Connect with us

Artículos

Los MASC: la última ocurrencia del legislador para desatascar la Administración de Justicia

Abogado y Doctor en Derecho, Director de Buendía Infante Salomo.

Tiempo de lectura: 6 min



Artículos

Los MASC: la última ocurrencia del legislador para desatascar la Administración de Justicia

Pasan los años, se suceden los gobiernos, cambian las normas procesales, pero siempre hay un elemento inamovible: la insufrible lentitud de la Administración de Justicia



Los sempiternos problemas de lentitud y colapso de nuestra Administración de Justicia no terminarán ni mejorarán con los MASC, requisito general de procedibilidad para admitir demandas civiles que propone el reciente Anteproyecto. Por el contrario, éstos supondrán más trámites, más gastos para el justiciable y, por supuesto, mayores dilaciones para obtener la necesaria respuesta judicial. La eficiencia procesal que intitula el Anteproyecto no puede buscarse con métodos que históricamente ya han sido utilizados y que resultaron ineficientes.

El pasado 15 de diciembre de 2020 fue aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, del que sin duda alguna su principal protagonista son los ahora llamados MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias).

A uno ya le extrañaba que el nuevo ejecutivo no quisiera dejar su impronta, al igual que lo han hecho todos sus predecesores, en nuestra maltrecha Administración de Justicia. Todos ellos hablan en sus anunciadas reformas de la imperiosa necesidad de conseguir eficiencia en un servicio tan esencial, pero lo cierto es que los retrasos en Justicia son cada vez mayores. Pasan los años, se suceden los gobiernos, cambian las normas procesales, pero siempre hay un elemento inamovible: la insufrible lentitud de la Administración de Justicia. Todos aquéllos que la han padecido en sus carnes pueden dar testimonio del enorme desengaño que ello supone, además del perjuicio económico que conlleva especialmente en ámbitos civiles, mercantiles y administrativos.

“Los MASC pueden ser en algunos casos anticonstitucionales” (Foto: Economist & Jurist)

Leyendo la Exposición de Motivos del reciente Anteproyecto de Ley da la impresión de que el legislador haya dado por fin con la piedra filosofal que nuestra Administración de Justicia necesita: los MASC. Cómo nos gusta utilizar siglas con las que de forma sintética queremos dar la impresión de haber descubierto la solución a un problema. Pero lo cierto es que la propuesta ni es novedosa ni mucho menos será efectiva para acabar con el problema, más bien uno piensa todo lo contrario.

Y no sé por qué razón el legislador ha decidido intitular la ley como medidas de eficiencia procesal, pues la principal medida de todas ellas y, sin duda, la razón de este Anteproyecto de Ley, es una medida extraprocesal que trata de evitar el proceso o de limitar en todo lo posible el acceso a la tutela judicial, exigiendo uno de esos MASC como requisito de procedibilidad obligatorio en casi todas las demandas civiles. Con ellos se pretende que, antes de presentar una demanda judicial, obligatoriamente las partes hayan intentado llegar a un acuerdo.

El legislador del nuevo anteproyecto de ley es consciente de los retrasos que denunciamos

Digámoslo claro. Nuestra administración de justicia no funciona. Sus retrasos son inasumibles en una sociedad digital en la que las transacciones económicas son instantáneas. La inmediatez se ha convertido en el signo de los nuevos tiempos generando respuestas inmediatas a las necesidades que la sociedad y su economía plantean. Y frente a ello, paradójicamente, nos encontramos con una justicia anclada en el siglo XIX, cuya respuesta es lenta, lentísima, totalmente inasumible en nuestro tiempo.

Sin duda alguna el legislador del nuevo anteproyecto de ley es consciente de los retrasos que denunciamos. La Exposición de Motivos de la misma así lo reconoce. Ahora bien, la solución a esos retrasos nunca puede ser la de echar balones fuera, o lo que es lo mismo, la de obligar a las partes a que se avengan extrajudicialmente, pues eso a lo único que conduce es a una mayor demora y a un mayor coste para las partes en conflicto.

