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Las relaciones laborales en las nuevas plataformas digitales

Las relaciones laborales en las nuevas plataformas digitales

Por Alberto González Gómez. Director GD Legal Laboral.

 

En breve: Los últimos conflictos laborales con los riders de Glovo y Deliveroo han puesto el foco en un debate que ya se encontraba abierto en el ámbito jurídico. Estamos ante el reto improrrogable de regular los nuevos modos de prestación de servicios en las plataformas digitales para poder encuadrarlos dentro de la normativa laboral. ¿La nueva economía digital implica necesariamente precariedad laboral? ¿es posible mantener inalterados los derechos laborales atendiendo al nuevo modelo de negocio de las plataformas digitales?

Sumario: 

  1. El empleo en las plataformas digitales y su regulación.
  2. Momento clave. Calificación jurídica de los repartidores a domicilio de las plataformas de reparto.
  3. Posibles soluciones.
  4. Conclusiones

 

EL EMPLEO EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y SU REGULACIÓN

En los últimos años estamos asistiendo a una creciente tendencia en la economía española (y mundial), en que los nuevos negocios se están asentado sobre las plataformas digitales y/o la conocida como economía colaborativa y, por ende, mayor número de personas prestan sus servicios vinculadas a las mismas. Según un informe publicado por el Observatorio ADEI en marzo de 2018, Plataformas digitales: una oportunidad para la economía española, nuestro país puede llegar a ser capaz de generar 1.500 millones de euros de valor añadido bruto mediante el uso generalizado de las plataformas digitales. Por su parte, un informe publicado por la Comisión Europea a finales de junio de 2018, Platform Workers in Europe, indicaba que un 11,6% de la población adulta en España ha prestado servicios alguna vez en plataformas digitales.

Sin duda alguna, estos son unos números muy relevantes desde el punto de vista tecnológico y económico, pero a su vez está trayendo consigo un grave perjudicado, que no son otros que los derechos de los trabajadores y las relaciones laborales.

Esta situación se explica muy claramente en el creciente uso de internet en los últimos 20 años en nuestro país, con especial relevancia en la última década, momento en que han surgido multitud de empresas al albor de la red y que tienen como base de operaciones sus plataformas digitales. El problema radica en que la legislación laboral actual que regula las relaciones laborales, con el Estatuto de los Trabajadores como norma de cabecera, fue ideado al inicio de la época democrática, hace casi 30 años, concretamente mediante la Ley 8/1980, de 10 de marzo, si bien ha venido siendo objeto de pequeñas modificaciones, teniendo su último exponente en el Real Decreto Legislativo 2/2015.

En el momento en que dicha norma fue debatida, los ordenadores apenas se encontraban desarrollados, e internet era más bien una quimera, que ni mucho menos se tuvo en cuenta, puesto que no era posible imaginar que llegaría a tener la incidencia que ha tenido en la vida de las personas y en el modo de la prestación del trabajo. En definitiva, nos encontramos con una normativa laboral que en caso alguno se planteó para dar solución a las relaciones laborales actuales y a la realidad económica y organizativa de las empresas hoy en día, sino que se basó en los modelos de negocios que existían entonces.

Como consecuencia de esto, en los últimos años han empezado a surgir diferentes controversias judiciales y conflictos laborales en relación con los nuevos modos de prestación de los servicios, y de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, sin que se hayan intentado solucionar desde el poder legislativo, trasladando dicha responsabilidad al poder judicial.

A modo de ejemplo, viene siendo habitual en los últimos años que nos encontremos con resoluciones referentes a la video vigilancia y al uso personal de herramientas de trabajo como el caso de los ordenadores o teléfonos móviles, problemas en relación a la geolocalización de los trabajadores, o la inmediatez de las relaciones laborales. Especialmente importantes, y que han acrecentado el debate en los últimos meses, son aquellas relacionadas con los conocidos como “riders” o repartidores de plataformas como Glovo o Deliveroo, de los que hablaremos a continuación. Lo que hay que tener claro es que esto es sólo el inicio, pues este tipo de debates y conflictos se verán acrecentados en el futuro.

MOMENTO CLAVE. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS REPARTIDORES A DOMICILIO DE LAS PLATAFORMAS DE REPARTO

El debate surgido en relación a la calificación jurídica que merecen los conocidos como riders o repartidores a domicilio de plataformas como Glovo o Deliveroo, se puede considerar como el primer debate jurídico laboral que transciende el mundo del derecho en relación con estas plataformas digitales y del que se ha hecho eco el resto de la sociedad española.

El primer organismo que comenzó el debate y analizó este tipo de relaciones fue la Inspección de Trabajo de Valencia a finales de 2017, siguiendo su estela la de Madrid y Zaragoza, determinando todas ellas que nos encontrábamos ante auténticos trabajadores por cuenta ajena, a pesar de su intento de calificación como autónomos por parte de las plataformas a las que prestaban servicios.

Estos asuntos acabaron judicializándose, siendo el Juzgado de lo Social número 6 de Valencia, en sentencia de 1 de junio de 2018, el primero en decretar que nos encontrábamos ante personal laboral. Sin embargo, como era de esperar, dicho pronunciamiento encontró su antítesis unos meses después, en este caso en un pronunciamiento del Juzgado de lo Social número 39 de Madrid, de fecha 3 de septiembre de 2018, que determinó que estos repartidores disponían de suficiente autonomía y que, por ende, eran trabajadores autónomos. A esta misma conclusión llegó el Juzgado de lo Social 17 de Madrid, el 11 de enero de este año 2019. Apenas un mes más tarde, el 11 de febrero de 2019, encontramos la réplica en sentencia del Juzgado de lo Social 33 de Madrid, que entendía que este tipo de relaciones debían ser consideradas como laboral.

Estas resoluciones no serán las últimas y seguirán creando controversia, el debate está servido y no sólo es jurídico.  

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