No basta con ganar: la ejecución efectiva como nuevo foco en el Derecho de consumo

En los últimos años, la litigación en materia de Derecho bancario y de consumo ha permitido consolidar una doctrina cada vez más sólida en defensa del consumidor. Las resoluciones sobre tarjetas revolving, microcréditos o falta de transparencia en la contratación han contribuido a definir con mayor precisión los límites de determinadas prácticas financieras y a reforzar la posición del usuario frente a la entidad.

Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la efectividad de estos pronunciamientos no puede analizarse únicamente desde su contenido declarativo. La experiencia práctica pone de manifiesto que la verdadera eficacia del sistema no reside solo en el reconocimiento del derecho, sino en su cumplimiento real.

Durante años, el foco ha estado, lógicamente, en la obtención de una sentencia favorable. No obstante, la fase de ejecución ha seguido siendo, en muchos casos, un espacio de fricción. Diferencias en la interpretación de los fallos, discrepancias en la liquidación de cantidades o retrasos en el cumplimiento han obligado a numerosos consumidores a iniciar nuevos procedimientos, prolongando situaciones que, desde un punto de vista formal, ya habían sido resueltas judicialmente.

Este fenómeno plantea una cuestión relevante en términos de tutela judicial efectiva. El artículo 24 de la Constitución no se agota en el acceso a una resolución judicial, sino que comprende también el derecho a que dicha resolución se ejecute en sus propios términos. Desde la óptica del principio de efectividad, el reconocimiento del derecho pierde gran parte de su utilidad si su cumplimiento se dilata o requiere una nueva batalla procesal.

Todo ello se enmarca en el régimen de ejecución previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, particularmente en sus artículos 517 y siguientes, que regulan la efectividad de las resoluciones judiciales. Sin embargo, la aplicación práctica de este marco ha evidenciado que, en determinados ámbitos —especialmente en el crédito al consumo—, la ejecución no siempre se desarrolla con la agilidad y claridad que cabría esperar.

En la práctica, el incremento de la litigación bancaria en los últimos años ha puesto de manifiesto que muchos de los problemas no terminan con la sentencia. En procedimientos vinculados a tarjetas revolving o crédito al consumo, no son infrecuentes las discrepancias posteriores en la liquidación de cantidades, los retrasos en el cumplimiento o la necesidad de iniciar ejecuciones para obtener un resultado que ya había sido reconocido judicialmente. Esta situación no solo prolonga el conflicto, sino que incrementa los costes y el desgaste procesal del consumidor.

(Imagen: E&J)

La dimensión del problema resulta especialmente significativa. En nuestra trayectoria en Legalsha, con más de 25.000 sentencias firmes obtenidas en materia de consumo, se han tramitado cerca de 7.000 procedimientos de ejecución vinculados al cumplimiento de esas resoluciones. Es decir, en un porcentaje muy relevante de los casos, el consumidor no solo ha tenido que acudir a los tribunales para obtener el reconocimiento de su derecho, sino también para lograr su cumplimiento efectivo. Precisamente por ello, resoluciones que introducen mecanismos para evitar dilaciones o ejecuciones innecesarias adquieren una especial relevancia desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva.

Difícilmente puede hablarse de una tutela plenamente efectiva si el consumidor debe iniciar nuevos procedimientos para obtener el cumplimiento de un derecho que ya le ha sido reconocido judicialmente.

En este contexto, resulta especialmente significativo el cambio de enfoque que comienzan a introducir algunos órganos judiciales. Ya no se limitan a declarar la nulidad de un contrato o a reconocer el derecho del consumidor, sino que incorporan mecanismos dirigidos a garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución y a evitar dilaciones innecesarias.

Un ejemplo claro lo encontramos en una reciente resolución dictada en un procedimiento que llevamos en Legalsha sobre una tarjeta revolving, en la que, además de declararse la nulidad del contrato por falta de transparencia, el juzgado introduce una advertencia expresa a la entidad financiera en relación con la fase de ejecución. En concreto, se establece que la falta de cumplimiento voluntario en el plazo fijado, obligando al consumidor a acudir a la ejecución, podrá tener consecuencias adicionales.

La resolución va incluso más allá al prever una indemnización de 5.000 euros en caso de incumplimiento o actuación incorrecta en la liquidación, una previsión poco habitual en este tipo de procedimientos. Este elemento no es menor. Supone, en la práctica, introducir un mecanismo corrector dirigido a desincentivar comportamientos dilatorios y reforzar la posición del consumidor en una fase tradicionalmente conflictiva.

(Imagen: E&J)

En muchos años de práctica judicial, es la primera vez que observamos una resolución que pone el foco de forma tan directa en el cumplimiento voluntario y en las consecuencias derivadas de una ejecución innecesaria. Y precisamente ahí reside su relevancia.

Desde una perspectiva jurídica, este tipo de pronunciamientos introduce una evolución importante en la forma de entender la tutela judicial. El órgano judicial no se limita a resolver el conflicto, sino que anticipa posibles dificultades en su ejecución y actúa para evitarlas. Se pasa así de un modelo puramente declarativo a otro en el que la efectividad práctica de la resolución adquiere un protagonismo central.

Este cambio responde a una realidad constatada en la práctica diaria. En el ámbito del crédito al consumo, la ejecución de las sentencias ha sido tradicionalmente un punto de especial conflictividad, donde el cumplimiento diferido puede generar un desequilibrio adicional para el consumidor. La falta de homogeneidad en las liquidaciones, los retrasos en el cumplimiento o la necesidad de iniciar procedimientos adicionales han evidenciado una disfunción que afecta directamente a la eficacia del sistema.

Por ello, la introducción de advertencias y posibles consecuencias económicas vinculadas al incumplimiento voluntario supone un mecanismo que, sin alterar el marco normativo, puede incidir directamente en el comportamiento de las partes. Se refuerza así el principio de cumplimiento voluntario y se reduce la necesidad de acudir a la ejecución forzosa.

La cuestión de fondo es relevante: un sistema de protección del consumidor no puede medirse únicamente por el número de sentencias favorables, sino también por su capacidad para garantizar que esas resoluciones se ejecuten de forma rápida y efectiva. De lo contrario, el reconocimiento del derecho corre el riesgo de convertirse en una tutela incompleta.

Además, este tipo de resoluciones introduce un elemento de coherencia en el sistema. Si la finalidad del procedimiento es restablecer la posición del consumidor, la efectividad de ese restablecimiento no puede depender de actuaciones posteriores que, en muchos casos, reproducen el conflicto ya resuelto.

En definitiva, nos encontramos ante una evolución que contribuye a perfeccionar el sistema. Tras años de consolidación doctrinal en materia de consumo, el siguiente paso lógico es asegurar que esa doctrina se traduzca en efectos reales.

Porque, en última instancia, la protección del consumidor no puede terminar con una sentencia favorable. Su verdadera eficacia depende de que el derecho reconocido llegue a cumplirse de forma efectiva y sin obstáculos innecesarios.