Adolfo Maillo, especialista en Civil y Mercantil: «Los jueces y magistrados están mal pagados para la responsabilidad que tienen y la función que desempeñan»

En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.

Adolfo Maillo, abogado fundador de Adolfo Maillo & Asociados, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?

Alfonso Maillo (A.M.): Mi opinión es que, tal y como está estructurada en la actualidad la Fiscalía, la instrucción de los procesos penales debe seguir en mano de los Jueces de Instrucción. Habría que hacer, con carácter previo a plantearse que los Fiscales asuman la instrucción, una profunda reforma del su Estatuto Orgánico para garantizar su independencia dentro del sistema jerarquizado y del procedimiento para el nombramiento del Fiscal general del Estado. Creo que, en general, los Jueces de Instrucción en la actualidad velan por los derechos de los investigados y los fiscales deben defender la legalidad en su intervención en la instrucción. El aparente contrasentido de que el Juez de Instrucción debe velar por los derechos del investigado y recabar pruebas contra él, en mi opinión no lo es tanto por un sistema tan garantista como el nuestro.

E&J: ¿Cuál es su visión de que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

A.M.: Me parece que la falta de jueces no debe cubrirse precipitadamente acudiendo a unas vías que relajen las condiciones de acceso a la carrera judicial. Se deben convocar más plazas, dotar de medios adecuados a los Juzgados vía presupuestos y reservar un número de plazas limitadas para el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio que, en mi experiencia, los que conozco, tienen una preparación suficiente y desarrollan su trabajo con la misma calidad que los jueces de oposición. Los jueces sustitutos con años de experiencia, en mi opinión también están, en general, capacitados para el ejercicio de la jurisdicción. El atasco judicial se soluciona con la creación de más Juzgados y Tribunales, dotándolos de medios materiales y humanos con cargo a los presupuestos.

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

A.M.: Habrá que esperar a las estadísticas para ver si realmente descongestionan los juzgados. Pero, a priori, no parece que vaya a ser muy efectiva la medida de los MASC contemplada en la Ley Orgánica 1/25. En general, la mayoría de los letrados que conozco intentan vías de solución, antes y durante la tramitación de los procedimientos. Los sistemas de ofertas vinculantes, con el castigo de las costas, no creo que vaya a ser la solución.

E&J: ¿Le parece bien la función que realiza su Colegio de la Abogacía?

A.M.: Vela por los valores deontológicos y, en mi opinión, debería tener una defensa más activa en los derechos de los Colegiados y en defender la dignidad de la profesión. En el ámbito disciplinario también ejerce su función. En asuntos como la emisión de dictámenes sobre tasaciones de costas, deberían ser más agiles y eficientes porque la lentitud en su emisión retrasa aún más la resolución definitiva de los procedimientos judiciales. La Ley Orgánica 4/24 reconoció a los Abogados cierto estatus en defensa de su dignidad, reconocimiento y respeto en el ejercicio de su profesión, que los colegios deben velar porque se cumpla. El CGAE acaba de aprobar un Reglamento de amparo colegial para los abogados. Ese es el camino.

E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?

A.M.: En general, tengo muy buena opinión de la misma. Es una profesión mal pagada para la responsabilidad que tienen y la función que desempeñan. Los Jueces y Magistrados, en general, sus funciones con empeño, vocación y sacrificio, aunque puedan no gustarnos alguna de sus resoluciones. No es una profesión fácil. Requiere conocimientos técnicos, sentido común y experiencia (para ser Pretor en la antigua Roma había que tener una edad de casi 40 años). El esfuerzo que requiere sacar la oposición y el día a día en el ejercicio de la judicatura no se compadece con su remuneración (pese a la actualización prevista en la Ley Orgánica 1/25). Es una profesión vocacional.

E&J: ¿Cuál es su opinión, en general, de la fiscalía española?

A.M.: Tengo buena opinión también, con carácter general de la fiscalía. Es una institución jerarquizada en defensa de la legalidad. El carácter independiente en sus decisiones puede ser difícil en determinadas ocasiones, como he dicho, es necesaria una reforma de su Estatuto Orgánico para garantizar su independencia, y también del procedimiento para nombrar al Fiscal General del Estado. Debería haber más unión entre los fiscales, precisamente por esa jerarquización.  Es muy importante su labor en defensa de menores y personas con discapacidad. En mi opinión, el hecho insólito de que el Fiscal General del Estado esté investigado en una causa penal, desprestigia la institución, a mayores, cuando no ha dimitido.