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Reformas legales necesarias para agilizar la creación de empresas

Abogada manager área derecho corporativo y M&A en Ceca Magán

Tiempo de lectura: 6 min

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El marco legislativo actual frena la inversión y el emprendimiento en España. Desde hace años se ha venido hablando de la Ley de Startups y en los últimos meses parece que la elaboración del Anteproyecto puede ser una realidad.

Cuando hablamos de empresas emergentes o startups todos tenemos claro de qué estamos hablando, aunque no se haya desarrollado un régimen específico que fomente la creación de empresas de este tipo en España ni su desarrollo.



Entonces, ¿qué podemos entender por startups? Son empresas de reciente creación, fundadas por emprendedores con proyectos innovadores y disruptivos, con base generalmente tecnológica, con capacidad para crecer rápidamente y un gran potencial de desarrollo para el que se requiere, en la mayoría de las ocasiones, de financiación externa. Las inversiones vinculadas a este tipo de proyectos tienen un riesgo alto, por la incertidumbre asociada a su desarrollo y su posterior acogida en el mercado.

A simple vista nos damos cuenta de que este tipo de proyectos requieren de agilidad y de una serie de singularidades que las permite diferenciarse de los modelos tradicionales de negocio. Por ello, es importante que estas particularidades se tengan en cuenta desde el momento de su creación y también en estadios posteriores.

Uno de los primeros pasos para crear una empresa es abordar la constitución de una sociedad de capital (Foto: Economist & Jurist)

El marco jurídico actual de creación de empresas y su desarrollo

Uno de los primeros pasos para crear una empresa es abordar la constitución de una sociedad de capital, generalmente de responsabilidad limitada por ser el tipo societario que requiere de un capital social inferior (3.000 €).

Por tanto, el primer freno lo encontramos en la necesidad de disponer de los fondos que los socios fundadores deben aportar al capital social en el momento de la constitución. Estos costes pueden afectar al emprendedor de forma negativa en la creación de su empresa.

Del informe Doing Business 2020, se desprende que las regiones en las que la legislación exige desembolsar un capital social mínimo más alto están asociadas con: (i) una cifra inferior de constitución o de entrada de nuevas sociedades y (ii) con mayores barreras de acceso a la financiación externa, ya que las regiones que exigen un capital social mínimo inferior tienden a tener una regulación más estricta para la protección de inversores minoritarios.

Un segundo freno, lo encontramos en la obligación que tienen los socios e inversores de la sociedad de disponer, de forma previa al desembolso del capital social, de un número de identificación fiscal tanto para personas físicas (NIE, equivalente al DNI de los nacionales) y para las personas jurídicas (NIF, que para obtenerlo también se requiere de la solicitud del NIE de sus representantes cuando estos sean extranjeros).

Algunos inversores acuden a la concesión de préstamos convertibles en capital social

Este trámite puede demorarse días ya que para su solicitud se requiere disponer de cita previa, ante la comisaría de policía competente en el caso del NIE y frente a la delegación de la agencia tributaria para el NIF. En ambos el trámite es presencial, lo que en la mayoría de las ocasiones se traduce en que los inversores extranjeros recurran al otorgamiento de poderes a terceros, en quienes delegan este trámite, y si dichos poderes se otorgan fuera de España, como es habitual, es necesario proceder a su legalización (por ejemplo, a través de la Apostilla de la Haya) y a su traducción jurada para que puedan utilizarse en España.

Los siguientes pasos podrían demorarse más o menos dependiendo si procedemos a la creación de la sociedad a través del método tradicional, que llevará aproximadamente tres o cuatro semanas, o a través del sistema CIRCE, que permite la creación de la empresa en aproximadamente 24 horas.

Por ello, algunos inversores acuden a la concesión de préstamos convertibles en capital social (conocidos como “nota convertible”) con el fin de que la sociedad emergente pueda financiarse de una forma rápida a pesar de las trabas burocráticas. Esto no evitará que, con posterioridad, se deban convertir dichos préstamos (“notas”) en participaciones de la sociedad.

De forma adicional, la actividad de las startups y su régimen de inversión se encuentran sujetos a leyes de variada naturaleza como son la mercantil, tributaria, laboral o administrativa, que no tienen en cuenta las singularidades de estos modelos de negocio y que exigen el cumplimiento de requisitos gravosos. Estas son, entre otras, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que regula el crowdfunding, todas ellas superadas por la realidad del sistema emprendedor.