Se dice que “quién no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y aludo a esta famosa frase por cuanto que la medida que se intenta implantar como novedosa ya fue aplicable durante muchos años, sin que la misma tuviese eficacia alguna. Me estoy refiriendo a la conciliación previa a los procesos declarativos que la ley procesal anterior a la actual ley 1/2000 exigía como requisito previo de procedibilidad. Así ocurrió durante muchos años en los cuales, al interponer una demanda declarativa, había que acompañar con ella un certificado que acreditara cuál había sido el resultado de dicho acto conciliatorio previo[i]. Pues bien, puedo dar fe, pues he tramitado cientos de esas conciliaciones en mi vida profesional, de que en la inmensa mayoría de ellas su resultado era el de “intentada sin efecto”, o lo que es lo mismo, que ni siquiera se presentaba la contraparte al acto conciliatorio. Con ello lo único que se lograba era un mayor retraso y un mayor coste para las partes en litigio, prueba de ello es que acabó suprimiéndose como obligatoria dejándola únicamente como potestativa para aquellos que voluntariamente quisieran intentarlo.

Pero el método que se propone ahora en aún peor. La diferencia entre aquella conciliación obligatoria y los medios negociadores por los que ahora se apuesta (MASC), es que aquélla se tramitaba en los propios Juzgados, y los de ahora deben realizarse obligatoriamente fuera de ellos. Es un método descarado de echar balones fuera, de privatización de lo público, con la esperanza de que las partes, desengañadas por la ineficacia del sistema, acaben por desistir de sus pretensiones legítimas, o lo que es peor, que opten por la autotutela.

Pero en mi crítica voy aún más lejos. Obligar a las partes a buscar soluciones pactadas puede ser en muchos casos una medida anticonstitucional. Veámoslo con un ejemplo de demanda civil. Imaginemos que a nuestro despacho de abogados acude un cliente apesadumbrado por cuanto que su inquilino no le ha pagado ni un sólo mes desde que le arrendó el piso, y no sólo eso, el inquilino, sin su consentimiento, lo ha convertido en un piso turístico subarrendando las habitaciones por días, sin que por otro lado le paguen los consumos de agua y luz que los ocupantes producen. Por cierto, no es un caso de laboratorio, sino una práctica cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Pues bien, de llevarse a efecto lo que pretende el nuevo Anteproyecto, y por tratarse de un proceso civil, a ese cliente le tendremos que decir que antes de acudir a una demanda judicial, deberá sentarse previa y privadamente a negociar con su inquilino e intentar llegar a un acuerdo. Todos podemos imaginarnos cuál será la reacción del malogrado ciudadano que a nosotros acude esperanzado en que la Justicia ponga inmediato remedio a su injusto caso.

Los MASC pueden ser en algunos casos anticonstitucionales

Casos como éste, unidos a la lentitud de la Justicia en dar respuesta adecuada, hacen que la autotutela esté aumentando exponencialmente y que métodos como los que ahora propugna el Anteproyecto podrían provocar un mayor incremento de la misma.

Lo que pretendo demostrar con ello es que los MASC pueden ser en algunos casos anticonstitucionales, pues nos obligarán a ceder en nuestros legítimos derechos retrasando la necesaria tutela judicial efectiva. No voy a negar aquí que en ciertos supuestos sí es conveniente el intento conciliatorio, como ocurre en algunos procesos de disolución matrimonial, pero siempre de forma voluntaria, y con ese objetivo no olvidemos que para ello ya existen los instrumentos necesarios, como son la Conciliación regulada en la Ley de Jurisdicción Voluntaria; la audiencia previa al juicio y, por supuesto, la mediación e intervención de los abogados con carácter previo a la interposición de un juicio.

En definitiva, los problemas y retrasos en la Administración de Justicia tienen naturaleza endógena y, como tal, dentro de ella deben solucionarse creando los instrumentos adecuados. Pretender que los conflictos que toda sociedad genera se solucionen fuera de los Tribunales es desconocer que la potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales. Lo contrario es una desnaturalización del mandato constitucional, contraviniendo el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como no quiero mostrarme negativo en toda mi exposición respecto de las medidas de “eficiencia procesal” que el Anteproyecto anuncia, quiero manifestar mi total conformidad con la supresión que se pretende del Recurso Extraordinario por Infracción Procesal, recurso artificioso y carente de todo sentido que introdujo la Ley procesal 1/2000 y que sólo ha causado disfunciones y retrasos desde su implantación. De llevarse a cabo la reforma, se volverá a la casación única, tanto para los errores “in procedendo” como para los vicios “in iudicando”[ii], pues ambos suponen violación de ley.

[i] Los actos de conciliación estuvieron regulados en el Título Primero del Libro Segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

[ii] La distinción entre errores in procedendo de los vicios in iudicando se atribuye a la Escuela de Bolonia o de Los Glosadores, al ser los primeros en establecer dicha diferenciación.

Click para comentar
0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments