Demanda de reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital frente al INSS, contra denegación por silencio administrativo de la reclamación previa formulada

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de 20-10-2021,  Letrada que actúa en nombre y representación de doña Inés, la que se confirma, sin hacer pronunciamiento sobre costas.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
PRIMERO.- El Juzgado de lo Social dictó sentencia en la que estimó parcialmente la demanda interpuesta por la beneficiaria, respecto al reconocimiento del ingreso mínimo vital, y ello por contemplar y cuantificar los ingresos que por cuenta ajena se habían percibido, lo que ha determinado una disminución del importe a abonar por la entidad gestora.
SEGUNDO.- Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora y en tres motivos, en los dos primeros, por la vía del apdo. c) del art. 193 LRJS, denuncia la infracción de los arts. 72 y 143 LRJS en relación al 24 CE, y sentencia que cita.
Se viene a sostener, y en ello radica la supresión que en el motivo tercero del recurso insta, hecho probado sexto, que la entidad gestora en el expediente administrativo no alegó la existencia de ingresos, de forma que no puede hacerlo actualmente, porque tal cuestión es revisable por ella en la vía administrativa.
El tema que se suscita, realmente, es si puede en la vista judicial alegarse un elemento diferente a aquél que se había esgrimido en la resolución administrativa.
Una precisión vamos a realizar inicialmente y es que en Decreto del Juzgado de lo Social 19-7-2021 se acordó la citación a las partes para el juicio y el requerimiento al INSS de la remisión del expediente administrativo, si bien se suspendió el acto judicial, acta de comparecencia de 15-9-2021, porque la entidad gestora señaló que no se había recibido la notificación; ello lo decimos porque esto explica el que no se remitiese previamente el expediente administrativo y conste en el ramo de prueba.
La sentencia recurrida precisa, Fundamento de Derecho primero, que no se ha discutido el Hecho Probado sexto.
En razón a lo anterior, y constando en el expediente administrativo los ingresos por cotizaciones en el período que comprende de 2019 a 2021, y, a su vez, la consulta de prestaciones familiares no contributivas, y de nóminas pagadas, es por lo que consideramos que siendo estos datos los que se desprenden del expediente, es posible que fuesen esgrimidos y examinados, y más si tenemos en cuenta que la denegación inicial de la prestación devino por lo que se consideró un incumplimiento del requerimiento de aportación de documentación que se había realizado a la trabajadora. En este sentido considerar que la doctrina del TS viene admitiendo la posibilidad de alegaciones respecto a la misma prestación (STS 10-3-2003, recurso 2505/2002).

Por lo referido es por lo que la sentencia de instancia al contemplar los ingresos de la trabajadora, en orden a un elemento de la prestación como es el de los umbrales de renta, no ha violentado ninguna de las normas indicadas, y ello determina, a su vez, que se mantenga el relato fáctico en los términos señalados.

Todo lo señalado determina el que se confirme la sentencia de instancia, sin costas.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, en nombre y representación de Dª Inés contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de País Vasco de fecha 3 de mayo de 2022, en el recurso de suplicación interpuesto por Dª Inés, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de fecha 20 de octubre de 2021, en el procedimiento seguido a instancia de Dª Inés contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre otros derechos seguridad social.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales», SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012), 22/07/2013 (R. 2987/2012), 25/07/2013 (R. 3301/2012), 16/09/2013 (R.
302/2012), 15/10/2013 (R. 3012/2012), 23/12/2013 (R. 993/2013), 29/04/2014 (R. 609/2013), 17/06/2014 (R. 2098/2013), 18/12/2014 (R. 2810/2012) y 21/01/2015 (R. 160/2014).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales,
SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012), 23/05/2013 (R. 2406/2012), 13/06/2013 (R. 2456/2012), 15/07/2013 (R. 2440/2012), 16/09/2013 (R. 2366/2012), 03/10/2013 (R. 1308/2012), 04/02/2014 (R. 677/2013) y 01/07/2014 (R. 1486/2013).

La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda interpuesta por la beneficiaria, respecto al reconocimiento del ingreso mínimo vital, y concretamente la estimación parcial se debe a que contempla y cuantifica los ingresos que por cuenta ajena había percibido la demandante, lo que determina una disminución del importe a abonar por la entidad gestora. La demandante, en suplicación, sostenía que la entidad gestora en el expediente administrativo no alegó la existencia de ingresos, de forma que no puede hacerlo actualmente, porque tal cuestión es revisable por ella en la vía administrativa.

