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Editorial

El agosto del nuevo ministro

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 2 min

Publicado

 

En la justicia española todo el mundo puede incumplir los plazos excepto los abogados y procuradores. Los últimos, abogados y procuradores, si lo hacen, si incumplen un plazo, cae sobre ellos el peso de la ley sin piedad. En España más del 76% de los abogados ejercientes trabajan en pequeños despachos, en los que la mayoría de asuntos, los asume en su totalidad un solo abogado. Ello implica que la mayoría de abogados en ejercicio, siempre dependen de los señalamientos. Si a un abogado le dan x días para contestar, ha de contestar dentro de ese término y en muchas ocasiones para poder hacerlo hay que estudiar, analizar pruebas, contactar con terceros  etc… Para esta mayoría de abogados, sin grandes estructuras administrativas,  ni equipos de apoyo, la única oportunidad de hacer vacaciones era agosto. Por otro lado no es cierto que en agosto, los procedimientos queden paralizados. La evacuación de cada providencia, auto, sentencia…, requiere de un proceso previo de razonamiento y creación, que es lo más importante y que en absoluto se interrumpe. Auxiliares, oficiales, secretarios y jueces siguen trabajando en agosto, con gran productividad ya que no ven interrumpida una parte muy importante de su función por la celebración de actos. Después de agosto, en septiembre, se dictan muchas más resoluciones que en otros meses del año. El sistema actual de agosto inhábil, que como es sabido no afecta a todas las jurisdicciones, no genera retraso alguno, no perjudica al ciudadano y sí beneficia al personal de los juzgados, secretarios, judicatura, abogados y procuradores.

Sr. Ministro, sabemos que su anuncio se realiza desde la buena fe, pero tal vez desde un conocimiento algo alejado del día a día de nuestros tribunales. Confiamos en que usted como hombre sabio que es, sepa rectificar, que es lo propio de las personas adornadas con dicha cualidad. Por último, recordar que según las encuestas de Economist & Jurist más de un 83 % de los abogados españoles están en contra de esta medida.





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