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Casos de éxito

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

"La posterior tasación de los daños por parte de su compañía aseguradora mediante desmontado y peritaje del vehículo, los daños del vehículo ascienden a 4.434,60 €, formando un montante total de 6.314,00 € en concepto de daños materiales"

Instituto Nacional de la Administración Pública (Foto: Wikipedia)

Socio en Rojano Vera Abogados

Tiempo de lectura: 6 min



Casos de éxito

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

"La posterior tasación de los daños por parte de su compañía aseguradora mediante desmontado y peritaje del vehículo, los daños del vehículo ascienden a 4.434,60 €, formando un montante total de 6.314,00 € en concepto de daños materiales"

Instituto Nacional de la Administración Pública (Foto: Wikipedia)

  • Materia: Derecho Administrativo
  • Especialidad: / Derecho Administrativo / Responsabilidad Patrimonial de la Administración
  • Número: 13385
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
  • Documentalista: Alberto Delgado F.

Documentos originales presentados



(Foto: E&J)

El caso

Supuesto de hecho

  • Andalucía., 20-10-2016

El día 20 de octubre de 2016 Don J. se encontraba circulando por la vía pública de la ciudad con su automóvil cuando sufrió un accidente a causa de una arqueta de la vía que se encontraba en mal estado, de la que se derivaron una serie de daños en su vehículo.



En virtud de la posterior tasación de los daños por parte de su compañía aseguradora mediante desmontado y peritaje del vehículo, los daños del vehículo ascienden a 4.434,60 €, formando un montante total de 6.314,00 € en concepto de daños materiales.

El día 10 de noviembre Don J. lleva a cabo una reclamación al ayuntamiento por la arqueta en mal estado, no obstante, no recibe respuesta alguna. Tras el silencio administrativo negativo, Don J. eleva un recurso de reposición en vía administrativa, pero tampoco recibió respuesta. Por ende, al haber agotado la vía administrativa, Don J. se pone en contacto con el despacho de abogados para iniciar la vía judicial contencioso – adminstrativa.

Objetivo: cuestión planteada

Recibir una indemnización por los daños causados a su vehículo por la arqueta en mal estado.

La estrategia: solución propuesta

Interpondrá un recurso contencioso – administrativo reclamando una indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración pública.

El procedimiento judicial

  • Orden Jurisdiccional: Contencioso – Administrativo
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de primera instancia de lo contencioso – administrativo.
  • Tipo de procedimiento: Procedimiento abreviado.
  • Fecha de inicio del procedimiento: 02-04-2018

Partes

Recurrente:

  • Don J.

Recurrido:

  • Ayuntamiento.

Peticiones realizadas

Recurrente:

  • Solicita una indemnización por valor de 6.314,00 € en concepto de indemnización por los daños materiales fruto del accidente por el mal estado de la arqueta.

Recurrido:

  • No formulan.

Argumentos

Recurrente:

De la legitimación:

La representación legal de Don J. aduce que su representado se encuentra legitimado en virtud de lo expuesto en el art. 19.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que dice:

“1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.”

De la competencia y el procedimiento:

La competencia para el enjuiciamiento del caso corresponde a los tribunales del lugar en el que se produjo el hecho controvertido, tal y como estipulan los arts. 8 y 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Además, el art. 14 de esta mismo texto legal estipula lo siguiente:

“1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinará conforme a las siguientes reglas:

Primera. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.

Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

Tercera. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.

2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.”

El procedimiento adecuado para el litigio es el abreviado, al no superar la cuantía reclamada los 30.000 € tal y como establece el art. 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sobre la necesidad de indemnizar a Don J.:

El derecho de Don J. a reclamar contra la administración pública se desprende de lo expuesto en el art. 106 de la Constitución Española, que dice:

“1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

En virtud de la documentación aportada y las pruebas practicadas, ya alegadas sin éxito en el procedimiento adminstrativo previo al actual, la representación legal de Don J. entiende que el ayuntamiento debe indemnizar a su representado, ya que el accidente se debió al mal estado de la vía, y no es imputable a Don J., que se encontraba circulando de manera diligente. La necesidad de indemnizar por responsabilidad patrimonial de la administración pública se desprende de los arts. 32.1 y 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establecen:

“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.”

Recurrido:

No formulan.

Normas y artículos relacionados

Documental aportada

  • Reclamación previa.
  • Cédula de notificación.
  • Recurso de reposición.
  • Recurso contencioso – administrativo.
  • Providencia para pronunciamiento sobre la vista.
  • Escrito de alegaciones.
  • Sentencia.

Prueba

Documental:

  • Parte del accidente de la compañía aseguradora.
  • Fotografías del siniestro.
  • Reclamación administrativa previa.
  • Escrito de recurso de reposición.

Pericial:

  • Informe de perito de tasación de daños del vehículo.

Testifical:

  • No se practica.

Estructura procesal

  • Reclamación previa (vía administrativa).
  • Recurso de reposición.
  • Recurso contencioso administrativo.
  • Procedimiento contencioso – administrativo abreviado.
  • Sentencia.

Resolución Judicial

Se estima íntegramente el recurso contencioso – administrativo presentado por Don J., condenando al ayuntamiento al pago de 6.314,00 € en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración pública.

En virtud de la documentación aportada, el informe pericial y las pruebas practicadas en el procedimiento, el tribunal juzgador estima procedentes las peticiones formuladas por la recurrente, ya que se considera acreditado que el accidente fue provocado por una arqueta en mal estado, causando los daños en el vehículo de Don J. por valor de 6.314,00 €, cifra que deberá afrontar el ayuntamiento en concepto de indemnización.

En cuanto a las costas procesales, corresponde a la parte recurrida la imposición de las mismas, que es lo que corresponde al estimarse el recurso de manera íntegra.

Jurisprudencia

Formularios jurídicos relacionados con este caso

Biblioteca

Libros

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Suscriptor E&J2(@otrousername)
1 mes atrás

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Nombre
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