Protección del informante: implicaciones laborales y penales de la Ley 2/2023 y su defensa procesal (versión actualizada con jurisprudencia 2025)
Análisis de las implicaciones derivadas de la protección de la persona informante
(Imagen: E&J)
Protección del informante: implicaciones laborales y penales de la Ley 2/2023 y su defensa procesal (versión actualizada con jurisprudencia 2025)
Análisis de las implicaciones derivadas de la protección de la persona informante
(Imagen: E&J)
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha transformado la cultura jurídica del cumplimiento normativo en España. Este trabajo revisado profundiza en las implicaciones laborales y penales derivadas de la protección de la persona informante, integrando la más reciente jurisprudencia y doctrina.
Marco normativo aplicable
El núcleo de protección se encuentra en los artículos 35 a 39 de la Ley 2/2023, complementados por las disposiciones adicionales sexta y final novena, que transponen la Directiva (UE) 2019/1937; en el apartado III del Preámbulo se especifica que “la finalidad de la norma es la de proteger a las personas que un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante mecanismos regulados en la misma”. Así el artículo 35 establece las condiciones de protección, el artículo 36 establece expresamente la nulidad de todo acto de represalia, invirtiendo la carga de la prueba en favor de la persona informante (art. 36.6). Asimismo, el artículo 9.1.j) obliga a remitir al Ministerio Fiscal cualquier indicio de delito detectado a través de los canales internos. Por último, los artículos 37 a 39 fija las medidas de apoyo o de protección.
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