Malos tiempos para aprobar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

La aprobación de una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) representa un momento pivotal en la evolución del sistema penal español, pero el contexto actual genera serias dudas sobre su oportunidad y viabilidad. Esta reforma, que busca sustituir una norma de 1882, introduce un modelo acusatorio puro donde el Ministerio Fiscal asume la dirección de la investigación, relegando al juez a un rol de garante de derechos fundamentales. Sin embargo, diversas voces cualificadas del ámbito jurídico, con especial énfasis en las advertencias del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, alertan sobre riesgos que podrían comprometer principios constitucionales esenciales, como la independencia judicial y la igualdad procesal. Lo anterior me sugiere que, antes de avanzar, conviene examinar con detenimiento las implicaciones de esta transformación, especialmente en un panorama marcado por tensiones políticas y deficiencias institucionales.

El debate no surge de la nada; responde a una necesidad largamente reconocida de modernizar el proceso penal, adaptándolo a estándares europeos y a las exigencias de un Estado de derecho contemporáneo.

La ley vigente, obra de Alonso Martínez, ha sufrido múltiples reformas para ajustarse a los tiempos, pero su estructura inquisitiva, donde el juez acumula funciones de investigación y control, ha sido criticada por instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, la propuesta de atribuir la investigación al fiscal parece lógica, alineándose con modelos como el alemán o el italiano, donde la separación de roles fortalece la imparcialidad. No obstante, en España, esta transición llega en un momento de desconfianza hacia la Fiscalía, agravada por episodios recientes que cuestionan su autonomía frente al Ejecutivo. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, en particular, ha puesto negro sobre blanco estas preocupaciones, reconociendo avances pero subrayando errores de calado que podrían dinamitar las garantías y el control judicial.

La reforma en su diseño teórico

En esencia, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de octubre de 2025 apuesta por un sistema donde el fiscal dirige la investigación, la Policía Judicial se subordina a él, y surge la figura del juez de garantías para supervisar medidas que afecten derechos fundamentales. Esta configuración pretende equilibrar las armas procesales, permitiendo que la defensa solicite diligencias sin mendigarlas, y promueve avances como la justicia digital o restaurativa. Sobre el papel, evoca el principio de oportunidad reglada, donde el fiscal actúa con objetividad, sometido a legalidad e imparcialidad. Analogías con el Derecho procesal comparado ilustran esta aspiración: piénsese en cómo, en Francia, el procureur de la République lidera la fase preparatoria, pero con contrapesos que evitan sesgos. Aquí, sin embargo, la dependencia orgánica del fiscal del Gobierno, a través del ministro de Justicia, introduce una grieta estructural que no se resuelve con meras declaraciones de intenciones, como advierte con claridad el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia al resaltar que sin independencia real, el sistema acusatorio no vale nada.

Entiendo que este modelo podría potenciar la eficiencia, al liberar a los jueces para juzgar y ejecutar sentencias, como enfatizó el ministro Félix Bolaños. Ejemplos prácticos lo respaldan: en causas complejas de corrupción, un fiscal especializado podría agilizar la recopilación de pruebas, evitando dilaciones que hoy plagan los juzgados de instrucción. Pero la ausencia de una planificación presupuestaria clara socava esta promesa, un punto que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia critica con vehemencia, al alertar sobre la falta de recursos humanos, calendario de implantación y presupuesto realista, convirtiendo la reforma en una arquitectura inestable. Las oficinas judiciales, ya sobrecargadas, asumirían tareas como la transcripción de grabaciones sin herramientas de inteligencia artificial adecuadas, lo que podría colapsar el sistema en lugar de optimizarlo, según su informe detallado.

(Imagen: Fundación Hay Derecho)

Riesgos para la independencia judicial

Uno de los núcleos de preocupación radica en la potencial politización de la investigación penal. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha advertido con particular énfasis que, sin una independencia real del Ministerio Fiscal, el modelo acusatorio se convierte en una ilusión, señalando el riesgo evidente de influencia política y la ausencia de planificación que compromete la eficacia del sistema penal. El fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, podría transmitir influencias políticas, especialmente en un país polarizado como España. Considero que ello obliga a deducir que reformas previas, como las de 2011 o 2013, que decayeron por cambios políticos, sirven de lección: no basta con atribuir competencias si no se blinda la autonomía. El magistrado Manuel Jaén Vallejo, en su análisis, resalta cómo expresiones gubernamentales recientes, como afirmar que «la Fiscalía depende del Gobierno», generan recelos fundados, un eco de las alertas del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia sobre la sombra de interferencias.

