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Análisis jurídico de “okupación”: diferencias entre usurpación y allanamiento de morada



I. Introducción

El artículo 47 de la Constitución Española establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”

En los últimos días, están apareciendo en los medios de comunicación de forma recurrente noticias sobre “okupaciones” de viviendas mientras sus legítimos propietarios se encontraban de vacaciones, pasando un fin de semana, o incluso comprando, lo que ha creado una gran alarma social, en tanto subyace la opinión, de que una vez se han metido los “okupas” en tu domicilio es muy difícil y costoso desalojarlos, siendo necesario en ocasiones acudir a empresas especializadas en desalojos.

Debido a esta preocupación, la Fiscal General del Estado, Dª. Dolores Delgado, en el acto de apertura del año judicial ha anunciado una próxima instrucción a los fiscales para hacer frente a la ocupación de viviendas.





Por otro lado, se ha creado la idea de que si entra un okupa en tu domicilio particular y han transcurrido 48 horas desde que se produjo esa ocupación, ya no es posible desalojarle, debiendo el propietario legal del inmueble, continuar con el abono de todos los gastos y consumos de la vivienda hasta que exista una resolución judicial que acuerde el lanzamiento, lo que no es cierto.





Hay que diferenciar los supuestos en los que la ocupación se realiza de forma pacífica en una vivienda propiedad de un banco, fondo buitre o de un particular que se encuentra vacía, que constituye una usurpación, de cuando se produce en un domicilio que constituye morada, en cuyo caso nos encontramos ante un allanamiento de morada.

Conforme a la primera acepción del Diccionario de la Real Academia Española, ocupar es “tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él”[1], lo que implica una cierta continuidad en el tiempo impidiendo al propietario legítimo su uso y el ejercicio de sus facultades.

II. USURPACIÓN

            El delito de usurpación, está regulado en el artículo 245, dentro del Capítulo V “de la usurpación”, del Título XIII “delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, del  Libro II del Código Penal.

En el artículo 245 se distingue entre que la usurpación se realice o no con violencia o intimidación, en el apartado primero y segundo, siendo que el objeto de este trabajo se refiere a la ocupación pacífica, es decir, aquella que se produce sin violencia, ni intimidación, independientemente de que para acceder al inmueble se fuerce la puerta de acceso o se cambie la cerradura.

En el artículo 245.2 del Código Penal se establece que “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.

Con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la pena que se impone en el tipo delictivo pasó de ser un delito menos grave a un delito leve, por lo que las denuncias que se interponen por la ocupación pacífica de bienes inmuebles que no constituyen morada se tramitan conforme a lo establecido en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el enjuiciamiento de delitos leves.

Este es el precepto aplicable a los llamados “okupas” y puede ser ejecutado ocupando un inmueble ajeno o manteniéndose en él contra la voluntad de su titular.

  1. Conductas típicas

            En el artículo 245.2 se prevén dos conductas típicas, siendo la primera una acción de mera actividad, instantánea y de lesión, consistente en ocupar un inmueble ajeno sin el consentimiento de su titular, que se consuma con la posesión del inmueble en concepto de dueño, despojando a su titular del uso y disfrute. Así, lo que se prohíbe es la toma de posesión del inmueble, que debe prolongarse en el tiempo de forma continuada, no tipificándose en este supuesto el mantenimiento en el domicilio.

“Las perturbaciones transitorias o que recaigan sobre cosas o inmuebles sobre las que su titular no ejercite efectiva y actualmente los derechos de disfrute que se derivan del derecho a poseer no merecen ser penalmente castigadas”[2].

La segunda es una acción de mera actividad y de realización permanente, que consiste en mantenerse en el inmueble contra la voluntad de su titular, consumándose la acción cuando se usa o disfruta del inmueble en concepto de dueño, teniendo conocimiento de la oposición de su propietario.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido que se puede acreditar la falta de autorización por parte del propietario mediante la interposición de denuncia.

  1. Bien jurídico protegido

            No se trata de una cuestión pacífica en tanto se indica que puede ser tanto la propiedad como la posesión, existiendo distintas posturas doctrinales y jurisprudenciales al respecto.

Parte de la doctrina considera que el bien jurídico protegido es la propiedad privada; otra parte de la doctrina, como Muñoz Conde y González Cussac, consideran que se lesionaban otros derechos reales derivados del dominio, por lo que el bien jurídico protegido es el patrimonio; otro sector doctrinal entiende que es la posesión, siendo esta interpretación la más aceptada por la jurisprudencia, aunque existe también un desacuerdo, en tanto si lo que se protege es la posesión material o la posesión civil, siendo la primera la que se refiere al goce y uso efectivo del inmueble, sin necesidad de su vinculación al derecho de dominio y la segunda la que deriva del derecho de propiedad; la última postura considera que además de afectar al patrimonio o a la posesión, también produce lesiones al orden socioeconómico[3].

