Connect with us

Artículos jurídicos

Las medidas cautelares en el orden Penal

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 10 min

Publicado

Por José Carlos Velasco Sánchez. Socio y J. Ignacio Fuster-Fabra Toapanta. Socio de Fuster-Fabra

 

Ya en Siglo I aC el escritor Publio Siro, antecedió lo que sería una máxima jurídica sobre las medidas cautelares en su cita “El hombre prudente se previene contra el futuro como si estuviese presente.”

 

Con el paso de los años hemos podido observar que la adopción de estas medidas no solo ha sido una constante en los procedimientos judiciales, sino que se ha convertido en la máxima expresión de la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en un procedimiento penal.

SUMARIO:

-Características

-Tipos

-Medidas cautelares personales

  • detención
  • prisión provisional
  • libertad condicional
  • orden de protección

-Medidas cautelares reales

  • fianza
  • embargo

-Procedimiento de solicitud

-Alzamiento en caso de sentencia absolutoria

 

CARACTERÍSTICAS

 

La finalidad principal de las medidas cautelares en el ámbito penal no es otro que el de asegurar:

 

  1. En fase de Instrucción:
    1. La comparecencia del investigado y su puesta a disposición judicial.
    2. Asegurar la integridad de la prueba y evitar una hipotética modificación o destrucción.

 

  1. Una vez dictada la sentencia:
    1. La eficacia del fallo de la sentencia e impedir que el acusado pueda desaparecer impidiendo la acción de la justicia en el marco de la ejecución, antes de que devenga la sentencia firme (vgr. “la vistilla de prisión provisional” antes de la resolución del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo).

 

 

De este modo la ley faculta al órgano jurisdiccional para que pueda adoptar determinadas medidas para cerciorarse que puedan realizarse los distintos actos encaminados a la averiguación del hecho delictivo, asegurar la prueba y para que, al término de los mismos, la sentencia que se dicte sea plenamente eficaz, motivada, razonada y ajustada a derecho.

 

Las medidas cautelares siempre deberán estar sometidas al principio de legalidad, y por consiguiente sólo podrán llevarse a cabo en los supuestos recogidos en la ley. Además, son provisionales y limitadas en el tiempo, pues únicamente subsisten si también lo hacen las circunstancias que dieron lugar a su adopción.

TIPOS

 

Se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos bloques principales.

 

Por un lado, nos encontramos, las Personales, esto es, aquellas que afectan directamente a la libertad individual (art. 17 C.E) y a la elección de residencia y estancia en el territorio nacional (art. 19 C.E).

 

Y por otro lado, las Reales, que directamente afectan a los bienes y al patrimonio del investigado, y tienen como finalidad garantizar las responsabilidades civiles derivadas directamente del ilícito penal cometido.

 

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

 

Están reguladas en el art. 486 a 544 de la LECrim y son la detención y la prisión provisional.

DETENCIÓN

 

Es una Medida cautelar de privación de libertad que tiene la finalidad de poner a disposición judicial los fines de una investigación, la persona o personas presuntamente implicadas en el hecho delictivo. Viene regulado por el artículo 489 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos y formas previstos en la ley:

 

  1. No podrá durar del más estrictamente necesario para realizar las averiguaciones
  2. El detenido debe ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y el motivo de la detención
  3. No puede ser obligado a declarar
  4. Se garantizará la asistencia de abogado
  5. La ley regulará el procedimiento habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida irregularmente

Como particularidad, en el marco político-judicial, cabe destacar, que existen unos supuestos en los que no procede la detención inmediata o automática como sucede con cualquier ciudadano, sino que opera únicamente en los supuestos de flagrante delito, es decir, de comisión de delitos en el momento de cometerse o inmediatamente después de los mismos.

 

Así, sería el supuesto de los Diputados y Senadores (artículo 71.2 de la Constitución), los parlamentarios de las Asambleas legislativas y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas si lo disponen sus Estatutos, los jueces y magistrados y fiscales (y únicamente, por orden del Juez competente, artículo 398 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 56 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), el Defensor del Pueblo y sus adjuntos (artículo 6 de su Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril).

