Adigital presenta una propuesta para impulsar la simplificación normativa en el ámbito digital en el contexto europeo

Ya lo avanzó Cesar Tello, director general de Adigital, patronal de la economía digital, en una entrevista a Economist & Jurist el pasado mes de diciembre de que era necesario simplificar la normativa europea existente.

Ahora esta organización empresarial ha tomado la iniciativa y ha presentado una propuesta de simplificación para avanzar hacia un marco regulatorio más ágil, interoperable y orientado a resultados, que permita acelerar la transformación tecnológica, atraer inversión, fomentar empleo de calidad y posicionar a España como uno de los hubs digitales de referencia en Europa. En nuestro país la economía digital ya supone el 26% del PIB.

Según confirman a E&J desde esta entidad, Adigital se posiciona como la primera organización en plantear un marco de actuación. Además de contribuir al debate comunitario sobre la simplificación normativa en la economía digital, en un momento en el que la modernización regulatoria se considera un factor clave para reforzar la competitividad, atraer inversión y consolidar el liderazgo tecnológico de Europa frente a la creciente competencia global.

“En un momento en el que la Unión Europea cuenta con más de 34.000 normas en vigor, es necesario simplificar y armonizar el entramado legislativo. El objetivo no es desregular, sino de modernizar el marco manteniendo los principios europeos y adaptándolo a la realidad tecnológica”, explica Raquel Jorge, directora de Asuntos Públicos y responsable de la oficina de Adigital en Bruselas.

La propuesta identifica 13 ámbitos prioritarios para una revisión urgente, entre los que se encuentra la protección de datos, la ciberseguridad, la fiscalidad digital, la regulación de plataformas en línea, la sostenibilidad empresarial, el despliegue de infraestructuras digitales y la normativa sobre fintech e inteligencia artificial.

Entre las líneas estratégicas de la propuesta se incluye la integración de tecnologías de cumplimiento automático (RegTech y Enforcement Tech) que permitan reducir costes, mejorar la trazabilidad y facilitar la adaptación normativa en tiempo real. También plantea que toda nueva legislación digital sea evaluada mediante un análisis coste-beneficio que considere criterios jurídicos, económicos e innovadores.

Susana Voces, presidenta de Adigital, y Rafael Rilo, presidente de Boston Consulting Group (BCG), explicando que la economía digital ya es el 26% del PIB y por eso necesita una regulación más flexible. (Imagen: Adigital)

Evitar solapamientos en gestión de la IA

En el terreno de la inteligencia artificial, Adigital advierte de la necesidad de evitar que se solapen las evaluaciones de impacto, auditorías y obligaciones de gobernanza. Además, reclama mayor coherencia entre el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normativas relacionadas, con el objetivo de garantizar un marco regulatorio claro y eficaz.

Desde esta organización nos confirman que la propuesta encaja con el marco estratégico de los objetivos del Informe Draghi, presentado hace un año, el cual defiende una regulación digital más ágil, interoperable y eficiente, en áreas prioritarias de actuación como la inteligencia artificial, la computación cuántica y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas avanzadas, esenciales para situar a Europa a la altura de sus principales competidores globales.

Según dicha propuesta a la que ha tenido acceso Economist & Jurist, se propone en el ámbito digital la implementación de Enforcement Technology y RegTech para facilitar tanto la implementación normativa como los esfuerzos de simplificación regulatoria de la Comisión Europea.

En primer lugar, la automatización y digitalización del compliance mediante RegTech y SupTech podría reducir costes y mejorar la supervisión. Este mecanismo podría facilitar las propuestas de simplificación ya que permitiría desarrollar herramientas tecnológicas para facilitar la supervisión mediante la digitalización del compliance. Esto incluye publicar guías en formatos estructurados y legibles por máquina.

Asimismo, se propone establecer un portal europeo centralizado para licencias y reportes, y fomentar que las autoridades utilicen de forma centralizada y estandarizada.

