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La fuerza mayor y la cláusula “rebus sic stantibus” en La Palma

Más allá de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, existen otras cuestiones más interesantes: lo referido a los contratos dejados de cumplir y, por otro lado, con el resarcimiento de los daños provocados por la lava

Letrado de la Administración de Justicia

Tiempo de lectura: 6 min



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La fuerza mayor y la cláusula “rebus sic stantibus” en La Palma

Más allá de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, existen otras cuestiones más interesantes: lo referido a los contratos dejados de cumplir y, por otro lado, con el resarcimiento de los daños provocados por la lava



La erupción volcánica en La Palma está provocando un reguero destructivo en numerosas zonas de la isla, en las que se están quemando terrenos, casas y establecimientos que forman partes esenciales de la vida de sus habitantes, a causa de un fenómeno natural del que poco cabe alegrarse, por mucho que pueda ayudar al turismo, pues lo que se gana por ese lado se pierde con el derribo de años de recuerdos y emociones y de posibilidades para el futuro.

Pedro Sánchez, visitando la isla de La Palma tras la catástrofe (Foto: Moncloa)



No hay duda alguna de que las erupciones volcánicas constituyen una fuerza mayor a efectos de exonerar de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones por el artículo 1105 del Código Civil. A este respecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 6 de octubre de 2011 afirma que la fuerza mayor que menciona el artículo 1105 del Código Civil, es la que actúa imponiendo inevitablemente el resultado dañoso ocasionado. Para que pueda estimarse la existencia de una fuerza mayor, como causa de exoneración de la responsabilidad civil, es preciso que:

  • a) se trate de un hecho o acontecimiento independiente de la voluntad del agente causante y, por tanto, no imputable a él, siendo cierto que ha de tratarse de una fuerza superior a todo control y previsión y que excluya toda intervención de culpa y el evento decisivo debe proceder exclusivamente de un acaecimiento impuesto y no previsto ni previsible o si se hubiese previsto que resulte insuperable e inevitable por su ajenidad y sin intervención de culpa alguna el agente demandado;
  • b) el acontecimiento debe ser, o bien imprevisto e imprevisible, o bien previsto pero inevitable, resultando indispensable que se halle dentro de la normal previsión que las circunstancias exigen en el caso de que se trate es, pues, requisito esencial para la aparición de estas causas que provocan la rotura del nexo causal;
  • c) entre el mencionado acontecimiento y el subsiguiente evento dañoso debe existir un necesario vínculo de causalidad, sin que intervenga en esta relación como factor apreciable la actividad, dolosa o culposa, del agente; y
  • d) debe probarse el evento de una forma cumplida y satisfactoria.

En relación con este asunto, debe atenderse a las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2006, de 20 de julio de 2000, de 24 de diciembre de 1999, de 28 de diciembre de 1997, de 15 de diciembre de 1996, de 2 de abril de 1996, de 31 de marzo de 1995 y la de 28 de marzo de 1994, entre otras muchas, que deben acompañarse con la idea por la que, según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 21 de diciembre de 2011, la fuerza mayor ha de consistir en una fuerza superior a todo control y previsión, y para ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una posibilidad de orden práctico.

Resulta interesante una cuestión que se plantea en un artículo publicado en Economist & Jurist con el título “¿Cabe plantear responsabilidad patrimonial por el desastre volcánico en La Palma?”, en el que se sugiere la posible existencia de responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de adopción de medidas para prevenir los daños, pues se afirma en el texto que “la previsibilidad del riesgo en ese caso fue advertida con carácter previo y por escrito por los técnicos, rebatiendo el argumento entonces de los demandados de que se trató de un evento no previsible”, concluyendo que “nuestros gobernantes no eligen las cartas -a veces catastróficas como aquí sucede-, pero si el modo de jugarlas -en este caso adoptando las medidas precautorios lógicas, diligentes y necesarias para evitar daños personales y materiales en una situación que se tornaba más que previsible-”. Sin embargo, en el sentido del artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se puede decir que existe una fuerza mayor que excluye la responsabilidad patrimonial del Estado, pues, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1076/2006, de 23 de mayo, expresa que “La fuerza mayor se define como «aquel suceso que está fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto no fuera inevitable, que haya causado un daño material y directo que exceda visiblemente los accidentes propios del curso normal de la vida por la importancia y trascendencia de la manifestación» (STS de 15.2.68 [RJ 1968\1082 ])”, siendo cierto que “en la STS de 11.7.95 (RJ 1995\5632 ), se define la fuerza mayor «por dos notas fundamentales, cuales el ser una cosa extraña exterior al objeto dañoso y a sus riesgos propios, imprevisible en su producción y absolutamente irresistible o inevitable, aún en el supuesto de que hubiera podido ser prevista»”. Aunque se podía prever hace unas semanas lo que iba a suceder con la erupción, ya resultaba inevitable que se pudieran destruir las numerosas viviendas que ya han desaparecido.