El nuevo y potencial marco jurídico de creación  de empresas y su desarrollo

El pasado 11 de febrero de 2021 el Gobierno presentó la “Estrategia España Nación Emprendedora” con 50 medidas de apoyo al talento y al emprendimiento innovador. Esta estrategia busca atraer inversión y hacer de España un lugar donde las startups puedan nacer, recibir financiación y escalar globalmente.

Dentro de esta estrategia, se abordará la aprobación de la Ley de Fomento del Ecosistema de Startups (también conocida como Ley de Startups). Para la elaboración del Anteproyecto de esta ley, el gobierno ha realizado una consulta pública previa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El pasado 11 de febrero de 2021 el Gobierno presentó la “Estrategia España Nación Emprendedora” (Foto: Economist & Jurist)

De esta consulta se desprende que dicha Ley pretende solucionar la falta de regulación específica y fomentar, como la propia consulta indica, este tipo de “actividad económica en alza que parte de valores favorables al talento y la meritocracia, constituido por nuevas empresas que cubren necesidades sociales y económicas en nichos de mercado no existentes, o aumentan la eficiencia y sostenibilidad de otros sectores”.

Los ámbitos de actuación que se plantean son: (i) definir el concepto de startups al que será de aplicación el nuevo régimen; (ii) simplificar las cargas administrativas, fiscales y laborales; y (iii) mejorar el régimen de financiación de crowdfunding.

Para ello, se está planteando:

  • Eliminar o reducir el requisito de desembolsar un capital social mínimo en el momento de la constitución de una sociedad. A pesar de que la idea de desembolsar un capital social mínimo se entendía inicialmente como una garantía frente a los propios inversores (y los acreedores). En este tipo de proyectos que implican un riesgo alto, la exigencia de un capital social mínimo no puede entenderse como una garantía para los inversores que de entrada ya están asumiendo este riesgo. Además, existen otros medios para proteger a los inversores minoritarios que pueden plantearse como alternativa al requisito del capital social.
  • Aprobar incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y también a la financiación e inversión en startups. Por ejemplo, incentivar la inversión de capital privado en emprendimiento en fase semilla a través de la aplicación de beneficios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e incentivar la reinversión de ganancias patrimoniales procedentes de estas inversiones, todo ello basado en el Seed Enterprise Investment Scheme británico o, por ejemplo, promocionar la inversión en venture debt como mecanismo de apoyo.
  • Acordar incentivos en materia laboral, de Seguridad Social, y apoyo a la captación y fidelización del talento. Por ejemplo, atraer talento especializado mediante un tratamiento fiscal más favorable en stock option y phantom shares y facilitar la obtención de visados para este tipo de profesionales. Asimismo, se plantea reformar de manera integral el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para adaptarlo a la realidad y revisar, entre otros aspectos, el modelo de cotización, aproximando las bases de cotización a sus ingresos reales, eliminando las rigideces del modelo actual.
  • Incentivar a las grandes empresas para integrar la actividad de las startups en su cadena de producción de bienes y servicios (el corporate venturing).
  • Simplificar las cargas administrativas y solventar los problemas de acceso a la financiación. Algunas medidas son: (i) facilitar la obtención del NIE para extranjeros; (ii) fomentar la constitución y creación de empresas y su reubicación en España, simplificando su tramitación, a través de medios telemáticos, y reducir los aranceles y tasas asociados.
  • Aprobar medidas de impulso al uso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de las startups en los proyectos de la Administración Pública, así como reducir los requisitos de solvencia económica y técnica para facilitar su concurrencia en las licitaciones.
  • Apoyar el desarrollo e internacionalización de las empresas a través del programa Scaleup Spain.
  • Crear la oficina de emprendimiento (ONE) y la Red Nacional de Centros de Emprendimiento (RENACE), una red de incubadoras, aceleradoras y venture builders con capacidad para desarrollar talento.

En consecuencia, y con el objetivo de favorecer la creación de empresas y su desarrollo, esperamos que este nuevo marco legislativo vea la luz lo más pronto posible.

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Anonymous
16 días atrás

Yo Sesta señorita Esther Pérez García es una persona muy seria , trabajadora y muy inteligente, gente como ella hay pocas, enhorabuena

Nombre
La