¿Menos horas, más calidad de vida? Los matices detrás de un gran eslogan

Esta reflexión surge tras recibir —literalmente— el eslogan de “trabajar menos, vivir mejor” estampado en camisetas, chapas y pancartas durante el pasado fin de semana. Más allá del lema, creo firmemente en el poder del debate social como motor de progreso. La negociación colectiva (trabajadores y empresas) ha demostrado ser un espacio de acuerdos fructíferos cuando no se ve sustituida por la imposición unilateral, como ocurrió en la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Legislar sin consenso genera vencedores y vencidos, y eso fragmenta una sociedad que necesita unión para afrontar sus desafíos. No lo deseo para mi país, al que considero tan plural como valioso. Apostemos por construir desde el entendimiento, no desde el decreto.

La reducción de la jornada laboral suena bien en titulares y discursos, pero ¿es viable en una economía tan heterogénea como la española? Detrás del eslogan de “trabajar menos para vivir mejor” se oculta un debate complejo sobre productividad, cohesión territorial y sostenibilidad del empleo que aún no ha sido abordado con el rigor que merece.

Una reforma con buena prensa pero con muchas incógnitas

En un contexto de creciente demanda de conciliación y bienestar, la idea de reducir la jornada laboral se ha consolidado como una propuesta de corte humanista. Sin embargo, su aplicación homogénea corre el riesgo de convertirse en una trampa conceptual: no todo el territorio nacional ni todos los sectores productivos pueden absorber este cambio sin consecuencias.

La España desigual: una única norma para realidades múltiples

Desde el punto de vista jurídico, imponer una jornada laboral uniforme podría vulnerar el principio de subsidiariedad reconocido en la normativa europea y debilitar el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 37.1 de la Constitución Española. Este derecho permite adaptar condiciones laborales a realidades específicas a través de convenios, figura esencial para preservar la flexibilidad del mercado de trabajo.

Madrid no es Zamora, como tampoco lo es Barcelona respecto a Cáceres. El tejido económico nacional se caracteriza por enormes desigualdades en términos de renta, costes de vida, estructuras empresariales y productividad. Aplicar de forma uniforme una jornada reducida rompe con principios básicos como la subsidiariedad o la flexibilidad negociadora de los convenios colectivos.

Los convenios existen precisamente para adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada sector y territorio. Ignorarlos en favor de una legislación centralizada supone recentralizar el Derecho del Trabajo, deslegitimando la negociación colectiva como pilar del equilibrio social.

(Imagen: E&J)

El espejo del salario mínimo: una advertencia previa

En apenas una década, el Salario Mínimo Interprofesional ha dejado de ser un simple indicador estadístico o de referencia teórica para convertirse en el salario real aplicado a un número creciente de sectores y trabajadores. Si bien su incremento ha reducido desigualdades salariales, también ha provocado efectos adversos: ralentización en la contratación, destrucción de empleo en sectores intensivos en mano de obra, y deslocalización de ciertas actividades.

La experiencia del SMI podría servir como advertencia. Las reformas laborales no pueden reducirse a mensajes aspiracionales. Necesitan análisis técnico, una valoración rigurosa del impacto territorial y una evaluación realista de los costes económicos. Además, ya existe un mecanismo más eficaz que la imposición: la negociación colectiva. Los convenios sectoriales y territoriales permiten adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada actividad y región. ¿Por qué intervenir desde la centralización en algo que ya funcionaba y ofrecía equilibrio entre trabajadores y empresarios?

Entre el simbolismo y la eficacia

Desde un enfoque jurídico, debe recordarse que el uso del decreto-ley está reservado a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, no como mecanismo ordinario para introducir reformas estructurales. En el ámbito laboral, donde existen herramientas normativas consolidadas —como la negociación colectiva y los convenios sectoriales— recurrir a la imposición desde el centro puede provocar desajustes innecesarios y romper equilibrios previamente alcanzados.

Legislar desde el escaparate —sin mirar al taller— supone un riesgo evidente: normas bienintencionadas en su discurso, pero contraproducentes en sus efectos. La clave está en diseñar políticas que equilibren derechos y viabilidad; que combinen equidad social con realismo económico —en términos de competitividad y productividad—; y que refuercen la cohesión territorial sin convertir el Derecho laboral en un campo de confrontación ideológica.

Por todo ello, más que imponer desde la norma general, conviene dar margen a la negociación entre las partes, canalizada a través de los convenios colectivos. Este instrumento, reconocido por la Constitución y desarrollado en el Estatuto de los Trabajadores, permite ajustar las condiciones laborales a la realidad de cada sector y territorio, promoviendo soluciones pactadas, sostenibles y adaptadas a la pluralidad de la economía española.

(Imagen: E&J)

Una economía abierta necesita flexibilidad, no rigidez

Desde una perspectiva económica, reducir la jornada sin ajustes proporcionales en productividad supone aumentar el coste unitario del trabajo, afectando negativamente a la competitividad, especialmente en sectores con márgenes reducidos como el comercio minorista o la agricultura. Según informes del Banco de España y AIReF, existe una brecha considerable de productividad entre regiones, lo que refuerza la necesidad de políticas laborales descentralizadas.

En un mundo globalizado y ultra competitivo, la capacidad de adaptación no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia económica. España depende cada vez más del turismo, un sector sensible a la productividad, a los costes laborales y a los márgenes operativos. Regular desde una lógica uniforme ignora la riqueza y pluralidad de nuestro país, y puede dañar más de lo que soluciona.

No se trata de renunciar a aspiraciones legítimas de mejora laboral, sino de alcanzarlas con inteligencia práctica. Hay sectores en los que una jornada inferior a 37,5 horas semanales es viable y deseable; en otros, puede que se necesiten 42 horas para mantener el empleo y la viabilidad del negocio. Por eso, lo más eficaz no es imponer desde arriba, sino pactar desde lo cercano: los convenios colectivos son el mejor instrumento para adaptar cada reforma a la realidad de cada industria y territorio.

Aprovechemos la diversidad que nos caracteriza como fortaleza, no como obstáculo. En la pluralidad bien gestionada está la clave de una regulación laboral justa, eficaz y sostenible.

Conclusión: la reforma laboral exige método jurídico y visión compartida

Cualquier reforma estructural en el ámbito laboral debería construirse sobre un método jurídicamente sólido, precedida de una rigurosa evaluación de impacto normativo que analice sus efectos sobre el empleo, la inversión y la cohesión territorial. Legislar desde la intuición política, sin evidencia empírica ni diálogo social, supone un riesgo innecesario para la estabilidad del sistema.

En lugar de imponer desde el centro, es preferible reforzar las herramientas ya existentes en nuestro ordenamiento, como la negociación colectiva y los convenios sectoriales. Estos instrumentos permiten adaptar las condiciones laborales a la diversidad de realidades productivas y territoriales de España, canalizando las reformas a través del consenso y la experiencia compartida.

La calidad de vida no se alcanza exclusivamente reduciendo horas, sino garantizando empleos estables, salarios dignos y un tejido empresarial competitivo. La clave está en legislar para todos, no solo para quienes figuran en las estadísticas de las grandes capitales.

Solo desde esa visión plural e inclusiva, la reforma laboral podrá consolidarse como un avance real y no como una promesa efímera.