Así, conforme a la jurisprudencia, el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario y viene determinado por el pacífico y legítimo ejercicio del derecho de propiedad y otros derechos reales proyectados sobre los bienes inmuebles y se requiere que se ocasione un perjuicio al titular.

  1. Sujetos

  •             Se trata de un delito común, por lo que sujeto activo puede ser cualquiera, siempre que no sea el titular del inmueble ocupado. No pueden ser sujetos activos de este tipo delictivo las personas jurídicas.
  •             Sujeto pasivo será el titular, legítimo poseedor del inmueble o quien tuviese el derecho a ocuparlo.
  •             No puede ser sujeto pasivo un okupa, en el supuesto de que el inmueble que él ocupó, sea a su vez ocupado por otra persona. En este supuesto el sujeto pasivo sería el propietario del inmueble, nunca el okupa.
  1. Objeto material

            La jurisprudencia menor distingue dos elementos, uno positivo por el contenido del concepto de inmueble y su ajenidad y otro negativo en que no constituya morada.

  1. a) elemento positivo

El objeto material es el inmueble o el derecho real vinculado al mismo, que no constituye morada, cuyo propietario es una persona distinta al usurpador.

El inmueble puede ser de naturaleza rústica o urbana, público o privado, no siendo imprescindible que se trate de una vivienda, por lo que se incluyen los almacenes, naves industriales, fábricas o plazas de garajes. De hecho, se han producido ocupaciones de centros sociales, que han servido también como morada de los okupas[4].

Tiene que tratarse de vivienda o inmueble ajeno, no puede existir ocupación en los supuestos de precario o falta de pago del arrendamiento en virtud al principio de intervención mínima penal y de última ratio que impone el castigo penal a los ataques más graves contra el bien jurídico protegido, en tanto en esos supuestos la competencia la ostenta la jurisdicción civil. Tampoco concurre este elemento cuando quien ocupa la vivienda es copropietario de la misma.

  1. b) elemento negativo

            Se tiene que tratar de un inmueble que no constituya morada, ya que si lo es, nos encontraríamos ante el delito de allanamiento de morada, por lo tanto no se puede perfeccionar este tipo delictivo en aquellos casos en los que la vivienda se encuentre habitada, incluyendo las segundas viviendas, donde se reside de forma esporádica, el portal de la vivienda, la parte de la casa destinada a almacén, trasteros, patios, jardines, cobertizos, sótanos, los domicilios de las personas jurídicas, establecimientos mercantiles, locales abiertos al público, despachos profesionales, oficinas y sus dependencias.

  1. Elementos del tipo

            Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se requiere: “a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. b) Que esta perturbación posesoria puede ser calificada penalmente como ocupación, ya que la interpretación de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que informa el sistema penal (Art 49 3º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión, pues en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista, la acción no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión. d) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio “contra la voluntad de su titular”, voluntad que deberá ser expresa. e) Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectar al bien jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada”[5].

La falta de autorización se presume iuris tantum en las viviendas o fincas cerradas, en los espacios no edificados cuyo cercamiento revela la voluntad del dueño, sin que la tolerancia se considere autorización tácita, signos de fractura en los elementos de cierre (SAP Las Palmas, 221/2015, de 5 de octubre, SAP de Navarra de 2 de julio de 2002).

En la STS 800/2014, de 12 de noviembre, se indica que es suficiente con que el dolo consista en la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada, convirtiéndose la ocupación en permanente o indefinida.

No es requisito del tipo la falta de requerimiento previo del titular al abandono del inmueble, ni se exige el empleo de fuerza en las cosas.

            6.Causas de justificación

Se suele alegar como causa de justificación de la comisión de este delito el estado de necesidad, que está regulado en el artículo 20 del Código Penal, pero  para su apreciación el sujeto activo tiene que encontrarse en una grave situación y acreditar que agotó todos los medios alternativos lícitos para remediar ese mal, antes de la comisión del delito, de tal manera que al fracasar esos medios solo pudo delinquir. La apreciación de esta eximente no conlleva a la exención de la responsabilidad civil.

Tampoco es causa que eximente el derecho a una vivienda digna, ya que no corresponde a los propietarios de los inmuebles soportar el problema de la carencia de viviendas de las personas con menos recursos, ya que son los poderes públicos los que deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas para hacer efectivo el derecho a disfrutar una vivienda digna.

