Gobernar la IA para transformar de verdad la Administración Pública

El sector público español vive un momento de inflexión. La inteligencia artificial (IA) no es ya una promesa futurista: es una realidad que puede redefinir la manera en que interactuamos con la Administración. Procesos más simples, trámites más ágiles, ahorro de costes y servicios personalizados para la ciudadanía. La oportunidad es enorme, pero también lo es el desafío.

Lo decisivo no será solo la tecnología, sino cómo la gobernamos.

Del procedimiento administrativo al procedimiento algorítmico

Hay quienes sostienen que un algoritmo utilizado por la Administración es, en sí mismo, un procedimiento administrativo. Y si el procedimiento administrativo está sujeto a reglas de transparencia, plazos, recursos y garantías, ¿por qué no pensar en un procedimiento específico para la elaboración de algoritmos y modelos cuando vayan a ser usados por lo público?

Regular no debería entenderse como freno a la innovación, sino como marco de confianza. Igual que la Ley 39/2015 ordena cómo debe actuar la Administración, podríamos imaginar un “Reglamento del Procedimiento Algorítmico” que defina cómo diseñar, auditar y actualizar los modelos de IA aplicados a servicios públicos.

Un antídoto frente al desbordamiento administrativo

La IA no solo es un reto, también una solución frente a la saturación. En los próximos años, la Administración recibirá un volumen creciente de escritos y solicitudes, muchos generados gracias a herramientas de IA.

La paradoja es clara: solo con IA se podrá responder al efecto de la propia IA. Modelos capaces de clasificar, agrupar o priorizar solicitudes pueden agilizar la tramitación y evitar colapsos. Y siempre quedará la supervisión humana en los recursos de reposición o en instancias superiores, reafirmando la seguridad jurídica.

Equidad territorial: la oportunidad rural

La IA tiene el poder de acercar servicios públicos a lo rural, donde las oficinas y funcionarios son escasos. Un sistema bien gobernado puede:

• Atender consultas básicas.
• Facilitar trámites iniciales.
• Apoyar a los funcionarios locales, liberándolos de cargas repetitivas.

No se trata de sustituir personas, sino de multiplicar su alcance y garantizar igualdad de acceso sin importar el código postal.

(Imagen: E&J)

Extranjería y asilo: IA para garantizar derechos

Uno de los ámbitos donde la Administración Pública afronta mayores desafíos es en extranjería y asilo. La saturación en extranjería y asilo no está en la decisión de fondo —que corresponde siempre a autoridades humanas—, sino en la gestión inicial: recoger solicitudes, registrar documentación, dar información básica y mantener los expedientes al día. Esa sobrecarga genera demoras que afectan directamente a los derechos de las personas solicitantes.

La IA, usada con gobernanza sólida, puede:

• Facilitar información del proceso y los trámites en cualquier idioma, presentada de forma clara, sencilla y entendible para cada persona solicitante, evitando la jerga administrativa que muchas veces se convierte en una barrera de acceso.

• Clasificar y priorizar expedientes según criterios de urgencia (menores, víctimas de trata, situaciones de vulnerabilidad).
• Apoyar en traducción automática y multilingüe, garantizando que cada persona acceda a la información en su propio idioma.
• Automatizar la gestión documental (digitalización, organización, verificación de formatos), liberando tiempo para que los instructores se centren en lo esencial: la valoración jurídica y humana.

• Apoyar a los instructores de expedientes, liberándolos de cargas mecánicas para que puedan centrarse en la valoración humana y jurídica del caso.

La clave está en entender la IA no como sustituto de la deliberación, sino como herramienta que garantiza que nadie quede sin respuesta por saturación administrativa —porque una respuesta que no llega, o que llega demasiado tarde, impide además el acceso efectivo a otros derechos fundamentales al no poder documentar su situación. En materia de asilo, donde están en juego derechos fundamentales, la IA puede convertirse en garantía de equidad procesal: acelerar lo rutinario para proteger lo esencial.

Administrar información, no decidir por las personas

La Administración administra: procesa datos, aplica normas, coordina recursos. No toma decisiones últimas de forma arbitraria o por criterios improvisados.

Un modelo de IA puede ser útil en ese rol: organizar y predecir con rigor, ofreciendo a los decisores humanos información más clara, completa y ordenada. En extranjería y asilo, esa función es crítica: la decisión final debe ser siempre humana, pero la IA puede asegurar que los hechos relevantes estén sobre la mesa.

Gobernanza como condición de éxito

Un despliegue responsable exige un marco de gobernanza sólido:

• Procedimientos claros para diseñar y auditar algoritmos.
• Supervisión continua y revisión humana en puntos críticos.
• Transparencia frente a la ciudadanía sobre cómo se usan los modelos.
• Coordinación con el AI Act europeo, el RGPD y la Directiva NIS2.

El ejemplo de la Oficina Técnica de Impulso de la Inteligencia Artificial en la Comunidad de Madrid es un primer paso. Centralizar esfuerzos, priorizar casos de uso y desplegar la IA con propósito público es lo que permitirá pasar de la experimentación a la transformación.

Conclusión

La IA en la Administración no debe verse como una amenaza a la humanidad, sino como una palanca de eficiencia y equidad. Puede aliviar la carga de funcionarios, responder a demandas crecientes, acercar servicios a territorios olvidados y, muy especialmente, garantizar derechos en ámbitos tan sensibles como la extranjería y el asilo.

La cuestión no es si debe usarse, sino cómo gobernarla: como un simple software o como un verdadero procedimiento público, sujeto a transparencia y control.

Porque lo público se sostiene sobre la confianza, y solo un uso serio, legítimo y bien gobernado de la IA podrá permitir una transformación real y justa de nuestra Administración Pública que no deje a nadie atrás.