Connect with us

Artículos

Libertad de expresión: el insulto forense

Socio director de Domingo Monforte Abogados Asociados.

Tiempo de lectura: 5 min

Publicado


Sancionar a un abogado por criticar la actuación de un juez podría tener un “efecto disuasorio, no solo para el abogado afectado, sino también para la profesión en su conjunto”



La libertad de expresión del Abogado tiene un ancho horizonte constitucionalmente reconocido siempre que tenga como suelo firme el acto procesal objeto de disputa y debate, y no un ataque dirigido a las personas que intervienen en el proceso con intención real de ofender.

Las calificaciones que en ocasiones se emplean, dicho sea, en términos de defensa, gruesas, con calificativos tales como “caprichosa”, “arbitraria”, “groseramente contraria a Derecho” o “manifiestamente ilegal”, según el Tribunal Constitucional (Sala Segunda, Sentencia 235/2002 de 9 Dic. 2002, Rec. 6257/2000) en la medida en que buscan la defensa y tutela en la posición de su cliente no sobrepasan los límites de la libertad de expresión del abogado. En los mismos términos se pronunció en una resolución de abril de 2004, ante un caso en el que el letrado manifestó que en la sentencia que impugnaba había «falsedades y barbaridades». En esta sentencia el Tribunal apuntó que la libertad de expresión del letrado, precisamente por su carácter específico, le permite una mayor “beligerancia en los argumentos”.



Juicio del denominado “Procés” (FUENTE: RTVE)

Como vemos, la conexión con el derecho de defensa es clave y en dicho ámbito se encuentra especialmente reforzada. En esta línea de ideas, se ha considerado legítimo ejercicio de dicho derecho fundamental cuando se han traído a la exposición forense críticas sobre la calificación de una resolución judicial como “de todo punto arbitraria e inmotivada” y “de todo punto ajena a los más elementales principios de la normativa adjetiva y sustantiva española vigente”, así como “incomprensible” y “parcial” (STC 155/2006, de 22 de mayo). Si bien, en el citado caso, se interpretó la expresión “parcial” no como sinónimo de prevaricación o ánimo malicioso de beneficiar a una de las partes, sino como queja por la radical falta de sustento jurídico de la resolución judicial.

Un exponente claro de este marco de protección lo integra la declaración de la STC 117/2003, de 16 de junio, que nos orienta y delimita dicho derecho, al declarar: “En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (STC 113/2000, de 5 de mayo, FJ 4). Consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte (art. 24.2 CE), y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye (art. 117 CE). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 5)”.

Estamos ante lo que se ha venido en reconocer como “un plus de libertad” en la medida en que se conecta con el fundamental deber de defensa y que debe ejercerse sin anticipación preventiva alguna por parte del letrado, que tiene en su mente la defensa a toda costa dialéctica, el interés de su cliente, para remover una posición o reestablecer un derecho que se estima vulnerado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 12 de enero de 2016 (asunto Rodríguez Ravelo) en la que condenó a España, señaló que sancionar a un abogado por criticar la actuación de un juez podría tener un “efecto disuasorio, no solo para el abogado afectado, sino también para la profesión en su conjunto”, provocando la inhibición de estos profesionales en la defensa de la causa de su cliente y, en consecuencia, mermando su derecho de defensa.

Persuadir es influir en la decisión judicial. No es dable permitir que el foro se convierta en un “circo forense”

La STC 142/2020, de 19 de octubre, refuerza la singular protección de la libertad de expresión del abogado, concluyendo que la condena por un delito de injurias constituye un exceso punitivo incompatible y que vulnera los derechos de defensa jurídica y la libertad de expresión. Así, anula la Sentencia de la AP de Málaga que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal de Málaga núm. 9 que había considerado injuriosas las expresiones que se reproducen a continuación: “Ningún tiempo y esfuerzo debería dedicarle a responder a los insidiosos y malintencionados comentarios realizados por el ínclito funcionario del Ministerio de Justicia […] sencillamente no se ha leído el escrito de recurso […] teniendo a la vista los presentes autos y posiblemente, entre la lectura del periódico y de alguna revista de contenido inconfesable se ha despistado vertiendo en su incalificable escrito las consideraciones que en él se contienen […]”. “Recordarle al señor fiscal que las consideraciones efectuadas por el que suscribe no es una apreciación subjetiva […] sino de fácil comprobación […] como también lo habría sido para el fiscal de haberse tomado un poco de interés, aunque por ello sufriera alguna molestia”. “Con respecto a la simpleza de la consideración efectuada por el señor fiscal en sentido que la sentencia condenatoria no sería tan injusta cuando ha devenido firme […] recordar que tras la masacre de seis millones de judíos por el Gobierno alemán al frente de Adolfo Hitler […] podría reflexionar que, tan injusto habría sido, porque algo habrían hecho […]”.“Discrepamos abiertamente de la conclusión adelantada por el señor fiscal […] del que desconocemos si posee el don de la videncia, clarividencia o adivinación […]”.“Al letrado que suscribe le parece excesivo tener que recordarle al presentante del Ministerio Fiscal que en un Estado democrático de derecho […] no hay cabida para los llamados procesos inquisitoriales propios de épocas pasadas […] así como el art. 1 del estatuto que regula su función […]”.“La conclusión de la que alardea el Ministerio Fiscal resulta en todo caso procedente por su simpleza […] ya que ni siquiera se permite dudar de la actuación de los funcionarios adscritos al Ministerio del Interior, descartando totalmente la presunción de inocencia de mi mandante, lo que resulta sencillamente excesivo y contrario a los principios que rigen el Derecho penal (en) nuestro país […]”.

La crítica técnico jurídica y el ejercicio de defensa deben realizarse desde el rigor que reclame el debate y con la valentía terminológica que éste exija

La sentencia revive la doctrina del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerando que estas expresiones rebasan los límites de la libertad de expresión, incluso teniendo en cuenta el contexto en el que se pronuncian, y se autoimpone el juicio de proporcionalidad sobre la respuesta jurisdiccional condenatoria dada por ellas, concluyendo que la reacción penal frente a los evidentes excesos del recurrente resultó desproporcionada por la singular protección de la libertad de expresión de los abogados y el carácter excepcional del castigo penal por expresiones vertidas por aquellos en el ejercicio de su labor profesional.

A mi juicio, y esta es mi conclusión, la crítica técnico jurídica y el ejercicio de defensa deben realizarse desde el rigor que reclame el debate y con la valentía terminológica que éste exija, siendo absolutamente innecesario recurrir a expresiones ofensivas y/o que se granjeen o mofen de la posición de cualesquiera intervinientes. La altura del debate reclama rigor, lenguaje de excelencia y técnica tendentes a persuadir, lo que se logra con buena praxis al  invitar a la adhesión a una idea, en palabras de Hernández Guerrero, a la aceptación de una teoría, a la identificación con una doctrina; es formular una propuesta para que el receptor asuma y asimile un mensaje, para que se identifique con unos valores. Persuadir es cambiar el pensamiento, es convertir las ideas, es orientar las actitudes, es estimular los comportamientos. Persuadir es influir en la decisión judicial. No es dable permitir que el foro se convierta en un “circo forense” en el que bajo el paraguas de la sobreprotección de la libertad de expresión en el ejercicio de la actividad profesional se convierta en patente de corso, en la que campen a sus anchas expresiones de mal gusto, de descalificación personal generando una nueva modalidad de insulto, el insulto forense.

 

Comentarios