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Expertos fiscalistas advierten que el nuevo impuesto a las grandes fortunas podría ser inconstitucional

Los expertos reclaman que se deflacte el IRPF y una bajada de impuestos generalizada a las clases medias, ahora limitada a rentas menores de 21.000 euros

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; y Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública (Foto: EFE)

Periodista jurídico

Tiempo de lectura: 7 min



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Expertos fiscalistas advierten que el nuevo impuesto a las grandes fortunas podría ser inconstitucional

Los expertos reclaman que se deflacte el IRPF y una bajada de impuestos generalizada a las clases medias, ahora limitada a rentas menores de 21.000 euros

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; y Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública (Foto: EFE)



Las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, pretenden lograr una subida de ingresos por valor de 3.144 millones de euros en los dos próximos años.

De entre todas las medidas, quizás las más polémicas son el conjugar el llamado Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas; y una bajada a los contribuyentes con ingresos menores de 21.000 euros del IRPF.



Sin embargo, expertos consultados por Economist & Jurist creen que ese impuesto es de carácter disuasorio y podría reducir las inversiones en nuestro país, además de generar la salida de capitales hacia otras jurisdicciones. Sobre el IRPF reclaman una deflactación total y una bajada de impuestos para más contribuyentes. La clase media queda fuera de esta bajada impositiva.

Al mismo tiempo las voces de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y de Josep Luis Sánchez Llibre, presidente del Fomento del Trabajo (patronal catalana), se han alzado contra este impuesto a las grandes fortunas y reclaman su anulación.

“No se puede consentir que ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces el impuesto de patrimonio mientras atacan sin control a las regiones que lo denunciamos” (Foto: Forum Europa)

Díaz Ayuso es contundente y señalaba en un acto en Barcelona que “ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces el impuesto de patrimonio mientras atacan sin control a las regiones que lo denunciamos”.

Ese impuesto a las grandes fortunas gravará a las rentas superiores a los 3 millones de euros y constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7 %; entre 5 y 10 millones, un 2,1 %; y por encima de 10 millones, un 3,5 %. Según ha señalado la ministra, el nuevo impuesto afectará a unos 23.000 contribuyentes (el 0,01 % del total) y espera recaudar 1.500 millones de euros.

En el caso de aquellas comunidades que mantienen el impuesto de Patrimonio, el nuevo tributo será deducible, evitando así la doble imposición. «En líneas generales, las comunidades que no han tenido una sustancial modificación en el impuesto no tendrán que abonar este nuevo tributo”, comentó la Ministra de Hacienda Mª Jesús Montero.

El paquete fiscal del Gobierno llega en una semana donde la batalla se ha recrudecido. La polémica comenzó con la supresión del impuesto de Patrimonio por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, al que le siguieron otras comunidades gobernadas por el PP, y terminó con el anuncio del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, de rebajas de impuestos a las rentas medias y bajas.

Una nueva piedra contra la inversión extranjera

Javier Vinuesa, socio e Iván Escribano, asociado senior del área fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, destacan que la creación de un Impuesto a la Solidaridad de las grandes fortunas para patrimonios netos superior a tres millones de euros “puede generar el efecto de deslocalizar a contribuyentes que no les compense estar en España, también afecta a inversores que seguramente dejarán de venir a nuestro país y ubicarse en jurisdicciones como Portugal, vistas estas circunstancias”.

Javier Vinuesa: “Habrá que ver la articulación del nuevo impuesto a las grandes fortunas y si choca realmente con patrimonio y hay una doble imposición” (Foto: Gómez-Acebo & Pombo)

Estos juristas creen que estamos ante “un impuesto disuasorio. Nace, a priori, con carácter temporal, si bien se señala que se incluirá una cláusula de revisión para evaluar al término de su vigencia si es necesario mantenerlo o suprimirlo”.

También recuerdan que en 2011, el gobierno de Zapatero reestableció el Impuesto sobre el Patrimonio, también con carácter temporal para dos ejercicios, y “sin embargo dicho Impuesto se mantiene vigente a día de hoy, siendo España el único país de la Unión Europea que mantiene un gravamen similar”.

Otra cuestión que indican es que el Impuesto nace para contrarrestar las bonificaciones establecidas en determinadas Comunidades Autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio.

“Habrá que ver cómo se articula para verificar si se elimina por completo la doble imposición en aquellas Comunidades Autonómicas que no lo han bonificado y, si pueden surgir problemas de competencia, al gravar un hecho imponible similar al Impuesto sobre el Patrimonio, dada la redacción de la actual LOFCA”, comentan.

Estos expertos son partidarios de la deflactación del IRPF: “Sin duda, es lo más justo para no gravar rentas ficticias. Sobre la bajada de impuestos consideran que “es positiva, aunque es verdad que rentas algo más altas se han quedado fuera. Quizás habría que haberlo repartido más entre los tramos bajos para no excluir a algunos “.

Un impuesto distorsionante

Para Javier Morera, socio del Área Tributaria de la firma BROSETA Abogados, “ las medidas del Gobierno no son  tanto una reforma tributaria que debería ser consensuada, sino una serie de retoques de urgencia muy improvisados con una técnica más que discutible. Parece que han sido provocados por otros hechos: la reforma en patrimonio viene dado por el paso de Andalucía para suprimir dicho impuesto”.

(Foto: Broseta)

Sobre el impuesto a las grandes fortunas, este experto recuerda que “a principios de verano, Podemos propuso introducir un impuesto a las grandes fortunas en la Ley de Presupuestos y el Gobierno lo descarto. No ha habido novedades relevantes, hasta que Andalucía bonificó patrimonio. Este impuesto ha generado preocupación entre los grandes patrimonios. Habrá que ver cómo funciona y revisar los borradores de la norma”.

