En las últimas semanas, se ha conocido la publicación de la Orden Administrativa N.º 25 por parte del Tribunal Supremo de Arkansas por la que prohíbe introducir datos en sistemas de inteligencia artificial. Mientras tanto, en España las resoluciones judiciales son públicas —previa anonimización— y no existe un veto semejante. ¿Debe el legislador español abrazar […]