 

Conviene destacar también los tres tipos de detenciones que aparecen regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

 

Detención por particulares: el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta a cualquier ciudadano para detener:

 

  • Al que intentare, estuviere cometiendo o acabare de cometer un delito.
  • Al que intentare cometer un delito o al delincuente in fraganti.
  • Al que se fugare de un establecimiento penal y al declarado en rebeldía.

Debe informar al detenido haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes y debe ponerlo en libertad o entregarlo al juez más próximo al lugar.

 

Detención por autoridades o agentes de policía: Las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del conocido concepto del “monopolio del uso de la fuerza”, están obligados a detener a todas aquellas personas que van a cometer un delito, a las que lo están cometiendo, a los que lo acaban de cometer, y a los fugados y procesados rebeldes.  Y además:

 

  • Al que estuviere procesado por delito que tenga señalado pena de prisión menor, o pena inferior si sus antecedentes y circunstancias presumieran que no comparecerá.
  • Al no procesado si se tienen motivos racionalmente bastantes para creer la existencia del delito.

 

  •  

Están además sometidos a las siguientes obligaciones:

 

  • Deben tomar nota de los datos personales de los que no pueden ser detenidos entregándoselos al juez competente.

 

  1. No pueden detener por simples faltas (actualmente delitos leves).
  2. Deben poner a disposición judicial dentro de las 72 horas, pudiéndose ampliar 48 horas (únicamente por decisión judicial y para casos de bandas armadas o delitos de terrorismo).

 

Detención judicial: El juez o tribunal podrá acordar la detención de los individuos en los mismos casos que la detención por agentes de policía.

PRISIÓN PROVISIONAL

 

Es una medida cautelar de carácter temporal y no definitiva, que consiste en la privación de libertad de una persona presunta autora de un delito, mediante una resolución motivada que ordena el internamiento en un centro penitenciario.

 

La finalidad de esta medida cautelar es la de asegurar la comparecencia a la celebración del juicio oral correspondiente o la ejecución de una futura sentencia condenatoria.

 

Del mismo modo, se pretende con esta medida de evitar que se cometan más delitos o se modifiquen pruebas, condicionen testificales, o vicien los indicios de la instrucción obstruyendo la investigación de los mismos.

 

Todo ello deberá de estar sucintamente fundamentado mediante auto motivado. Cabe reseñar que esta media es excepcional y regirá el principio de proporcionalidad.

 

Con arreglo al art. 502 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, únicamente puede declarar prisión provisional el Juez o magistrado que instruye, el Juez que forme las primeras diligencias, el Juez de lo Penal que conozca el proceso o la Audiencia que conozca de la causa; y sólo decretará la prisión provisional cuando objetivamente sea estrictamente necesaria según la ley y no existan medidas menos gravosas para obtener los mismos fines. Para ello, se tendrá en cuenta la repercusión que pueda tener en el imputado considerando sus circunstancias personales, movilidad, arraigo y capacidades.

 

En cuanto a los requisitos que han de cumplirse para su adopción, podemos enumerar los siguientes:

  1. Existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito con pena igual o superior a dos años o con pena menor, si hubiese antecedentes penales.
  2. Que aparezca en la causa motivos bastantes para creer responsables del delito a las personas contra las que se dicta el auto de prisión, motivos análogos a los indicios racionales de criminalidad.
  3. Mediante la prisión se han de perseguir algunos de los siguientes fines:
    1. Asegurar presencia imputado en el proceso, para evitar el riesgo de fuga. Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho, gravedad de la pena y situación familiar y laboral del investigado.
    2. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas.
    3. Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente contra su cónyuge, ascendientes y descendientes,
    4. Evitar la comisión de otros hechos delictivos. Siempre y cuando concurran los dos primeros requisitos del art. 503, para aplicar este precepto la LECr exige:
      1. Que el juez se atenga a las circunstancias del hecho y gravedad del delito.
      2. Que sea un delito doloso.
      3. Si el imputado actúa concertadamente con más personas no se tiene que cumplir el límite de dos años.

