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Editorial

La Justicia no es un juego político

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Editorial

La Justicia no es un juego político



Distraídos por la dinámica del artificio político y su inane juego mediático, los ciudadanos viven de espaldas ante una realidad implacable: se plantea desgastar nuestra ya discutida separación de poderes. Se propone influir en la Justicia. Se traza el cálculo para, finalmente, debilitar nuestra ya mermada democracia.

Las tres principales asociaciones profesionales de la judicatura (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han denunciado ante la Unión Europea “la situación grave del Estado de Derecho en España”. La mayoría de los jueces españoles alzan su voz ante lo que consideran una intromisión política en el funcionamiento de la Justicia.

Como es sabido, durante la actual legislatura han ido sucediendo una serie de hitos que han levantado la seria sospecha de que el poder legislativo planea -ya sin disimulo- controlar el funcionamiento de la Justicia con fines netamente espurios.

Mayor laxitud para elegir a los vocales del CGPJ

Primero, sin escuchar a la mayoría de la judicatura ni de la comunidad jurídica y por una vía más que cuestionable -Proposición de Ley Orgánica en detrimento de Proyecto de Ley Orgánica-, sendos grupos parlamentarios presentaron ante la Mesa del Congreso de los Diputados una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que pretendía minorar la mayoría capaz de renovar los miembros del CGPJ.

En efecto, hasta ahora la mayoría necesaria para renovar a los vocales del CGPJ es de 3/5 de los votos del Congreso, es decir, serian 210 votos de 350 y en el Senado 159 votos de un total de 265 para la designación de los 12 miembros del CGPJ. Ahora se pretende que, si no se llega a acuerdo en primera vuelta, se renueven a los vocales por mayoría absoluta: bastarían 176 votos en el Congreso y 133 en el Senado.

Se trata de asegurar la introducción de vocales, que a su vez elijan a los jueces, atendiendo a la simple mayoría que sostenga al Gobierno. Se trata de eliminar un escollo para la elección de magistrados ad hoc.

Control de los vocales extralimitados en su mandato

Si bien es cierto que existía una laguna legal en cuanto a las competencias de los vocales del CGPJ cuando expirado su mandato seguían ejerciendo con normalidad sus funciones, también es cierto que la modificación introducida por la cual se limitan sus competencias una vez expira su mandato, tiene que ver con la incapacidad del legislativo para pactar una renovación del CGPJ y con la intención del ejecutivo de controlar el nombramiento de magistrados.

Se trata de una reforma que viene a acotar la independencia judicial y a subyugar sus funciones ante el poder político.

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)

Incluso nuestra ley procesal penal, que data del año 1882, no ha escapado de su instrumentalización por parte del ejecutivo y legislativo.

Ahora se pretende que los fiscales sean quienes asuman la instrucción e investigación, con la puntual intervención de un juez de garantías que autorice la adopción de posibles medidas que afecten a derechos fundamentales. Será el Ministerio Público quien se encargue a partir de ahora de informar a la opinión pública.

Si la Fiscalía, órgano cada vez más solapado con el ejecutivo, levanta sospechas sobre su falta de independencia, ahora conocemos que serán los fiscales, un órgano jerarquizado cuya cabeza también designa el Congreso, quienes instruirán los casos.

Tramitación de urgencia

Si no basta con el calado de tales reformas, el espectador quedará atónito cuando sepa que no han contado con el preceptivo y estético debate parlamentario, sino que se han aprobado a espaldas del escrutinio público y por vía de urgencia, para acortar plazos y no demorar su aprobación.

Lo que no es un debate interno se analiza desde Europa

España sufre, como muchos otros países, una convulsión movida por la pandemia y su correspondiente crisis, a todos los niveles. El foco mediático parece ponerse en cuestiones ajenas al funcionamiento de la Justicia pero, desde la Unión Europea alertan de la peligrosa deriva de nuestro entramado judicial.

Ya en octubre del pasado 2020 el Consejo de Europa amonestó a España porque tales reformas “no atendían a los estándares requeridos por la organización internacional” y además “generaban corrupción”.

Ahora, las tres principales asociaciones de jueces del país, es decir, la mayoría de nuestros jueces y magistrados lo dejan claro: “Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite”.

Nuestra defensa es la defensa de todos

Si el debate público suele ser ajeno al funcionamiento de la Justicia, nuestra comunidad debe, primero, ser plenamente consciente de una serie de arbitrariedades de alcance sistémico. Después, debemos adoptar una actitud responsable para con nuestra integridad, que es la integridad de nuestras libertades, de la democracia y de todos en su conjunto.

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