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Tiempos y plazos en la nueva Ley de Protección de Datos Personales

Socio fundador de Globalpacta

Tiempo de lectura: 8 min

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A mi padre, agradecidísimo.



La L.O. 7/2021, de 26 de mayo, “De protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuicia­miento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales” consta de 65 artículos, 5 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, otra derogatoria y 12 disposiciones finales. A lo largo de los ochenta y cinco temas, hemos loca­lizado prác­ticamente una cincuen­tena de previsiones legales sobre el transcurso de tiempos; se utilizan no solo horas, días, semanas, meses o años, sino, además, una serie de frases, algunas de las cuales, en apariencia concretas, inducen en la ambigüedad y pueden generar inseguridad jurídica.

“Hemos loca­lizado prác­ticamente una cincuen­tena de previsiones legales sobre el transcurso de tiempos” (Foto: Economist & Jurist)

  1. Tiempos sin reloj ni calendario

Englobamos en este apartado diversas frases (agrupadas en 7 categorías) utilizadas en dicha Ley Orgánica para referirse a tiempos:

1.1. Antes de otro hecho:

  • Con carácter previo. Cuando el tipo de trabajo a realizar, en especial si se utilizan nuevas tec­nologías, suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el respon­sable realizará una evaluación del impacto de la operación de tratamiento de la protección de datos personales. Artículo 35.1.
  • Antes de transmitir datos personales. Las autoridades competentes adoptarán las medidas razonables para garantizar la no trans­misión, así como que tampoco se pongan a disposición de terceros, datos no actualiza­dos, incorrectos o inexactos. Artículo 10.2.

1.2. Simultáneamente a un hecho:

  • Al mismo tiempo. Al transmitirse datos, se trasladará su calidad, exactitud y actualización. Ar­tículo 10.2.
  • En el momento del ingreso. Cuando una persona ingresa en prisión se deberán adoptar las medidas oportu­nas de higiene personal y se le facilitarán prendas de vestir adecuadas. Disposición final 1ª.

1.3. Enseguida:

  • De inmediato. Se remitirán al órgano competente las imágenes captadas de hechos que pudieran ser constitu­tivas de infrac­ción administrativa relacionada con la seguridad pública. Artículo 18.3.
  • Sin dilación. Las autoridades españolas informarán a la autoridad responsable de conceder la autorización pre­via, que se han trans­ferido a otro Estado datos personales, sin obtener la autoriza­ción previa, por motivos de ur­gencia. Se prevé que pueda efectuarse en los diez días siguientes a la transmisión. Artículo 43.2.

(7-11)    Sin dilación indebida:

  • El encargado de tratamiento notificará, al responsable del tratamiento, las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. Artículo 38.2.
  • Y en todo caso, en el plazo de un mes, deberá comunicarse al interesado que le han restrin­gido su derecho de acceso a sus datos personales y su derecho a rectificación o su­presión, y a pedir la limitación de su tratamiento. Artículo 24.2, en relación con los artículos 22 y 23.
  • Se informará por escrito al interesado, sobre el curso de su solicitud. Si no se resuelve expre­samente y se notifica en el plazo de un mes se entiende que ha sido desestimada. Ar­tículo 20.4.
  • Se deberán adoptar todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen los datos personales que sean inexactos con respeto a los fines para los que son tratados. Ar­tículo 6.1 d y 10.2.
  • Deberá informarse al destinatario en el caso que los datos transmitidos sean incorrectos o que se han transmitido ilegalmente. Artículo 10.3.
  • A la mayor brevedad posible. Deben ponerse a disposición judicial las grabaciones de imáge­nes y sonidos de los que resulte una infracción penal. Artículo 18.1.

“Se remitirán al órgano competente las imágenes captadas de hechos que pudieran ser constitu­tivas de infrac­ción administrativa relacionada con la seguridad pública” (Foto: Economist & Jurist)

1.4. Temporalidad en función de adecuación:

  • En plazo adecuado. A la naturaleza y circunstancias de un peligro existente o evento concreto, para autorizar el manteni­miento de dispositivos móviles de toma de imágenes y sonido, y en todo caso por un mes, prorrogable por otro. Artículo 17.2.