La sala, en primer lugar, realiza una precisión indicando que en el Decreto que acordó la citación a las partes para el juicio y el requerimiento al INSS de la remisión del expediente administrativo no se notificó al INSS, lo que determinó la suspensión de la vista y lo que explica que no se remitiese previamente el expediente administrativo y conste en el ramo de prueba. Además, la sentencia de instancia precisa que no se discutió el Hecho Probado sexto, relativo a los ingresos percibidos por la trabajadora por cuenta ajena en 2019.

En razón a lo anterior, y constando en el expediente administrativo los ingresos por cotizaciones en el período que comprende de 2019 a 2021, y, a su vez, la consulta de prestaciones familiares no contributivas, y de nóminas pagadas, concluye la Sala que siendo estos datos los que se desprenden del expediente, es posible que fuesen esgrimidos y examinados, y más si tenemos en cuenta que la denegación inicial de la prestación devino por lo que se consideró un incumplimiento del requerimiento de aportación de documentación que se había realizado a la trabajadora. Por tanto, se
desestima el recurso de suplicación de esta.

Acude la demandante en casación unificadora insistiendo en que el INSS alegó en el acto del juicio hechos que no constaban en la resolución administrativa previa. Invoca de contraste la sentencia del TSJ de Castilla y León de 23/06/21 (R. 280/21) en la que la demandante solicitaba el incremento de la cuantía reconocida por el INSS en concepto de ingreso mínimo vital durante el año 2020. La sentencia de instancia estimó parcialmente su demanda fijándola en 589,93 euros.

Dicha sentencia fue recurrida en suplicación por el INSS con base en que, al no haberse admitido en fase de recurso la certificación de la Directora Provincial del SEPE de Soria de 19.3.2021, de conformidad con el art. 233 de la LRJS, activa ahora la petición subsidiaria de nulidad de actuaciones alegando el INSS que la sentencia de instancia adolece de falta de
fundamentación fáctica al no incluir los datos económicos necesarios para valorar la corrección de la cuantía de la prestación reconocida. La Sala transcribe el artículo 19 del Real Decreto-ley 20/2020 y la DT 1ª.3 en relación a la prestación transitoria de ingreso mínimo vital para 2020 y razona que esta normativa impone a la Administración una conducta activa destinada a recabar en el procedimiento administrativo los datos económicos de la beneficiaria, de manera que el INSS pudo y debió haber conocido antes del proceso los datos de desempleo que ahora invoca, tanto en relación con la existencia de la prestación como respecto a su importe, siendo solo a ella imputable su ausencia en sede judicial por lo que no puede ahora alegar como causa de indefensión un vacío probatorio que solo a ella es imputable.

Es evidente que no existe contradicción entre las sentencias comparadas, pues los debates son distintos: en el caso de autos la cuestión controvertida se centra en determinar si en el acto de la vista puede alegarse un elemento diferente del esgrimido en la resolución administrativa, razonando la Sala que a) el expediente administrativo no pudo ser aportado antes por el INSS porque cuando fue requerido no se notificó adecuadamente; b) no se discutió el hecho probado relativo a los ingresos percibidos por la trabajadora por cuenta ajena en 2019 y c) constan en el expediente administrativo esos ingresos por cotizaciones en el período que comprende de 2019 a 2021, la consulta de prestaciones familiares no contributivas, y de nóminas pagadas, por lo que estos datos que se desprenden del expediente podían ser alegados y examinados. Nada similar sucede en el caso de contraste donde la entidad gestora pretendió aportar en fase de recurso de suplicación una certificación del SEPE sobre prestación por desempleo percibida por la actora, alegando que la sentencia de instancia no incluía los datos económicos necesarios para valorar correctamente la cuantía de la prestación reconocida a aquella, lo que es rechazado por la Sala porque la entidad gestora pudo y debió haber conocido antes del proceso los datos de desempleo que ahora invoca, motivo por el que se desestima su recurso de suplicación.
SEGUNDO.- No contradicen lo anteriormente expuesto las alegaciones presentadas por la parte recurrente en el trámite de inadmisión, ordenadas a insistir en su pretensión. Sin embargo, ningún motivo conduce a apartarse del criterio sentado en las sentencias de esta Sala que se indican en el fundamento anterior, con lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.