La pandemia laboral

Las circunstancias que han venido sobreviniendo a raíz de la crisis sanitaria derivada del contagio y propagación del Covid-19 ha obligado al Gobierno a aprobar medidas de urgencia encaminadas a paliar en lo posible el enorme impacto económico que la ralentización o paralización de la actividad productiva va a tener para las empresas y en particular en millones de puestos de trabajos que se han visto afectados. Así, decreto tras decreto se van acometiendo medidas de urgencia con la finalidad de facilitar la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas, con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados.

Pero no cabe duda que esta situación es transitoria, como lo es el espíritu de los ya conocidos ERTEs, y probablemente el mayor problema radique en las medidas que se deberán tomar con posterioridad a esta crisis sanitaria que nos conducirá – parece ser y según los indicadores- a una recesión y colapso económico incluso mayor a la de nuestros socios europeos y demás países de nuestro entorno, y ello porque el motor de nuestro país -y en donde sacábamos una enorme ventaja competitiva- ha sido completamente paralizado, y ello inevitablemente redundará en una enorme caída del PIB superior al resto de nuestros vecinos. Según las propias estimaciones de la OCDE, cada mes de confinamiento va a suponer un impacto de dos puntos negativos del PIB en su cómputo anual, y la brusca caída del empleo en estos meses no va a tener precedentes.

Por este motivo y dadas las circunstancias que se acontecen, no es momento en absoluto de volver a esas premisas “contra-reformistas” que abanderaban desde el propio gobierno en materia laboral, con fuerte dosis de mayor rigidez tales como volver a la supremacía del convenio sectorial y limitar la negociación empresarial, o derogar los descuelgues de convenio que en circunstancias adversas han salvado miles de puestos de trabajos.

Esta situación debe ser una ocasión de oro para que empresarios y trabajadores vayan más allá de la crisis inmediata y piensen en lograr una legislación laboral donde se anteponga el sentido nacional y no partidista, y no caer en un proteccionismo que en muchos casos parecen medidas positivas para el trabajador pero a la postre resultan ineficaces y hasta contrarias a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo porque el empresario no las puede soportar. La peor protección para el trabajador es un exceso de la misma.