Otra idea sería permitir pruebas reguladas de modelos tecnológicos en varios países bajo un mismo marco, con exenciones temporales y ruta acelerada a licencia completa. En este caso la experimentación con sandboxes o pruebas regulatorias controladas permiten a las empresas, especialmente pymes, startups y scaleups, experimentar con modelos innovadores bajo supervisión limitada.

También se plantea realizar evaluaciones regulatorias regulares para identificar áreas de simplificación y mejora. Además, se sugiere que, cada vez que entre en vigor una nueva regulación, se realicen guías para observar cómo interactúa con las anteriores, como es el caso de la futura evaluación de la interacción entre AI Act y GDPR. Este enfoque proactivo permite eliminar legislación desactualizada o redundante.

En cuarto lugar, se propone aplicar plenamente el principio once-only en toda la legislación digital de la UE, para que las empresas solo deban suministrar sus datos una vez. Además, sugiere reforzar la evaluación de impacto para pymes (SME Test), evitando que las normativas impongan cargas desproporcionadas a los pequeños negocios.

Como quinto elemento se quiere publicar versiones codificadas de los rulebooks de la UE, para garantizar y clarificar la relación jurídica entre normativas, incluyendo guías claras, especialmente en lo referido a la jerarquía de la ley, como lex generales vs. lex especiales.

El grupo de trabajo de Raquel Jorge, directora de Asuntos Públicos y responsable de la oficina de Adigital en Bruselas, ha presentado este miércoles una propuesta en esta ciudad europea de simplificación normativa. (Imagen: Adigital)

Gobernanza y evaluación de impacto

En sexto lugar, se desea asegurar que toda evaluación de impacto previa a la elaboración de una nueva legislación incluya un análisis específico sobre la gobernanza regulatoria. Esto permitiría evitar la creación innecesaria de nuevas estructuras de gobernanza que se solapen con las ya existentes y que compliquen aún más la implementación y supervisión del marco normativo digital, tanto para las empresas como para las autoridades.

En séptimo lugar, se plantea incorporar evaluaciones de interoperabilidad en las evaluaciones de impacto de nuevas normativas o revisiones legislativas. Este enfoque facilitaría el desarrollo de herramientas digitales que apoyen los procesos legislativos a nivel nacional, como, por ejemplo: la preparación de evaluaciones de impacto regulatorio, la recopilación de datos procedentes de consultas públicas, la redacción de normas, la transposición de directivas europeas, y la evaluación de leyes vigentes, por ejemplo, para detectar cargas regulatorias innecesarias.

Se propone añadir un componente formativo potente a disposición de las organizaciones en lo relativo a normativa y legislación que haga posible conocer las relaciones entre normas y leyes, así como las implicaciones reales de su no cumplimiento. El objetivo de esta formación es el de apoyar en los procesos de adecuación normativa de las organizaciones.

Asimismo, se propone incorporar al principio de toda regulación digital (artículo 1) que también tiene un “objetivo económico y de innovación”. Es el caso del primer sandbox financiero en Reino Unido.

Finalmente, se recomienda una agilidad en la gobernanza de regulación digital, tanto en el proceso de diseño como en la dimensión organizativa. En primer lugar, se plantea que, antes de cualquier opinión del EDPB, se realice un diálogo con la empresa afectada de manera transparente y dialogante, y no sea un mero receptor de una opinión cerrada que sirve como apoyo a cualquier decisión judicial en adelante.

Como segundo elemento, se propone una mayor interlocución entre agencias de protección de datos y entidades privadas para evitar la imposición de multas a través de un asesoramiento previo de necesidades de mejora para la empresa, de manera que evite, por un lado, seguir incumpliendo con cierta normativa y, que se limite el número de multas a dicha entidad.

En el ámbito organizativo, se plantea el modelo de disponer de una agencia centralizada que canalice el reporting y mecanismos de implementación de la normativa digital y que ésta, a su vez, distribuya a sus entidades correspondientes la documentación que ya ha sido notificada o entregada por la empresa.

Para Adigital, esta estrategia representa un “movimiento estratégico del sector empresarial español” en la agenda digital europea, buscando un entorno más propicio para la inversión, el empleo de calidad y el liderazgo tecnológico.