La importancia de la cadena de custodia de los vestigios en Urda

Introducción a la búsqueda de restos como imperativo judicial y humano

La magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, dictó una providencia en la que requería de forma urgente a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe para que dispusiera de todos los operarios necesarios y estableciera los turnos precisos para continuar de manera ininterrumpida con las labores de retirada de vagones en la zona del siniestro ferroviario de Urda. La orden respondía a la necesidad de localizar todos los posibles restos que todavía podían hallarse entre los hierros retorcidos, con el objetivo último de entregarlos cuanto antes a las familias de las personas fallecidas.

La decisión, adoptada después de que la falta de personal obligara a suspender los trabajos durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, revela que la investigación judicial no se limita a determinar las causas del accidente, sino que asume también una dimensión de reparación y de dignidad hacia las víctimas. Y en ese contexto, la cadena de custodia de los vestigios se convierte en un elemento esencial que trasciende la mera técnica procesal.

Debe tenerse presente que la cadena de custodia es el conjunto de garantías que aseguran que los elementos de prueba recogidos en el lugar de los hechos no han sido alterados, manipulados o sustituidos desde su hallazgo hasta su presentación ante el tribunal. En un siniestro con múltiples víctimas mortales, como el de Urda, la cadena de custodia no solo protege la integridad de la prueba, sino que constituye el soporte material de la identificación de los fallecidos y de la entrega de sus restos a las familias. La orden de la jueza, al exigir la continuidad de los trabajos, no persigue únicamente acelerar la retirada de los vagones, sino garantizar que ningún vestigio quede sin recoger, sin documentar o sin custodiar.

La cadena de custodia en la investigación de siniestros con múltiples víctimas

La investigación de una catástrofe ferroviaria plantea dificultades que no se presentan en los delitos ordinarios. El escenario es vasto, los restos están dispersos entre estructuras metálicas de gran tonelaje y la identificación de las víctimas exige la coordinación de equipos forenses, policiales y judiciales. En ese contexto, la cadena de custodia debe extremarse porque cualquier error en la recogida, el embalaje, el transporte o la conservación de los vestigios puede comprometer irremediablemente la prueba y, con ella, la verdad procesal. La orden de la jueza de Orgaz, al requerir turnos ininterrumpidos, evita que la falta de operarios obligue a paralizar los trabajos y que, como consecuencia de esa paralización, algún resto quede sin la debida protección o se deteriore por las condiciones meteorológicas o por el simple transcurso del tiempo.

Hay que reseñar que la cadena de custodia no es solo un requisito formal, sino una garantía constitucional que se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva y con la presunción de inocencia. Si la prueba se contamina, el tribunal no puede valorarla y el proceso pierde fiabilidad. Pero en un caso como el de Urda, la cadena de custodia tiene además una dimensión humana que no puede ignorarse: los restos humanos no son simples objetos de prueba, sino los cuerpos de personas cuyas familias esperan una respuesta. La demora en la recogida o en la identificación prolonga el sufrimiento de los allegados y añade un elemento de crueldad innecesaria a una tragedia ya de por sí devastadora. La orden judicial, al exigir celeridad y continuidad, trata de evitar ese sufrimiento añadido.

(Imagen: RTVE)

La continuidad de los trabajos como garantía de preservación

La decisión de la jueza de requerir a la empresa de grúas para que disponga de operarios de forma ininterrumpida no es una medida arbitraria ni caprichosa. Responde a una necesidad técnica y jurídica: la retirada de los vagones debe realizarse sin pausas para evitar que los restos que se encuentren bajo los mismos queden expuestos a la intemperie, a la curiosidad de terceros o a la pérdida de condiciones de conservación. La continuidad de los trabajos permite, además, que los equipos forenses puedan trabajar de manera coordinada y que cada vestigio sea documentado en el momento de su hallazgo, con la correspondiente fijación fotográfica, descripción y cadena de custodia.