En casos de corrupción pública, esta dependencia se hace patente. Imagínese un escenario donde el fiscal investiga a familiares de altos cargos ejecutivos; la sombra de interferencias podría comprometer la objetividad, erosionando la confianza ciudadana. Asociaciones como la Judicial Francisco de Vitoria y la de Fiscales coinciden en que, sin un nuevo Estatuto Orgánico que desvincule al fiscal general del Ejecutivo y establezca responsabilidades equiparables a las de los jueces, el riesgo de injerencias es enorme. El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, lo califica de «despropósito», un torpedo contra la independencia judicial, pilar del Estado de derecho. Esta crítica no es abstracta; se ancla en estándares europeos que exigen separación efectiva de poderes, y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia refuerza esta visión al concluir que la reforma falla en lo esencial: independencia del Ministerio Fiscal, claridad institucional y seguridad jurídica en la transición.

Limitaciones a la acción popular

Otro aspecto controvertido es la restricción de la acción popular, reservada ahora solo a delitos específicos como corrupción o medio ambiente, exigiendo un vínculo legítimo y cauciones económicas. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ve en esto un retroceso democrático, al vaciar un instrumento constitucional del artículo 125 que permite a ciudadanos controlar los poderes públicos. En ausencia de perjudicados directos, como en casos de corrupción política, esta limitación amputa un control esencial, especialmente cuando el fiscal carece de plena independencia, una amputación que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia describe con contundencia como la eliminación de un control constitucional vital, al recortar la acción hasta hacerla inoperante y vetar a partidos, sindicatos y entidades públicas. Analogías con el common law, donde la citizen suit empodera a la sociedad civil, subrayan el valor de esta figura en España, donde ha destapado escándalos sin abusos generalizados.

La propuesta veta además a partidos, sindicatos y entidades públicas, lo que podría generar inseguridad jurídica si se aplica retroactivamente. En un ejemplo práctico, piénsese en causas como el caso Koldo o Ábalos, donde la acción popular ha impulsado investigaciones ante posibles inacciones fiscales. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia insiste con particular fuerza en restaurar esta herramienta con controles, no prohibiciones, para preservar el equilibrio procesal. Sin ella, el sistema penal se inclina hacia un monopolio acusatorio del Estado, debilitando las garantías de defensa.

Sede de la Fiscalía General del Estado. (Imagen: Ministerio Fiscal)

Desafíos institucionales y de transición

La supresión de las Audiencias Provinciales, sustituidas por Tribunales de Instancia, y la absorción de apelaciones por Tribunales Superiores de Justicia, anuncian una sobrecarga sin medios previstos, un salto al vacío que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia critica al advertir que décadas de experiencia especializada no se reemplazan con promesas vagas. Esta reestructuración, sin calendario de implantación ni presupuesto realista, evoca reformas fallidas en otros países, donde cambios abruptos colapsaron sistemas judiciales. La Asociación Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente enfatizan que la instrucción actual por jueces garantiza neutralidad, algo que el modelo fiscal no asegura sin reformas previas, mientras el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia añade que, en el plano técnico, el equilibrio de armas queda comprometido con la Policía Judicial subordinada al fiscal y la defensa en desventaja.

Además, la defensa podría verse en desventaja, mendigando diligencias en una investigación custodiada por el fiscal. El principio de equilibrio de armas, pilar del proceso moderno, queda comprometido. Asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia apoyan el cambio, viéndolo como superación de concepciones inquisitivas, pero incluso ellas reclaman medidas complementarias. La Unión Progresista de Fiscales defiende la transición, pero condicionada a garantías de imparcialidad.

Hacia una corrección parlamentaria

Las opiniones convergen en la necesidad de un debate amplio y garantista. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid apela a los grupos parlamentarios para reconsiderar, incorporando autonomía fiscal, control judicial efectivo y equilibrio procesal. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial propone blindajes que eviten influencias políticas, recordando que modelos extranjeros con fiscales investigadores ofrecen menos garantías que el español actual. En este clima, marcado por sospechas sobre la Fiscalía General del Estado en asuntos de dominio público, la reforma parece inoportuna, como recalca el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia al pedir rectificaciones específicas: blindar la autonomía del fiscal, restaurar la acción popular con controles, automatizar transcripciones, precisar medidas cautelares y fijar recursos, plazos y responsables claros.

Asumo que el Parlamento debe corregir al Gobierno: blindar la autonomía fiscal, restaurar la acción popular, automatizar procesos y fijar recursos claros. De lo contrario, lo que se presenta como modernización podría dejar grietas en la seguridad jurídica. La justicia penal no admite experimentos sin red; requiere solidez institucional para preservar la cultura jurídica de un pueblo.