En cuanto a su duración, será de un año si el delito es igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena fuere superior a tres años. Estos plazos se pueden prorrogar una vez según las circunstancias.

 

Si la prisión provisional se decretase con el fin de evitar ocultación, alteración o destrucción de pruebas su duración no podrá exceder de seis meses.

 

Existen dos tipos de prisión provisional:

 

  1. a) Prisión provisional incomunicada: excepcional y provisionalísima, se limita al preso la posibilidad de comunicarse en base a las siguientes normas (art 509):
  1. Evitar que se sustraigan a la acción de la justicia persona implicadas en los hechos.
  2. Tiempo estrictamente necesario, 5 días. Si se trata de bandas armadas, organizaciones o actos terroristasà 5 días más.
  3. El juez puede autorizar cualquier otra comunicación.
  4. El preso puede disfrutar de los demás derechos como el resto de los reclusos.
  1. b) Prisión provisional domiciliaria: es un arresto domiciliario que concurre únicamente cuando por razones de enfermedad no se puede internar en prisión. Con las siguientes reglas:
  1. Vigilancia que se considere necesaria.
  2. Sólo por razón de enfermedad.
  3. Auto motivado.

LIBERTAD CONDICIONAL

 

Se limita en parte la libertad individual del investigado, y se acuerda por el Juez o Tribunal cuando existen motivos suficientes para considerar a una persona responsable criminal de un delito, pero no procede decretar la prisión provisional de dicha persona.

 

Se acordará mediante auto en el cual se indicará si el investigado ha de prestar o no fianza para continuar en libertad provisional.

 

Con esta medida se establece la obligación de comparecer en los días y las veces señalados en el auto.

 

En este mismo auto, si el Juez o Tribunal decretase fianza, quedaría fijada la cantidad de la misma. Se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, estado social y antecedentes del procesado.

La finalidad de la fianza es asegurar la presencia del imputado.

 

El procedimiento para acordar la libertad provisional aparece recogido en el art. 589 LECrim.

ORDEN DE PROTECCIÓN

 

Regulada en el art. 544 ter, está encaminada a reducir de forma significativa el riesgo o peligro de nuevas situaciones de violencia de las personas recogidas en el artículo 173.2 CP.

Es necesario que se trate de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad y también que existan indicios racionales, no bastando simplemente con las meras sospechas.

 

Para la adopción de esta medida, es necesario que se dicte una resolución motivada, explicando cuales son los motivos y causas que han llevado a la adopción de la medida, máxime cuando la misma afecta a derechos fundamentales de la persona.

 

MEDIDAS CAUTELARES REALES

 

Vienen reguladas en los artículos 589 a 614 de la LECrim, y son principalmente la fianza y el embargo.

FIANZA

 

La fianza, como medida cautelar económica, diferente al concepto de aquella que se debe prestar por ir aparejada a una libertad provisional, no podrá ser en ningún momento inferior a una tercera parte del posible importe de las responsabilidades pecuniarias. (Art 589 LECrim.).

 

Según el artículo 591 de la LECrim. podrá prestarse fianza:

  • Mediante un tercero que garantice con su patrimonio las responsabilidades económicas que puedan derivarse del proceso penal, con la excepción de que no podrá ser fiador el que lo sea en ese momento o lo hubiese sido de otra persona hasta que se cancele la primera. (Art 592 de la LECrim.) (Fianza Personal)
  • Poniendo a disposición del Juzgado o tribunal a fin de satisfacer las aludidas responsabilidades económicas, determinados bienes muebles (efectivo, efectos públicos o valores) o garantías mobiliarias (por ejemplo, un aval de una entidad de crédito o la concertación de un seguro de caución). Es la forma más común de fianza, normalmente a través de la consignación en la cuenta de depósitos del Juzgado de las cantidades de dinero que se han exigido (Fianza Pignoraticia).
  • Fianza hipotecaria: consiste en la constitución de una hipoteca sobre bienes inmuebles al objeto de garantizar el pago de las responsabilidades civiles, previa tasación por dos peritos de los inmuebles (artículo 594 LECrim), pudiéndose otorgar por escritura pública o apud acta (artículo 595 LECrim).
  • Fianza crediticia: Es una fórmula abierta que abarca como mecanismo principal el aval bancario, al que se somete al cumplimiento de las condiciones de ser de duración indefinida y pagadero al primer requerimiento, pero que queda abierto igualmente a cualquier otro tipo de garantía crediticia que se pueda ofrecer, siempre que reúna la exigencia de su inmediata disponibilidad.

