ALTODO cuestiona el modelo de justicia solidaria pro-bono de los despachos de abogados: es voluntarista e individual

A los problemas actuales de la justicia gratuita en nuestro país, actividad mal pagada que está generando un interminable goteo de bajas de abogados y abogadas adscritos y la falta de relevo generacional, con muy pocos letrados por debajo de los 30 años que se inscriben en este servicio a los vulnerables, ALTODO cuestiona el papel del pro bono a través de la Fundación Pro bono España que aglutina a la mayor parte de despachos de abogados del país.

En un comunicado recibido por este medio de su Junta Directiva, desde ALTODO la Asociación de Letrado/as por un Turno de Oficio Digno expresa su “profunda preocupación ante la creciente promoción del modelo anglosajón ‘pro-bono’ en el ámbito jurídico español, especialmente tras la reciente publicación en El Periódico en la que se ensalza la denominada ‘justicia solidaria’ y la actividad de la Fundación Pro-Bono España”.

Desde esta entidad se insiste en que Fundación Pro Bono España es una organización sin ánimo de lucro que coordina, promueve y difunde el trabajo y cultura pro bono con el fin de facilitar el acceso al Derecho y a la justicia a entidades sin ánimo de lucro, con pleno respeto del marco de actuación del sistema de asistencia jurídica gratuita.

Se trata de una organización con vocación integradora que constituye un vehículo de intermediación entre las entidades sin ánimo de lucro y los profesionales del Derecho, la universidad y los principales actores pro bono a nivel internacional.

El camino recorrido se ha reflejado en distintos reconocimientos, entre los que destaca el Premio Expansión Jurídico a la Mejor Iniciativa Pro Bono y el Premio Ayuda Activa de McKinsey Company, recibidos en 2022. Además, durante el 2023 recibió el Premio de la Agencia Española de Protección de Datos a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su Modalidad A; y el Premio APTÍSSIMI, de referencia en la abogacía de los negocios de nuestro país, promovido por ESADE Alumni, en la categoría de ’Contribución al sector y a la sociedad’.

En 2024 fueron reconocidos en la primera edición de los premios organizados por Inkietos en la categoría ‘Impacto Social’. En 2025, recibimos el Premio Economist & Jurist a la Excelencia en la Práctica Jurídica en la categoría de ‘Mejor Proyecto Pro Bono’.

Para su directora ejecutiva, Leire Larracoechea, “es un honor y un orgullo haber recibido estas distinciones por parte de las organizaciones de referencia en los ámbitos jurídico y social; reconocimientos que dedicamos a las entidades del Tercer Sector, nuestra razón de ser, por su reiterada confianza en nuestra labor y, cómo no, a los profesionales del Derecho de nuestra red, por su compromiso, implicación y trabajo en nuestros proyectos e iniciativas pro bono. Juntos, seguimos sumando”.

Abogados del Turno de Oficio prestan ese servicio las 24 horas de los 365 días del año en función de las necesidades del servicio. (Imagen: ALTODO)

Conflicto de intereses

Sin embargo, pese a que desde fuera parecen dos realidades distintas, ALTODO ve un conflicto de intereses. Para esta asociación se insiste en que “el acceso a la justicia no puede quedar en manos de la buena voluntad individual, sino que debe estar garantizado por un sistema público, universal y con garantías, como establece la Constitución”.

Para África Calleja, presidenta de la entidad, que recientemente apadrinó el libro de Manuel Valero, expresidente de ALTODO, sobre la historia de esta asociación, acto celebrado en el ICAM, “en el contexto actual, es fundamental diferenciar claramente entre el Derecho a la asistencia jurídica gratuita y las iniciativas voluntarias conocidas como probono”.

Aunque estas últimas reflejan una valiosa vocación de servicio, su carácter voluntario, limitado y no universal no permite que aseguren por sí solas el acceso igualitario a la justicia, “por eso, no pueden ni deben sustituir al sistema público que garantiza una defensa en condiciones de equidad para quienes no tienen recursos”.

Desde ALTODO se recuerda que el artículo 119 de la Constitución Española establece que la justicia será gratuita cuando lo determine la ley y, siempre, para quienes no tengan recursos suficientes. No es solo una declaración, sino una obligación legal propia de un Estado social y democrático de Derecho.

Este principio se aplica a través del sistema público de justicia gratuita, basado en el Turno de Oficio. La Ley 1/1996, de 10 de enero, garantiza una atención jurídica uniforme, universal y controlada por el Estado, para que cualquier persona reciba defensa efectiva en igualdad de condiciones. “Este sistema, financiado con dinero público, no solo incluye abogado y procurador, sino también otros servicios como peritajes, exención de tasas judiciales y asesoramiento previo. Además, su gestión por parte de los colegios profesionales asegura calidad, independencia y respeto a las normas éticas”, señalan desde ALTODO.

Para la presidenta de la Asociación “defender los derechos fundamentales es una obligación del Estado. La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, sobre el Derecho de Defensa, refuerza en su artículo 4 que la asistencia jurídica debe ser universalmente accesible para garantizar ese derecho en igualdad”.

En el ICAM hubo hace unos días la reunión de ALTODO para presentar el libro de Manuel Valero, expresidente sobre la asociación. (Imagen: ALTODO)

La justicia gratuita es una responsabilidad del Estado

En resumen, para ALTODO, asociación presidida por la abogada África Calleja, “la justicia gratuita no es una opción, sino una responsabilidad del Estado. Defender su carácter público y garantista es defender el principio de igualdad ante la ley”.

Frente a esta estructura sólida y garantista, la asistencia pro bono, por su propia definición, es voluntaria, esporádica y carece de un marco institucional que asegure su prestación a todo aquel que la necesite.

