Jubilación reversible: el antídoto del Gobierno para salvar el sistema público de pensiones

España lleva más de tres décadas debatiendo cómo garantizar la sostenibilidad de su sistema público de pensiones. No es un asunto menor, dado que afecta a millones de trabajadores, condiciona el gasto público y, en definitiva, define la calidad de vida de la población en una sociedad que vive cada vez más años. La última propuesta del Gobierno, la llamada jubilación reversible, es un paso más en ese camino. Y, aunque no resuelve por sí sola los grandes déficits del sistema, a mi juicio merece ser reconocida como un avance necesario.

Vamos al grano. ¿Qué significa nueva “jubilación reversible”? En esencia, supone que una persona ya jubilada pueda volver al trabajo, de manera voluntaria, tras un periodo mínimo de seis meses, sin perder su pensión. No se trata de regresar a una jornada completa, sino de trabajar entre el 40 % y el 80 % de la jornada habitual. A cambio, se ofrecen incentivos más incentivadores: un 10 % adicional de pensión si se trabaja en la franja más baja (40–60 %), y un 20 % si se trabaja en la franja alta (60–80 %). Por primera vez, esta fórmula incluye también a los autónomos, un colectivo especialmente vulnerable en materia de pensiones porque a menudo han cotizado por bases reducidas.

Conviene aclarar que en España ya existe desde hace años una figura similar, que es la jubilación flexible. Esta modalidad permite compatibilizar una pensión con un contrato a tiempo parcial, de forma que la pensión se reduce proporcionalmente a la jornada trabajada y se recalcula después cuando el trabajador se retira definitivamente. La diferencia principal con la propuesta de jubilación reversible no está tanto en su finalidad —pues ambas permiten compatibilizar pensión y trabajo parcial—, sino en el modo en que se presenta públicamente.

La jubilación flexible es una realidad normativa consolidada, mientras que la reversible aún es un proyecto de reforma en tramitación. Bajo mi punto de vista, más que una innovación sustantiva, lo que busca el Gobierno al renombrar y redefinir la figura es “etiquetar” la idea de manera más atractiva, ofreciendo además bonificaciones del 10 % o del 20 % sobre la pensión para hacerla más llamativa y conseguir que tenga un uso mucho mayor al escaso que ha tenido hasta ahora la jubilación flexible.

El Gobierno calcula que unas 30.000 personas podrían acogerse en los próximos cinco años. No parece mucho si lo comparamos con el volumen de jubilaciones que se producen cada año, pero es una cifra significativa para evaluar el impacto de una medida que busca tanto aliviar la presión financiera de la Seguridad Social como dar flexibilidad a los jubilados. Según estimaciones oficiales, el ahorro para el sistema rondaría entre 185 y 285 millones de euros al año.

Hace ya algo más de un año, en julio del 2024, se llegó a un acuerdo para la reforma de las pensiones y de la jubilación para compaginarla con un trabajo. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Debate sobre la sociedad española

Más allá de las cifras, lo interesante es que esta medida responde a un debate de fondo, cómo gestionar el envejecimiento de la sociedad española. Vivimos más y mejor, y eso es una buena noticia. Pero también implica que el gasto en pensiones se dispara. La Estrategia España 2050 proyecta que, de aquí a mediados de siglo, el gasto en pensiones contributivas podría alcanzar entre el 15 % y el 17 % del PIB, frente al 10,8 % que suponía en 2019. Es un salto de entre cuatro y cinco puntos, que ningún sistema de reparto puede absorber sin ajustes.

Además, la tasa de dependencia —la relación entre trabajadores activos y jubilados— se reducirá drásticamente, de 3,4 personas en edad de trabajar por cada mayor de 64 años hoy, a apenas 1,7 en 2050 (España 2050, cap. Demografía). Dicho de otra manera: tendremos la mitad de cotizantes para sostener a cada pensionista.

