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Artículos

La regulación de la propiedad intelectual impide que la cultura esté al alcance de todos

"El verdadero problema de la gente que obtiene las obras creadas de manera irregular reside en la dificultad para acceder al desarrollo cultural"

(Foto: E&J)

Redacción editorial E&J

Tiempo de lectura: 3 min



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La regulación de la propiedad intelectual impide que la cultura esté al alcance de todos

"El verdadero problema de la gente que obtiene las obras creadas de manera irregular reside en la dificultad para acceder al desarrollo cultural"

(Foto: E&J)



Bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son necesarios para otorgar el reconocimiento y la recompensación económica a los autores de las obras ya que la sociedad se va a beneficiar de esas creaciones, pero ¿las penas impuestas para los delitos de esta índole no son demasiado exageradas?

La cuestión de la propiedad intelectual ha sido durante muchos años una materia que ha inquietado a los políticos españoles y a los propios creadores, quienes buscaban un resguardo legal para sus obras. En la actualidad, los derechos de autor y la propiedad intelectual están regidos en la normativa española por la Ley 23/2006 de Propiedad Intelectual (LPI), que modificaba el anterior Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril.



Sin embargo, el avance y desarrollo tecnológico, así como el incremento de contenidos que ofrece Internet a los usuarios, llevó al Ejecutivo a modificar la LPI, ya que se había quedado obsoleta por la falta de marco jurídico en la regulación de los materiales online.

«La cantidad que se pide a los consumidores para poder obtenerlas es demasiada elevada» (Foto: E&J)

El cambio llegó el 4 de noviembre de 2014 con la aprobación de la Ley 21/2014, fijando los límites de los contenidos de internet y de los propios usuarios. Siete años más tarde se volvió a elaborar una nueva normativa sobre los derechos de autor y afines en el mercado digital. Hablamos del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.

El fin de las recientes medidas tomadas es adaptar, de nuevo, el ordenamiento jurídico al desarrollo de las tecnologías y de Internet. En el libro cuarto del citado cuerpo legislativo se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, entre otras cuestiones, modificando directivas existentes vinculadas a la Constitución Española.  Se busca que los ciudadanos europeos accedan de forma segura a los contenidos de internet, principalmente a contenidos educativos, a la vez que se regula de manera correcta y equitativa el mercado de los derechos de autor.

El Código Penal recoge que las penas impuestas a quienes atenten contra derechos relativos a la propiedad intelectual serán de prisión entre seis meses y cuatro años, más la correspondiente sanción administrativa. Puede parecer que la pena impuesta es ponderada, pero podremos cambiar de opinión si conocemos, por ejemplo, las penas aparejadas al delito de robo, que no podrán superar los tres años (art. 240 C.P.).

La llegada de internet ha abierto miles, millones, de posibilidades a los internautas para que puedan acceder y consumir información que de otra manera les hubiese sido imposible. Pero bien, esa información a veces no es vertida a la web por los propios creadores, sino por personas anónimas con de fin de lucrarse económicamente a cambio del trabajo elaborado por otros.

La Justicia española, al igual que diferencia cuándo los contenidos a los que se accede en una página tienen un fin desinteresado más allá que el de ayudar a los demás a acceder a cierta información, y cuándo sí se hace con intereses económicos, también debería diferenciar la Comisión de representantes elegidos por el Ministerio para que salvaguarden los derechos de Propiedad Intelectual. Deberían tener en cuenta cuando se trata de una copia privada no infractora publicada sin coste alguno para los consumidores. De esta manera, se evitaría que se cerrasen páginas web que pese a ser ilegales, realizan un servicio a la sociedad.

El verdadero problema de la gente que obtiene las obras creadas de manera irregular reside en la dificultad para acceder al desarrollo cultural, laboral o de formación. Los motivos son diversos, desde la falta de stock, «descategorización» de los productos, falta de copias, etc., hasta la situación económica de cada persona.

Como ya se ha dicho, sí, los autores merecen una compensación económica por las obras creadas, pero a veces la cantidad que se pide a los consumidores para poder obtenerlas es demasiada elevada. No hay que olvidar que los derechos de autor son un pacto social con el que nosotros, como sociedad, premiamos a los autores para poder usar sus obras, para que los creadores sean reconocidos y no queden en el olvido, como le paso a Samuel Johnson.

Desde luego, las sanciones legales impuestas a las personas acusadas de cometer delitos contra la propiedad intelectual son demasiado altas. La cuestión es intentar valorar a precio real los productos que salen al mercado. Si se desea que las obras que han sido creadas con el fin de ser consumidas finalmente lo sean, habrá que facilitar a la ciudadanía el acceso a ellas.

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