La empresa contratada por Adif y Renfe no había previsto, al parecer, los turnos necesarios para mantener los trabajos durante la noche, y esa previsión insuficiente obligó a suspender las labores. La jueza, al requerir de forma urgente la habilitación de los turnos precisos, estaba corrigiendo esa carencia y garantizando que la cadena de custodia no se rompiera por razones organizativas. Se colige de ello que la cadena de custodia no depende solo de la diligencia de los investigadores, sino también de la planificación de los medios materiales y humanos que se ponen a disposición de la investigación. Y esa planificación es responsabilidad de las administraciones y de las empresas contratadas.

La prohibición de difundir imágenes como extensión de la cadena de custodia

El auto dictado por la misma jueza prohíbe obtener, divulgar o publicar información o imágenes de las víctimas y sus familiares, con el objetivo de preservar su intimidad, integridad y dignidad y evitar situaciones de revictimización. La medida, aunque no se refiere estrictamente a la cadena de custodia de los vestigios materiales, forma parte de la misma lógica de protección: la investigación judicial no puede convertirse en un espectáculo mediático que vulnere los derechos de quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. La prohibición no impide, sin embargo, divulgar los datos necesarios para identificar a las víctimas cuando esa información sea precisa para facilitar las tareas de identificación. La excepción es razonable y demuestra que la jueza ha ponderado los intereses en conflicto.

Considero que esta medida tiene una relación directa con la cadena de custodia en un sentido amplio. Las imágenes de las víctimas, de sus restos o de sus familiares pueden convertirse, si se difunden sin control, en un elemento que contamine la investigación o que vulnere la dignidad de las personas afectadas. La cadena de custodia no protege solo los objetos, sino también la información asociada a ellos y el contexto en el que se produce la investigación. La prohibición de difundir imágenes es, en este sentido, una extensión de la cadena de custodia que garantiza que la investigación se desarrolle en un entorno de respeto a los derechos fundamentales.

(Imagen: E&J)

El secreto de sumario y la preservación de la prueba

El procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Urda continúa bajo secreto de sumario. Esa decisión, adoptada por la jueza instructora, tiene por objeto preservar la investigación y evitar que la difusión de información pueda comprometer la cadena de custodia o la valoración de la prueba. El secreto de sumario es una medida excepcional que debe estar motivada y que debe tener una duración limitada, pero en un caso como el de Urda, con múltiples víctimas y una investigación compleja, la reserva de las actuaciones resulta comprensible. La cadena de custodia se protege también mediante el control de la información: si los detalles de la investigación se filtran a los medios, los testigos pueden verse influenciados, los peritos pueden recibir presiones y los responsables pueden adoptar medidas para ocultar pruebas.

Hay que reseñar que el secreto de sumario no es incompatible con el derecho a la información ni con el derecho de las familias a conocer el estado de la investigación. La jueza ha dictado órdenes que permiten la identificación de las víctimas y la entrega de los restos, y ha prohibido la difusión de imágenes que vulneren su intimidad. La ponderación entre el secreto y la transparencia es delicada, pero la cadena de custodia exige que la información se maneje con cautela para no comprometer la investigación. Y esa cautela es especialmente relevante en un caso en el que la causa del accidente aún no se ha determinado.

Reflexiones finales sobre una cadena que une verdad y dignidad

La cadena de custodia de los vestigios en Urda no es una cuestión menor. Es la garantía de que la investigación judicial se desarrollará sobre bases sólidas y de que las familias de las víctimas podrán recibir sus restos con la dignidad que merecen.

Debe destacarse que la orden de la jueza de Orgaz, al requerir la continuidad de los trabajos y al prohibir la difusión de imágenes, demuestra que la cadena de custodia no es solo una técnica procesal, sino una expresión del compromiso del Estado con la verdad y con los derechos de las personas. La cadena de custodia une la verdad procesal con la dignidad humana. Y en un caso como el de Urda, esa unión es más necesaria que nunca.