1.5. Temporalidad en función de necesidad o deber:

  • Cuando resulte necesario. Se revisarán y actualizarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que el tratamiento de datos personales se realiza con arreglo a esta Ley Orgánica o a la legislación sectorial. Artículo 27.1
  • Solo durante el tiempo necesario. Para cumplir los fines que son objeto de esta Ley Orgánica, el responsa­ble del tratamiento conservará los datos personales. Artículo 8.1.
  • Por un periodo no superior al necesario. Deben de conservarse los datos personales con la finalidad de poder identificar al intere­sado. Artículo 6.1 e.
  • Si a su debido tiempo. De no conseguirse la autorización, solo se permitirá la transferencia de datos, para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública de cualquier Estado y también para los intereses fundamentales de un Estado miembro de la Unión Europea. Ar­tículo 43.2.

1.6. Sin otro acto previo:

  • Sin consulta previa. Constituirá infracción grave, el tratamiento para un nuevo fichero, de datos personales, que puedan producir alto nivel de riesgo o daños. Artículos 36 y 59 m.

1.7. Después de otro hecho:

  • Al finalizar la prestación del servicio. El responsable del tratamiento, a su elección, deberá suprimir o devolver los datos perso­nales y también debe suprimir las copias, todo ello salvo legis­lación en contra. Ar­tículo 30.3.d.
  1. Tiempos de reloj

La citada Ley Orgánica establece también plazos de horas; son los siguientes:

  • 24 horas. Para comunicar al Delegado o Subdelegado del Gobierno, o a la autoridad competente de las Comu­nidades Autó­nomas, que tengan y ejerzan competencias asumidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, el uso de dispositivos móviles de captación de imágenes o sonido, sin el previo permiso, en caso de urgencia o necesidad. Ar­tículo 17.3, en relación con el 17.1.

(21-22)  72 horas:

  • Plazo máximo para poner a disposición judicial, aquellas grabaciones de imágenes y so­nidos de las que resulten hechos cons­titu­tivos de infracción penal. Artículo 18.1.
  • Desde que se tiene constancia de la violación de la seguridad de los datos personales para que el res­ponsable del tratamiento notifique el hecho a la autoridad de protección de datos. Artículo 38.1.
  • En caso de retrasar más de 72 horas en comunicar lo indicado en el número anterior, deberán justificar la dilación. Ar­tículo 38.1.
  1. Tiempos de calendario

3.1. Días

  • 20 días a partir del 27 de mayo de 2021, fecha de la publicación de esta Ley Orgánica en el Boletín Oficial del Estado para la entrada en vigor a excepción de las previsiones del capítulo IV, que contiene los artículos del 27 al 42, relativos a los responsables y encar­gados del tratamiento, que producirán efecto a los seis meses de la entrada en vigor de dicha Ley Orgánica. Disposición final duodé­cima.

“Desde la presentación por el interesado de su solicitud de información a la que tenga derecho, para en­tender que la petición ha sido denegada, si no ha sido resuelta expresamente y noti­ficada” (Foto: Economist & Jurist)

3.2. Semanas

  • 6 semanas, desde la consulta, para que la autoridad de protección de datos asesore, por escrito, sobre si un nuevo fichero podría producir peligro o alto nivel de riesgo para los derechos y libertades, con posibilidad de prorro­garse un mes. Ar­tículo 36.4.

3.3. Meses

(26-29)  1 mes:

  • Desde la presentación por el interesado de su solicitud de información a la que tenga derecho, para en­tender que la petición ha sido denegada, si no ha sido resuelta expresamente y noti­ficada. Artículo 20.4.
  • Para prorrogar las 6 semanas cuando por su complejidad la introducción de datos en un nuevo fichero pueda pro­ducir peligro o alto riesgo para derechos y libertades, para responder a la consulta del responsable y/o encargado de la protección de datos. Ar­tículo 36.4.
  • Plazo máximo, para informar al interesado sobre los motivos de la restricción de derechos, así como de las recla­maciones y acciones judiciales que pueda interponer. Artículo 24.2.
  • Plazo máximo, para responder a las autoridades de protección de datos de otros Estados de la Unión Europea a su solicitud de información y de medidas de control, consultas, inspec­cio­nes e investigaciones. Artículo 51.1.
  • 1 mes prorrogable por otro, periodo máximo para conceder autorización para el uso de dispo­sitivos móviles de captación de imá­genes y sonidos. Artículo 17.2.

(31-32)  3 meses:

  • Tiempo máximo para destruir grabaciones, desde su captación, salvo que exista investiga­ción policial en curso o está abierto un procedimiento ya penal, ya administrativo. Ar­tículo 18.3.
  • Para interponer recurso contencioso administrativo en caso de que la autoridad de protec­ción de datos no dicte la solicitada reso­lución expresa. Artículos 52.4 y 55.

