La relación riesgo-recompensa para los okupas ante una buena oferta

La ocupación ilegal de inmuebles, conocida como «okupación», se ha convertido en un problema social y jurídico de creciente preocupación en España, especialmente cuando los ocupantes aprovechan su situación para actividades delictivas, como el tráfico de drogas, generando inseguridad en los barrios y un desafío para el sistema judicial. El caso del «hotel de los horrores» en el barrio madrileño de San Blas, reportado por Antena 3 Noticias el 30 de junio de 2025, ilustra esta problemática.

Este edificio abandonado, habitado por unas 200 personas, incluidas familias con niños, ha sido señalado por los vecinos como un foco de delincuencia y tráfico de drogas, lo que ha intensificado las tensiones en la comunidad. La reciente compra del inmueble por una empresa privada, que ofreció 15.000 euros a los ocupantes para que lo desalojen, pone de manifiesto la compleja relación riesgo-recompensa que enfrentan los okupas, pero también evidencia la inseguridad jurídica derivada de la falta de reglas procesales claras y de recursos suficientes para los juzgados.

Este artículo critica a aquellos ocupantes que se aprovechan de su situación para delinquir y analiza cómo la ausencia de un marco procesal robusto y medios adecuados para los tribunales exacerba el problema, afectando tanto a los propietarios como a los vecinos.

Manifestación de afectados por la ocupación: reclaman una ley que frene esta lacra. (Imagen: Plataforma Afectados por la Ocupación)

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El «hotel de los horrores» de San Blas, un edificio en condiciones deplorables con paredes desconchadas, sin mobiliario y lleno de pintadas, se ha convertido en un símbolo de la crisis de la okupación en España. Aunque algunos ocupantes, como familias con niños, pueden estar motivados por la necesidad de un refugio ante la falta de acceso a viviendas asequibles, la presencia de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, denunciada por los vecinos, pone en cuestión la legitimidad de sus acciones. Los residentes del barrio reportan un entorno marcado por la inseguridad, con toxicómanos, incluidos menores, en las calles, lo que ha generado una demanda urgente de soluciones. La oferta de 15.000 euros por parte de los nuevos propietarios del inmueble busca incentivar el desalojo voluntario, pero la resistencia de algunos ocupantes sugiere que ciertos sectores podrían estar explotando la situación para obtener beneficios económicos o mantener actividades ilícitas, lo que agrava la percepción negativa de la okupación como un fenómeno que vulnera los derechos de los demás.

Desde la perspectiva de los ocupantes que se involucran en actividades delictivas, la relación riesgo-recompensa está sesgada hacia la recompensa inmediata. El edificio ocupado les proporciona un espacio donde pueden operar con relativa impunidad, aprovechando la lentitud de los procesos judiciales de desalojo y la falta de recursos de los juzgados para actuar con celeridad. La oferta de 15.000 euros, aunque significativa, podría no ser suficiente para quienes ven en la okupación una oportunidad para actividades lucrativas como el tráfico de drogas, que les generan ingresos constantes sin la necesidad de abandonar el inmueble. Esta actitud, expresada por algunos ocupantes que no han aceptado la oferta, refleja una explotación deliberada de las debilidades del sistema legal, que no logra responder con eficacia a la ocupación ilegal. La declaración de un ocupante que afirmó estar dispuesto a irse por 15.000 euros contrasta con la de otro que priorizó proteger a su hijo de dormir en la calle, lo que evidencia la heterogeneidad de los motivos entre los okupas, pero también sugiere que algunos podrían estar utilizando argumentos de necesidad para justificar su permanencia mientras se benefician de actividades ilícitas.

La inseguridad jurídica derivada de la falta de reglas procesales claras y de medios suficientes para los juzgados es un factor clave que perpetúa este problema. La Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los procesos de desalojo, establece procedimientos que pueden prolongarse durante meses o incluso años debido a las garantías procesales otorgadas a los ocupantes, especialmente cuando hay menores involucrados. Precisamente, la falta de mecanismos ágiles para resolver estos casos genera una percepción de impunidad que alienta a algunos okupas a permanecer en los inmuebles, incluso ante ofertas económicas atractivas.

Los juzgados, desbordados por la carga de trabajo y con recursos limitados, enfrentan dificultades para tramitar con rapidez los procedimientos de desalojo. La activación de un dispositivo policial en San Blas, como se reportó, evidencia la necesidad de intervención estatal, pero también la insuficiencia de medidas preventivas que eviten la ocupación inicial de inmuebles abandonados. La falta de personal, infraestructura y presupuesto en los tribunales dificulta la aplicación efectiva de la legislación, lo que permite que los ocupantes prolonguen su estancia mientras los propietarios y los vecinos sufren las consecuencias. Esta inseguridad jurídica no solo afecta a los propietarios, que ven vulnerado su derecho de propiedad, sino también a los residentes de barrios como San Blas, que enfrentan un deterioro en su calidad de vida debido a la delincuencia asociada al edificio ocupado.

Los okupas irrumpen en las viviendas cuando menos te lo esperas; cambian la cerradura y es difícil echarles por vía judicial. (Imagen: E&J)

La conducta de los okupas que se aprovechan de estas lagunas legales para delinquir es particularmente reprobable. El tráfico de drogas y otras actividades ilícitas reportadas en el «hotel de los horrores» no solo perjudican a los vecinos, sino que también estigmatizan a todos los ocupantes, incluidos aquellos que, por necesidad genuina, buscan refugio en el inmueble. La presencia de familias con niños complica aún más el panorama, ya que las autoridades deben equilibrar la protección de los menores con la necesidad de restaurar el orden público. Sin embargo, quienes utilizan el edificio como base para actividades delictivas no solo violan el artículo 202 del Código Penal, que castiga la usurpación de bienes inmuebles, sino que también contribuyen a la erosión de la confianza en el sistema judicial, al explotar su lentitud y falta de recursos para mantener su situación.

Debe tenerse presente que la oferta de 15.000 euros por parte de los propietarios representa un intento pragmático de evitar los costos y las demoras de un proceso judicial, pero también pone en evidencia las limitaciones del sistema. Para los ocupantes que delinquen, esta suma podría no ser suficiente frente a los beneficios que obtienen de sus actividades ilícitas, lo que los lleva a rechazar la oferta o a negociar condiciones más favorables. Esta resistencia no solo frustra los esfuerzos de los propietarios, sino que también prolonga la inseguridad en el barrio, alimentando la percepción de que la okupación es un problema sin solución. La falta de políticas públicas que aborden el abandono de inmuebles y la escasez de viviendas asequibles agrava esta dinámica, ya que los okupas, incluso aquellos con intenciones delictivas, pueden justificar su permanencia alegando la ausencia de alternativas.

Desde una perspectiva social, la okupación plantea un desafío ético y legal: mientras algunos ocupantes actúan por necesidad, otros se aprovechan de la situación para perpetuar actividades delictivas, lo que genera un impacto desproporcionado en las comunidades afectadas. Los vecinos de San Blas, que exigen respeto a sus derechos y una solución urgente, son víctimas colaterales de un sistema judicial que no logra responder con eficacia. La inseguridad jurídica derivada de la falta de reglas procesales claras y de recursos suficientes para los juzgados permite que estas situaciones persistan, erosionando la confianza en las instituciones y perpetuando un ciclo de conflicto entre propietarios, ocupantes y residentes.