Para esta asociación, “confiar el acceso a la justicia de los más vulnerables a la discrecionalidad de despachos o profesionales individuales es transformar un derecho subjetivo del ciudadano en un acto de caridad.”

Esto puede generar graves desigualdades: un ciudadano podría recibir asistencia o no dependiendo de la disponibilidad, el interés mediático de su caso o la política de responsabilidad social de un bufete.

Sobre el pro bono, se indica desde este colectivo que en el sistema anglosajón, especialmente en Estados Unidos, la asistencia legal a personas sin recursos presenta serias limitaciones. No se trata de un derecho garantizado, sino de una ayuda voluntaria que depende del interés o disponibilidad de cada abogado o firma, lo que genera una cobertura irregular y desigual: “El acceso a un abogado pro bono se vuelve incierto, pues depende de la suerte de encontrar a alguien dispuesto a asumir el caso sin remuneración. Además, suele priorizarse la atención a asuntos con mayor repercusión mediática o interés profesional, dejando de lado los problemas legales más comunes que afectan a la población vulnerable”.

Para la junta directiva de ALTODO, “el acceso a la justicia y la defensa de los derechos fundamentales son deberes del Estado, no favores. Los modelos basados en la iniciativa privada son insuficientes y generadores de desigualdad, especialmente frente a grandes corporaciones. Sin un respaldo público firme, el ciudadano queda desprotegido. La solución pasa por reforzar el sistema público de justicia gratuita, con financiación adecuada, reconocimiento a los profesionales del Turno de Oficio y mejora continua, asegurando así una justicia universal y efectiva como derecho fundamental”.

Fundación Pro Bono España es una iniciativa que una a despachos y clínicas jurídicas para asesorar a entidades del tercer sector. (Imagen: Fundación Pro Bono España)

Sociedad justa con justicia para todos

En el citado comunicado se insiste en que una sociedad justa es aquella que garantiza a todos sus ciudadanos, sin excepción, la posibilidad de vivir con dignidad y de contar con un camino claro y accesible para acceder a la protección legal cuando la necesiten. El acceso a la justicia no puede ser un privilegio, ni un acto de gracia hacia el ciudadano; debe seguir siendo, como lo consagra nuestra Constitución, un pilar fundamental e irrenunciable del Estado de Derecho.

Durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 surgieron numerosas iniciativas solidarias, también dentro de la abogacía. Sin embargo, como ya advirtió el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en su comunicado del 3 de abril de 2020, se detectaron prácticas contrarias a la ética profesional, especialmente en lo relativo a la publicidad de servicios jurídicos. En tiempos de crisis —recordaba el ICAM— resulta aún más imprescindible extremar el rigor deontológico y actuar con responsabilidad.

Desde ALTODO se advierte que “el carácter selectivo de muchas acciones pro-bono pone en entredicho su legitimidad: se ofrecen servicios gratuitos a organizaciones que no siempre acreditan falta de recursos, lo que distorsiona el principio de justicia gratuita. En muchos casos, no hay criterios claros para determinar quién merece esta ayuda, ni control público sobre la labor de las fundaciones que la prestan. La supervisión de la calidad, la rendición de cuentas y la transparencia brillan por su ausencia”.

También indican que bajo un discurso altruista, estas prácticas pueden esconder estrategias de posicionamiento corporativo, donde lo social se convierte en una herramienta de marketing reputacional. Lejos de ser un ejercicio genuino de solidaridad, muchas veces se trata de una forma de construir marca a costa del prestigio que otorgan ciertos vínculos con lo público.

Para este colectivo hay alguna cuestión por aclarar, como “la falta de garantías para los usuarios, la escasa información sobre la formación de los profesionales, el cumplimiento de la normativa deontológica y la existencia de mecanismos de control siguen siendo asuntos opacos y preocupantes”.

Uno de los principios clave de ALTODO durante sus 20 años de trayectoria ha sido defender con firmeza que las iniciativas voluntarias nunca pueden reemplazar al sistema público de asistencia jurídica ni usarse como medio de promoción institucional. “Desde el inicio, hemos sostenido que el Turno de Oficio no elige a quién atender, no busca notoriedad y no desaparece después de una foto. Está siempre disponible, las 24 horas del día, los 365 días del año, prestando asistencia con profesionalidad, vocación e independencia”, señalan desde la Asociación.

Puede ser competencia desleal

A este colectivo les preocupa además el riesgo de competencia desleal. Grandes despachos, con más recursos y visibilidad, pueden asumir casos gratuitos en condiciones que distorsionan el mercado y perjudican a los pequeños y medianos bufetes, que son quienes históricamente han acercado la justicia a los ciudadanos. Si esta dinámica continúa, se vaciará el tejido profesional más frágil y se dará paso a una privatización encubierta del Turno de Oficio.

Recordamos que estamos ante un servicio público esencial, regulado por normas que garantizan su independencia, equidad y vocación de justicia, siempre al servicio del interés general.

Desde ALTODO “exigimos respeto al sistema público de asistencia jurídica gratuita. No se puede permitir que sea sustituido por iniciativas privadas, aunque se presenten como bienintencionadas. La justicia no puede depender de la voluntad de unos pocos, por influyentes que sean”.

La conclusión final es que “el acceso a la justicia es un derecho, no un negocio. Defender el Turno de Oficio es defender a la ciudadanía, especialmente a quienes más lo necesitan. Esto requiere un compromiso claro con lo público, la ética profesional y la igualdad ante la ley. No es una moda ni una campaña, sino una responsabilidad fundamental en una sociedad democrática”.