Este experto considera que “se generan problemas importantes para el gran patrimonio español de más de 3 millones de euros, todo lo que esté por encima pagará el 3.5 por ciento puede ser muchos miles de euros. La gente pregunta qué hacer y nosotros les comentamos lo que pueden hacer. Ya hay algunos contribuyentes españoles con la idea de irse fuera”.

También aclara que “donde preocupa más en el impacto a la inversión extranjera y grandes patrimonios procedentes de América Latina en España. Este movimiento que era muy fuerte con unas inversiones de 60.000 millones anuales, venían a Madrid sobre todo porque veían seguridad jurídica y pocos cambios normativos.  Ahora se están pensando lo que van hacer y posiblemente mudarse a Portugal, Italia, Suiza o Grecia”.

La norma entrará en vigor en el 2023. Habrá que ver su impacto realmente, aclara Morera  “porque también corre el rumor que podría mantenerse más años de los dos años fijados por el momento”.

Sobre este impuesto a las grandes fortunas “aquí es previsible que lo va a recurrir todo el mundo que lo pague. Al día siguiente se va a pedir una devolución de ingresos indebidos impugnando dicha liquidación tributaria por considerarse ilegal. Y eso supondrá que los tribunales entren en liza, tanto Supremo, Constitucional como TJUE, algo parecido al modelo 720 y las reclamaciones por ingresos en el extranjero que se devolvieron”.

Es un impuesto populista

Por su parte, el presidente del Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, insistió en que el impuesto sobre las grandes fortunas propuesto por el Gobierno español “es un impuesto precipitado, poco riguroso, populista y electoral”, en declaraciones a Cuatro.

Josep Sánchez Libre, presidente de Fomento del Trabajo: “Lo que tendría que hacer el Gobierno es deflactar el IRPF de todas las personas físicas, eso si que sería una medida positiva” (Foto: Foment del Traball)

Por ello, Sánchez Llibre anunció que, si se aprueba este nuevo tributo a las grandes fortunas en el Congreso de los Diputados, “Fomento hará todo lo posible por presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad para su eliminación, a través de los grupos parlamentarios que quieran plantear nuestro posicionamiento”.

“El Impuesto del Patrimonio es un tributo que no existe en ningún país con un sistema democrático” —explicó—, “si encima ahora quieren plantear un impuesto superpuesto que ya pagamos las comunidades que pagan el Patrimonio, es todavía más de dudosa constitucionalidad”.

Recuerda que hace un año se presentó a través del Partido Popular un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para eliminar el Impuesto de Patrimonio, “porque lo consideramos confiscatorio y de dudosa constitucionalidad”.

El recurso está por resolver y Fomento anuncia que volverán al Constitucional caso de que se apruebe dicho impuesto.

Deflactar impuestos es necesario

La otra medida que también he generado muchas críticas tiene que ver con la bajada de impuestos a nivel de IRPF que Montero hace para rentas menores de 21.000 euros.  Los juristas consultados creen que la clase medida trabajadora queda fuera de la misma y que es necesario deflactar los impuestos para no perder poder adquisitivo.

Así, Vinuesa y Escribano detallan que “en el ámbito dese incrementa la reducción por rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros, lo que supone una buena noticia para las economías familiares”.

Sin embargo, “con los precios de la energía y el IPC desbocados no se comprende que el mínimo personal (es decir, la parte de la renta por la que no se tributa por estar destinada a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares) se siga manteniendo en tan solo 5.550 euros anuales, y que tampoco se incrementen los mínimos por descendientes cuando el año 2022 es, hasta la fecha, el año con la tasa de natalidad más baja de toda la serie histórica desde 1941”

Estos juristas indican que bajar la tributación a rentas de 21.000 euros tiene un efecto relativo porque deja fuera a muchos de los contribuyentes. El 52% de la recaudación está en rentas entre 22.000 a 60.000 euros. La rebaja afecta a las 60% de recaudaciones presentadas, muchos de estos declarantes no pagan. Si rebajas sobre cero no rebajas nada”.

Por su parte, Morera aclara que “esa bajada de impuestos supone una merma de 3.000 millones que se pretende cubrir con la subida del Impuesto de Sociedades a los grupos en consolidación que no podrán compensar sus bases imponibles más allá del 50 por ciento”.

En medio de este escenario este jurista señala que “hay una gran clase media, aquella que gane más de 21.000 euros, que no le tocan los impuestos. La clase media española es la gran olvidada de estos cambios normativos. De hecho, al no deflactarse el IRPF van a pagar más impuestos”.

Sobre la deflactación este experto señala que “hay países que deflactan tarifas automáticamente porque es el elemento que permite compensar los costes de la vida. Debería deflactarse y posiblemente no se debería hacer igual en todos los tramos del IRPF, pero si tenerlo en cuenta para esos contribuyentes intermedios”.

Morera cree que “no se toca a ese colectivo porque costaría mucho dinero también. Esto hace de la reforma un parche sin vocación estratégica. Nuestro país está acostumbrado a realizar reformas y contrarreformas en el sentido contrario y eso no es bueno para la estabilidad y la inversión”.

Por su parte, Sanchez Llibre, en nombre de la clase empresarial, también ha pedido al Gobierno que deflacte la tarifa de la renta de todas las personas físicas en España porque no tiene sentido que se recaude por la inflación alrededor de más de 32.000 millones de euros y que estos impuestos no reviertan al consumidor: “Lo que tendría que hacer el Gobierno es deflactar el IRPF de todas las personas físicas, de todo el mundo. Esta sería una medida positiva y objetiva”, advierte.

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