EMBARGO

 

El embargo es la medida cautelar “por excelencia” que aplican comúnmente los órganos jurisdiccionales, mediante la cual el Juez o Tribunal decide “requisar o bloquear” provisionalmente determinados bienes del imputado para cubrir su posible responsabilidad económica derivada del delito, es una medida cautelar de carácter subsidiario y se llevará a cabo cuando el imputado no preste voluntariamente la fianza o presente fiador personal.

Podrá anotarse preventivamente si así lo acuerda el Juez de Garantías el decreto de iniciación del procedimiento de investigación.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

 

Las medidas cautelares, concretamente la prisión provisional, están sometidas a estrictas normas procedimentales que necesariamente han de cumplirse por el Tribunal o Juez que lo decretase y está regulada en el artículo 502 y ss., dichos trámites son los siguientes:

 

    1. Audiencia o comparecencia: sólo puede decretarse previa petición del Ministerio Fiscal o de la acusación particular. Se convocará en audiencia al Ministerio Fiscal y al acusador para pedir que se decrete prisión provisional.
  • La audiencia deberá practicarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes.

 

    1. Se citará al imputado asistido por letrado.
    2. Cualquier acusador en esta audiencia puede pedir prisión o libertad con fianza pudiendo proponer pruebas.
    3. Esta prueba sólo se admite si se puede practicar en el mismo acto o en las 72 horas siguientes.
    4. Si no se puede realizar la audiencia el Juez puede decretar prisión o libertad con fianza mediante auto motivado
    5. El perjudicado u ofendido deberá de ser notificado.
  • Cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

 

  1. Se elaborarán dos mandamientos con los datos personales del imputado, uno para la policía y otro para el establecimiento penitenciario.
  2. Cuando se decretase la libertad del investigado, se expedirá mandamiento al director del establecimiento penitenciario.
    1. No tendrá derecho de ponerse en conocimiento de familiar o persona que desee.
    2. No tendrá derecho a entrevista con su abogado

ALZAMIENTO EN CASO DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

 

En caso de producirse sentencia absolutoria, con efecto inmediato, el Juez o Tribunal procederá al alzamiento de todas y cada una de las medidas cautelares que hubiera adoptado pues, cabe recordar, que con la imposición de las medidas cautelares descritas anteriormente se está limitando sustancialmente los derechos fundamentales del individuo, y debido a su carácter excepcional y provisional, no tendría sentido alguno e iría contra toda lógica no proceder a su inmediata alzada.

 

En el caso de la prisión provisional, el Estado sería responsable del daño causado, por tanto, tendría que proceder a su inmediata reparación.

CONCLUSIONES

 

Las medidas cautelares, cómo se ha mencionado anteriormente, tienen un fin garantista, en tanto en cuanto su finalidad es la de asegurar el fallo de la sentencia en toda su extensión, y evitar, que durante la duración de la investigación criminal (Fase de Instrucción), se destruyan las pruebas encaminadas a la averiguación y esclarecimiento del hecho delictivo.

 

Es por tanto, dentro de los límites establecidos por nuestro marco legislativo y con un escrupuloso respeto al mismo, que éstas medidas han de ser adoptadas en los casos que se considere estrictamente necesario, y todo ello deberá estar fundamentado por el Juez o Tribunal que las decrete, pues no olvidemos que con la adopción de las diferentes medidas cautelares, se está limitando o excluyendo una variedad de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que vulnerados de manera deliberada pueden perjudicar gravemente, no solo al sistema judicial y su tutela judicial efectiva, sino el estado de derecho al que todos los ciudadanos estamos sometidos.



Formación Economist & Jurist





Continuar leyendo
Click para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *