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Artículos jurídicos

La obligada cooperación internacional en materia de trata de seres humanos



I. Introducción

La trata de personas es un delito con trascendencia global que vulnera los derechos fundamentales de mujeres, hombres, y menores de edad. Supone una grave violación de la dignidad y la libertad de la persona. Con carácter general podemos indicar que, entre otros, los Estados Centroamericanos y del Caribe son territorios de origen, tránsito y destino de víctimas. El problema radica en la falta de seguridad en las fronteras, que facilita el paso de estas víctimas procedentes de distintas nacionalidades por estas regiones. Es por ello, por lo que se han iniciado importantes esfuerzos para prevenir y combatir estos delitos mediante la cooperación internacional de los Estados.

La lucha conducente a minimizar el impacto de esta forma de esclavitud del siglo XXI, que supone una importante lacra, requiere, por un lado, una visión multilateral, dado su marcado carácter transnacional, que refuerce la cooperación entre los países de destino de las víctimas (desarrollados) y los de origen (en vías de desarrollo); y, por otro, a nivel nacional, requiere que los distintos actores involucrados aumenten su coordinación.





La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal -órgano principal del sistema de las Naciones Unidas para formular políticas y recomendaciones sobre cuestiones de la justicia penal, incluida la trata de seres humanos- ha encargado a la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, siglas en inglés) la función de promover la ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y de dotar de asistencia técnica a los Estados que forman parte para su completa implementación en el marco de la Ley.





En este protocolo se concretan sus líneas de acción o el fin que se persigue:

  • prevenir y combatir la trata de personas;
  • proteger y asistir a las victimas respetando sus derechos fundamentales;
  • promover la cooperación internacional entre los estados miembros y terceros con el fin de alcanzar los objetivos.

 

II.  Concepto de Trata de Personas

El Protocolo de Palermo recoge la definición de la trata de personas, consensuada internacionalmente, poniendo de manifiesto el grave atentado contra los derechos humanos, y exige la incorporación de la lucha contra la trata de personas en la agenda política. Además, frente a otros enfoques basados en la lucha contra la criminalidad y el control migratorio que los gobiernos habían venido adoptando hasta ese momento, enmarca en la responsabilidad de los gobiernos para hacer frente a la trata de seres humanos la prevención, protección, asistencia y reparación de las víctimas.

Las causas origen de la trata son diversas y difieren de un país a otro. Las personas desfavorecidas buscan una vida mejor en otra parte, esto hace que a menudo puedan caer en manos de delincuentes que se valen de sus circunstancias y las explotan.

Hay varios factores que incitan a las personas a buscar una mejor vida: dificultades económicas, conflictos, delincuencia, desastres naturales y otros factores adversos…. En muchas sociedades existe discriminación basada en el sexo, pues las niñas son menos valoradas y se espera de ellas, no que estudien, sino que asuman responsabilidades domésticas, como el cuidado de sus familiares. Esta discriminación las hace más vulnerables a la trata. Otros factores que posibilitan la trata de personas son las fronteras permeables, la existencia de grupos o redes de la delincuencia organizada internacional, los funcionarios públicos corruptos, la falta de una legislación adecuada, y las negligencias políticas a la hora de aplicar las normas.

El artículo 177 bis de nuestro Código Penal impone la pena de prisión de cinco a ocho años como reo de trata de seres humanos “el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: a)La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; b)La explotación sexual, incluyendo la pornografía; c)La explotación para realizar actividades delictivas; d)La extracción de sus órganos corporales; e)La celebración de matrimonios forzados. Se considerará, además, trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación”.

En este concepto a nivel nacional destaca el hecho de que el consentimiento de la víctima de trata de seres humanos es irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados anteriormente (violencia, intimidación o engaño; o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera; o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios).

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