Para los particulares, más allá de los asuntos que se refieren a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por no haber actuado de una manera más adecuada, existen otras cuestiones más interesantes. Por un lado, lo referido a los contratos dejados de cumplir y, por otro lado, con el resarcimiento de los daños provocados por la lava.

En el plano contractual, la cesación de comportamientos dirigidos al cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato no conllevará consecuencias por el artículo 1105 del Código Civil. Asimismo, se podría tener presente la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, sobre la que la Sentencia del Tribunal Supremo 820/2013, de 17 de enero, trata de solucionar los problemas derivados de una alteración sobrevenida de la situación existente o circunstancias concurrentes al tiempo de la celebración del contrato, cuando la alteración sea tan acusada que aumente extraordinariamente la onerosidad o coste de las prestaciones de una de las partes o bien acabe frustrando el propio fin del contrato, debiendo destacarse que la aplicación de esa regla permite, según la Sentencia del Tribunal Supremo 518/2002, de 27 de mayo, que se pueda pedir la revisión o resolución o hasta la suspensión de los contratos, algo muy útil para los contratos que generen obligaciones periódicas, como el contrato de préstamo. La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1991 destaca que la doctrina ha examinado la dificultad extraordinaria sobrevenida en el cumplimiento de la obligación al igual que lo ha hecho la jurisprudencia, al tratar de la posibilidad de construir dentro de nuestro Derecho vigente la cláusula rebus sic stantibus como medio de establecer equitativamente el equilibrio de las prestaciones, flexibilizando, por tanto, las condiciones del contrato. Para poder aplicar la regla “rebus sic stantibus”, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1984, se necesita: a) que entre las circunstancias existentes en el momento de cumplimiento del contrato y las concurrentes al celebrarlo se haya producido una alteración extraordinaria; b) que como consecuencia de dicha alteración resulte una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones convenidas; c) que ello se haya producido por sobrevenencia de circunstancias realmente imprevisibles; d) que se carezca de otro medio para subsanar el referido desequilibrio patrimonial producido; y e) que exista compatibilidad de su planteamiento con la sujeción a las consecuencias de la buena fe que impone el artículo 1258 del Código Civil, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 336/2009, de 21 de mayo.

Entrada del Consorcio de Compensación de Seguros, en Paseo de la Castellana (Foto: CCS)

En el plano de los daños que muchos están sufriendo por la lava, hay que decir que se podrán ver resarcidos mediante la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros, que es, a tenor del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, una entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dotada de patrimonio distinto al del Estado, que ajustará su actividad al ordenamiento jurídico privado. En materia de riesgos extraordinarios, tiene por objeto indemnizar las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados y los daños personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el asegurado de la póliza tenga su residencia habitual en España. El problema es que la indemnización solo corresponderá a los asegurados que hayan satisfecho los correspondientes recargos en favor de aquél, siempre que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio no esté amparado por póliza de seguro o que, aun estando amparado por póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o que, hallándose en una situación de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o esta hubiera sido asumida por el propio Consorcio.

La insuficiencia de los mecanismos de aseguramiento del Consorcio de Compensación de Seguros tendrán que compensados necesariamente por el Estado a través de la declaración de zona catastrófica en La Palma y de una fuerte instalación de medidas administrativas que puedan ayudar, de manera efectiva y eficiente, a lograr el establecimiento de una situación que pueda ser equivalente a la que existiría en el caso de no haberse producido la erupción, no debiendo olvidarse que habrá que ir aprovechando de la mejor manera posible los recursos disponibles.

El ser humano aprende, a partir de eventos como el acaecido con la erupción en La Palma, que la naturaleza puede provocar situaciones imposibles de combatir por su potencia. Ello genera frustración por razones muy sencillas, ya que los efectos de fenómenos naturales como las erupciones volcánicas son imposibles de revertir, aunque, por medio del aseguramiento civil y de la intervención administrativa, deben realizarse las actuaciones necesarias para poder paliar sus consecuencias más nefastas.

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