Frente a esta realidad, el Pacto de Toledo lleva años insistiendo en la necesidad de acercar la edad real de jubilación a la edad legal, fomentar la jubilación activa y permitir trayectorias más flexibles. El problema es que, hasta ahora, las modalidades de jubilación activa o flexible tenían poco atractivo. Pocos jubilados se acogían a ellas porque las condiciones eran poco ventajosas. La jubilación reversible corrige ese defecto al ofrecer incentivos claros, pero bajo mi punto de vista, sigue siendo insuficiente.

La medida también responde a realidades sociales diversas. Hay trabajadores que, tras 35 o 40 años cotizando, desean jubilarse y disfrutar de su tiempo. Pero hay otros que sienten que su vida laboral no está acabada, que quieren seguir aportando o que, simplemente, necesitan complementar una pensión insuficiente. También hay directivos y profesionales con patrimonios altos que ven en seguir trabajando más un modo de mantenerse activos que de mejorar su pensión. La jubilación reversible permite canalizar todas estas situaciones de forma ordenada.

Por supuesto, no podemos caer en el triunfalismo. El impacto financiero será limitado. Como advierte la AIReF, el gasto en pensiones crecerá de forma inevitable: unos 3,4 puntos de PIB hasta 2050, alcanzando el 16,1 % del PIB. Para cuadrar las cuentas harían falta unos 32.000 millones de euros adicionales al año, vía transferencias del Estado. El Banco de España reconoce que, en el corto plazo, la reforma actual cumple los compromisos europeos, pero advierte de riesgos de sostenibilidad a medio y largo plazo. Y los análisis de Fedea calculan que las medidas de alargamiento de la vida laboral solo supondrán un ahorro neto equivalente a medio punto del PIB, insuficiente frente al desafío (De la Fuente, 2024).

Es decir, que la jubilación reversible ayudará, pero no resolverá el problema de fondo. Y ese problema no es solo económico, sino también político y social. Porque detrás de cada reforma de pensiones hay una cuestión de equidad intergeneracional: ¿Hasta qué punto los trabajadores de hoy deben cargar con el coste de las jubilaciones del futuro? ¿Cómo garantizar que el sistema sea justo y sostenible para todos?

En este punto conviene reconocer un mérito de la jubilación reversible, dado que cambia por completo la cultura del retiro. Nos invita a entender que jubilarse no tiene por qué ser un salto brusco de la plena actividad a la inactividad total. Puede ser un proceso gradual, reversible, adaptado a la salud, a las necesidades y a las motivaciones de cada persona. Y eso es coherente con la idea de un envejecimiento activo, que la Estrategia España 2050 identifica como una de las grandes transformaciones sociales del futuro.

No obstante, para que tenga éxito, la medida necesitará ir acompañada de políticas complementarias, por ejemplo, que las empresas estén dispuestas a contratar al talento sénior, programas de formación y adaptación de puestos de trabajo, incentivos a la productividad y, sobre todo, una narrativa que evite que esta medida sea percibida como un “castigo” o una obligación encubierta. La jubilación reversible debe ser siempre una opción libre y ventajosa, no un parche para tapar el déficit del sistema.

En definitiva, tal y como he mencionado, el Gobierno acierta al abrir esta puerta. Reconoce la diversidad de trayectorias vitales, aporta flexibilidad, suma sostenibilidad y, sobre todo, coloca en el debate público una idea clave, y es que la jubilación en una sociedad longeva debe ser un proceso flexible y reversible. Pero no debemos engañarnos, pues el gran desafío sigue ahí y es mucho más transversal. La sostenibilidad de las pensiones exigirá reformas más amplias que toquen más empleo de calidad, más productividad, mayor participación de mujeres y jóvenes, atracción de inmigración, impulso a planes de ahorro complementarios y, probablemente, ajustes adicionales en la edad y el cálculo de las pensiones.

La jubilación reversible es, en este contexto, una buena noticia. Es una pieza más en un puzle complejo. No es la solución definitiva, pero sí un gesto político y social que apunta en la dirección correcta. Si viene acompañada de una estrategia global y sostenida, podremos mirar a 2050 con más optimismo. Si se queda en una medida aislada, será un alivio parcial y efímero. La pelota está, de nuevo, en el tejado de los legisladores.