Adriana Rodríguez, abogada: «Aún queda camino por explorar, a fin de que los Colegios puedan tener un mayor peso en pro de los operadores jurídicos»

En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.

Adriana Rodríguez, Socia de Lacaci & Delgado Abogados, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?

Adriana Rodríguez (A.R.): Tal y como está planteada la reforma, vendría a incrementarse las funciones y el poder de la figura del Fiscal, sin que se establezcan contrapesos, ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora, rebajando o anulando de esa forma las funciones y el poder que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha otorgado y sigue otorgando en la actualidad al Juez instructor. Lo anterior, podría poner en riesgo la necesaria imparcialidad del responsable de la instrucción como juez independiente y no contaminado por el proceso y diferente del juez al que corresponde juzgar.

E&J: ¿Cuál es su visión de que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

A.R.: La propuesta para el posible acceso a la carrera judicial, sin necesidad de superar la oportuna oposición, podría rebajar el necesario nivel en cuanto a la formación y preparación de aquellos profesionales encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo cual, podría redundar en un empobrecimiento en la eficacia y la calidad de la Administración de Justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que tras la preparación y superación de dichas oposiciones aquellos profesionales parten de un nivel que está acreditado por la responsabilidad y eficacia con la que asumen tal función.

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

A.R.: Nos exige un plus de voluntad negociadora, cuando nos debemos a la defensa de nuestros clientes y sus intereses. Los escritos que inician las negociaciones se traducen en una mera formalidad; por defecto, se producirá la inadmisión de muchas demandas, en el caso de que no se aprecie voluntad negociadora; no habrá vistas en la mayoría de los procedimientos, de modo que habrá que enseñar todas las cartas, desde un inicio; y, por último, la dilatación en el tiempo, por cuanto una negociación puede llegar a alcanzar 3 meses, al haber plazo para una contra réplica. Sin olvidar tampoco, que dicha mediación obligatoria tampoco es oportuna en determinados procedimientos en los que ya se conoce la imposibilidad de alcanzar ningún tipo de acuerdo.

E&J: ¿Le parece bien la función que realiza su Colegio de la Abogacía?

A.R.: Los Colegios de Abogados, en general, ofrecen cuestiones de interés para el ejercicio de nuestra profesión. El hecho de pertenecer a un Colegio Profesional permite contar con algunas herramientas muy necesarias en nuestro día a día. En cuanto a otro tipo de necesidades, como pueda ser la representación institucional en defensa de la profesión, los Colegios, deben de estar por la protección tanto de los derechos de los abogados como de los justiciables, promocionando la ética jurídica. En esta última vertiente, considero que aún queda camino por explorar, todo ello a fin de que dicho Colegio pueda tener un mayor peso en pro de los operadores jurídicos a quienes representa y debe potenciar, en igualdad del resto de operadores.

E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?

A.R.: En primer lugar, quiero reseñar que el sistema democrático en España se asienta, entre otros, en el pilar fundamental del Poder Judicial, el cual, debe ser independiente y no sometido a ninguna presión o injerencia de los otros poderes del Estado.

En segundo lugar, y en línea con lo anterior, debo destacar que la inmensa mayoría de jueces y magistrados llevan a cabo su labor respetando absolutamente los principios de independencia y únicamente sometidos al imperio de la Ley.

En tercer lugar, la inmensa mayoría de estos jueces y magistrados desarrollan su actividad desde las bases de una formación jurídica excelente, así como de una muy cualificada preparación, si bien, se encuentran sometidos a un exceso de carga de trabajo, por la falta de medios técnicos y humanos de los que adolece la Administración de Justicia en España, así como de unas injustificadas presiones, de carácter político y por razones ajenas a su profesión. Todo ello redunda en perjuicio de los ciudadanos y muy concretamente en los justiciables.

E&J: ¿Cuál es su opinión, en general, de la fiscalía española?

A.R.: La figura jurídica de la Fiscalía en España cumple un papel necesario, entre otros, en base a preservar el principio de legalidad. Las funciones que desarrolla la Fiscalía son diversas y casi todas ellas de suma importancia. Por poner un ejemplo, cumplen también el papel de valedores de los intereses superiores de las personas vulnerables, menores, etc.

Como antes apunté respecto a los Jueces y Magistrados, la inmensa mayoría de los Fiscales cuanta con una excelsa preparación técnico – jurídica, encontrándose muy especializados dentro de las materias de su responsabilidad.

Como punto de crítica, la estructura por la que se rige la Fiscalía en España considero que podría modificarse en el sentido de desjerarquizar su propia estructura, a fin de cumplir también con los pilares básicos del Estado, entre otros, la división de poderes. Una reforma de la institución ha de ir enfocada a dotarla de autonomía, asegurando que sus miembros pueden ejercer sus funciones desde la estricta imparcialidad y legalidad.