Y no necesariamente mejor.
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Reflexiones finales en torno a un horizonte posible
¿Es posible que no haya desahucios ni lanzamientos de vivienda? En sentido estricto, no. Siempre habrá incumplimientos contractuales que exijan una respuesta judicial. Siempre habrá ocupaciones ilegales que deban resolverse conforme a la ley. Pero sí es posible reducir drásticamente su número. Sí es posible evitar que miles de familias pierdan su vivienda cada año por situaciones que podrían haberse reconducido. Sí es posible construir un sistema en el que el desahucio sea la excepción y no la norma.
Para lograrlo se necesitan tres cosas: prevención, mediación y ayuda económica. Y, sobre todo, voluntad política para articularlas. Los datos de 2025 demuestran que la tendencia es positiva. Hemos pasado de 41.261 lanzamientos en 2021 a 21.562 en 2025. Pero la cifra sigue siendo elevada. Cada lanzamiento es una familia que pierde su hogar. Cada procedimiento es un drama humano. Y cada drama humano es una llamada de atención a los poderes públicos para que hagan más y mejor. La pregunta no es si es posible llegar a cero. La pregunta es cuántos desahucios podemos evitar mientras caminamos hacia ese horizonte. La respuesta depende de todos nosotros.