(33-36)  6 meses:

  • Para denegar solicitud de información por ser repetitiva, salvo causa legítima de la nueva petición. Ar­tículo 20.5.
  • Para la prescripción de infracciones administrativas leves. Artículo 63.1.
  • Desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica para que produzcan efectos las previsiones contenidas en su capí­tulo IV titulado “Responsable y encargado de tratamiento”. Disposición final duodécima.
  • para la caducidad del procedimiento sancionador, desde su incoación, descontando para­li­za­ciones, si no se ha notificado reso­lu­ción. Los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Ar­tículo 64.1.

(37-38)  Más de 6 meses:

  • De paralización del procedimiento sancionador, se reinicia el plazo de prescripción. Ar­tículo 63.1.
  • De la paralización del procedimiento de ejecución, se reinicia la prescripción. Artículo 63.2.

3.4. Años

  • 1 año para la prescripción de sanciones impuestas por infracciones leves. Artículo 63.2.
  • Dentro del año siguiente de sufrir daños en bienes o lesión de derechos, el perjudicado puede pedir informe sobre la persona responsable de aquellos, interrumpiendo, con esta petición, la pres­cripción. Artículo 54.4.

(41-42)  2 años:

  • Para la prescripción de infracciones administrativas graves. Artículo 63.1.
  • Para la prescripción de sanciones impuestas por infracciones administrativas graves. Ar­tículo 63.2.

 (43-45)  3 años:

  • Para la prescripción de infracciones administrativas muy graves. Artículo 63.1.
  • Para la prescripción de sanciones impuestas por infracciones administrativas muy graves. Artículo 63.2.
  • De duración, no renovable, del mandato del primer nombramiento del titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protec­ción de Datos del Consejo del Poder Judicial. Disposición transitoria única.
  • 5 años, de duración, no renovable, del mandato del titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos. Disposición final segunda, 2.
  • 15 años de experiencia profesional, de juristas, en protección de datos, para que el Pleno del Consejo Fiscal pueda nombrar­los, por mayoría absoluta, para ocupar el cargo de estar al frente de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos. Disposición final segunda, 2.
  • 20 años, plazo máximo, con carácter general, para la supresión de datos personales. Artículo 8.3.
  • Más de 20 años, para la supresión de datos personales cuando no haya concluido la ejecución de la pena, haya reincidencia, o para proteger a la víctima y también por investigaciones abiertas o delitos sin prescribir. Artículo 8.3.

Conclusiones

  • A «Tiempos sin reloj ni calendario»: Llama la atención la diversidad de expresiones utilizadas por el legislador al intentar deter­minar los tiempos en que deben llevarse a cabo concretas actuaciones; así, las menciones “sin dilación”, “a la mayor brevedad”, “período no superior al necesario”, etc., las cuales, en realidad dejan indeter­minada la precisión del momento al que la norma se refiere, por lo que quedará en manos de la administración y, en última instancia, del juez, la concreción de si en cada caso se ha cumplido con la prontitud que la ley parece exigir. Estas locuciones pueden generar inseguridad jurídica, no sólo por su imprecisión, sino también por el empleo de palabras o frases distintas que denotan una misma idea temporal y cuyo uso dife­ren­ciado por el legislador no sabemos a qué matiz interpretativo diverso responden. En cambio, con la utiliza­ción de idénticos voca­blos, probablemente se habría dotado de uniformidad y seguridad a la aplicación de la norma.
  • B «Tiempos de reloj»: Se contemplan plazos de 24 y de 72 horas. En la práctica habrá que estar atentos a poder acreditar el momento inicial; por otro lado, la tecnología permite determinar con exactitud si la comunicación o el acto se ha llevado a cabo dentro de plazo. En caso de que esos períodos coincidan con un cambio horario, podríamos plantearnos alguna dificultad en si habrá que calcularlos de hora a hora (ganaremos o perderemos una hora, según el caso) o si habrá que contar las 24 o 72 horas con independencia de que coincida la hora final con la inicial.
  • C «Tiempos de calendario»: Evidentemente, en cuanto a los plazos por días, meses y años, habrá que tener en cuenta el artículo 5 del Código Civil, y, para las semanas, su correspondiente aplicación analógica (art. 4 CC).

En fin, necesitaremos, junto a la ley, el reloj, el calendario, el sentido común y prestar especial atención a la interpretación que vayan haciendo los tribunales de las diferentes previsiones temporales introducidas por el legislador.

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