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Noticias Jurídicas

Afectados de talidomida acuden a la Fiscalía para denunciar un posible delito de prevaricación del Gobierno

El Ejecutivo no ha pagado las indemnizaciones fijadas en la Ley de Presupuestos de 2018 para estos afectados

Fiscalía General del Estado (Foto: Archivo)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 4 min



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Afectados de talidomida acuden a la Fiscalía para denunciar un posible delito de prevaricación del Gobierno

El Ejecutivo no ha pagado las indemnizaciones fijadas en la Ley de Presupuestos de 2018 para estos afectados

Fiscalía General del Estado (Foto: Archivo)



Por espacio de más de una hora, afectados de talidomida, vertebrados a través de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), asociación que defiende desde hace 20 años sus derechos, se ha personado en la Fiscalía para explicar a Pilar Fernandez, fiscal de Sala delegada en Materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el Proceso Penal la denuncia interpuesta hace unos días por un posible delito de prevaricación del Gobierno de Pedro Sánchez que sigue sin pagar las indemnizaciones fijadas en la Ley de Presupuestos de 2018 para estos afectados.

A esta reunión acudieron Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, Ignacio Martínez asesor jurídico de esta asociación y Luis Ruiz, asociado y también afectado por talidomida, quienes aportaron documentación adicional a la ya presentada en la Fiscalía para denunciar la situación que vive este colectivo, alejado de cualquier ayuda.

Para Basterrechea “valoramos positivamente la respuesta de la Fiscalía, con a que nos hemos reunido en apenas una semana desde que pusimos en conocimiento del Ministerio Público estos hechos, por si pudieran ser constitutivos de delito. Hemos visto que la señora fiscal había estudiado el tema y con la documentación aportada y nuestras respuestas a sus preguntas le hemos dado más información sobre este asunto”.

“Entre los documentos aportados se ha presentado alguno del Ministerio de Sanidad, en el que se pedía que se aprobara de forma urgente estas indemnizaciones porque en los últimos años algunos compañeros fallecieron sin recibir esas ayudas”, explica Basterrechea,, quien añade que también se ha aportado “la prueba de que Sanidad no había hecho ninguna gestión con Grunenthal, farmacéutica que comercializó la talidomida, para pagar su parte de nuestra compensación, cuando así la ley se lo ordenaba”.

Por su parte, Luis Ruiz explica a Economist & Jurist que “creo que lo más importante de esta reunión con la fiscal ha sido el cambio de mentalidad que hemos visto que ha tenido al reunirse con nosotros. Creo que venía con una idea preconcebida, pero al explicárselo al detalle creemos que lo ve de otra manera”.

De izquierda a derecha, Ignacio Martínez, asesor jurídico, Rafael Basterrechea, vicepresidente y Luis Ruiz, asociado de AVITE. (Foto: E&J)

Desde su punto de vista, “nosotros creemos que hay indicios claros de prevaricación en la actuación de Sanidad para con nosotros. Se ha aprobado una partida presupuestaria muy escasa para pagar a nuestro colectivo, aún a sabiendas de que era insuficiente para dar respuesta a aquella Ley de Presupuestos Generales del 2018 que nunca se ejecutó y que sigue esperando en un cajón que se reactive”.

Fuentes relacionadas con esta reunión confirman a Economist & Jurist el interés de la fiscal de Sala en el tema. Parece que la fiscal de Salase ha comprometido a responder a los afectados de AVITE en dos semanas. Va a elaborar un informe en los próximos días que acabara en la mesa del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, quien será el que tome la decisión final.

Estudio a fondo de la cuestión

La Fiscalía se ha comprometido este miércoles a estudiar la petición de AVITE, que pide que se abra una investigación por si el Gobierno hubiera incurrido en «un presunto delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal actual al no haber cobrado aún ayudas aprobadas en los presupuestos hace cinco años”.

Por su parte, Ignacio Martínez, asesor jurídico de esta asociación de afectados, explicaba que “le hemos planteado a la fiscal que se podría estar cometiendo un ilícito penal, al haber una ley de 2018 que obliga al Estado pagar unas ayudas. Esas ayudas no se han pagado en cinco años. Lo que se pide a la fiscal es que investigue por qué no se ha ejecutado ese Real Decreto que contenía las indemnizaciones. Se habla de 20 millones en cada partida presupuestaria, cuando hacen falta entre 100 a 120 millones de euros”.

Desde AVITE se ha explicado a la fiscal Fernández que “desde hace cinco años se incluye en la Ley de Presupuestos una partida de 20 millones cuando se es plenamente consciente que la cantidad necesaria para satisfacer a las 127 afectados por la talidomida asciende a los cien millones. Estaríamos hablando de una quinta o sexta parte de lo que es necesario, por lo que se podría estar incurriendo en una prevaricación administrativa” aclara Martínez.

Imagen de la última asamblea de AVITE. (E&J)

Con esta situación enquistada, AVITE ha argumentado su petición a la Fiscalía en que «el delito de prevaricación es aplicable cuando se dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta o contraria a la ley. Queremos que la fiscalía investigue y llegue al fondo de este asunto”, señalan.

La talidomida es un fármaco que se comercializó en los años 50 y 60 como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones. En España, según aclara Basterrechea, se siguió comercializado hasta los años ochenta.

La principal malformación que causó en los fetos fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. España es el único del mundo que no ha compensado aun a las víctimas de la talidomida. “No tienen ninguna ayuda. En España hay seiscientas personas que viven con esta enfermedad crónica”.

El comité de expertos creado por Sanidad con sede en el Instituto Carlos III de Madrid sólo reconoció a 127 personas como afectadas reales por la talidomida en una decisión muy polémica contestada desde otros estamentos médicos. “La fiscal Fernandez se ha comprometido a una respuesta rápida en este asunto. En función de la resolución veremos si seguimos con la denuncia en el futuro. Según lo que pase iremos decidiendo”, apunta Martínez.

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