  1. Consecuencias

            Como ya se ha indicado antes, nos encontramos ante un delito leve y la primera consecuencia es la imposibilidad de la adopción de medidas cautelares penales, encontrándonos, además, ante un procedimiento en el que no se realiza instrucción. Esto conlleva a que no sea posible el inmediato desalojo de los okupas y recuperación de la vivienda, debiendo esperar hasta que se produzca la firmeza de la sentencia, teniendo en cuenta que cabe presentar recurso de apelación, lo que evita la inmediata ejecución del lanzamiento y puesta a disposición del inmueble a su legítimo propietario.

Al tratarse de viviendas pertenecientes a bancos, fondos buitre o de particulares que no residen, ni acuden a los mismos de forma habitual, se tiene conocimiento de la ocupación, habitualmente, porque son los vecinos los que denuncian esta situación, pero habiendo ya transcurrido un periodo de tiempo desde que se produjo la misma, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden proceder a entrar en el domicilio y desalojar a los ocupantes, que han constituido el inmueble como su morada.

No es cierta la afirmación de que, si no han transcurrido 48 horas desde la ocupación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pueden proceder al desalojo sin necesidad de una resolución judicial ya que no existe en nuestra legislación ninguna normativa al respecto. De tal forma que si los agentes llegan al inmueble y los okupas manifiestan tener algún derecho sobre la vivienda, deben realizar el correspondiente atestado y remitirlo al Juzgado de Guardia, donde se debe incoar el procedimiento por Delito Leve de Usurpación, con señalamiento urgente inmediato del juicio, para que sea en el plenario donde se dilucide sobre si efectivamente se ha cometido el hecho delictivo. El problema es que no siempre el señalamiento se produce de forma urgente, lo que hace que el procedimiento se dilate en el tiempo, permaneciendo en el inmueble los okupas y debiendo sufragar los gastos y consumos si la vivienda disponía de ellos, ya que al tratarse de inmuebles cerrados no suelen tenerlos, los propietarios, ya que en el caso de que procedan a cortar los suministros se les podría imputar un delito de coacciones.

III. ALLANAMIENTO DE MORADA

Según el artículo 18.2 de la Constitución Española “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

El delito de allanamiento de morada, está regulado en el artículo 202, dentro del Capítulo II “del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público”, del Título X “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, del Libro II del Código Penal.

En el artículo 202 se establece que “1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años“.

Lo que se pretende con este artículo es la protección penal del domicilio, como espacio en el que se desarrolla la intimidad personal y familiar, teniendo como finalidad la de “proteger de intromisiones y agresiones externas el espacio vital donde la persona desarrolla sus actividades personales y familiares más íntimas”[6], siendo la morada el espacio físico donde las personas desarrollan su vida privada.

Hay que distinguir los supuestos en los que el domicilio sea propiedad de un particular o de una persona jurídica. En el presente trabajo sólo vamos a hacer mención a la ocupación pacífica, sin violencia ni intimidación.

  1. Conductas típicas

            Es un delito de mera actividad y permanente y en el artículo 202 se prevén dos conductas típicas, siendo la primera entrar en morada ajena y la segunda, mantenerse en esta, contra la voluntad del morador.

En cuanto a la primera conducta, consiste en entrar personalmente, aunque no se trate de todo el cuerpo en la morada ajena.

La segunda conducta es omisiva, en tanto se inicia con la entrada con el consentimiento del morador y la omisión del deber de abandonar la morada cuando éste revoca su consentimiento. Esta conducta es subsidiaria de la primera, sin que pueda existir concurso entre ellas.

Puede haber comisión por omisión cuando el autor mediato, que tiene la posición de garante, no impida la entrada del instrumento.

  1. Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido, conforme a la doctrina y la jurisprudencia, es la intimidad domiciliaria, garantizando la inviolabilidad del domicilio de cada persona que mora en el mismo.

En la STS de 20 de enero de 1994 se establece que “el delito de allanamiento de morada protege la intimidad de la persona humana, salvaguarda la intimidad más apreciada de los hombres y mujeres, no se defiende ni la posesión, ni la propiedad, ni ningún otro derecho real o personal en sentido patrimonial. Por tanto, es imprescindible que exista una morada ajena invadida, por irrupción o por permanencia.

Esta Sala, en una jurisprudencia absolutamente rectilínea, ha protegido, como uno de los valores más importantes, reconocido expresamente en la CE, el domicilio de las personas físicas, concepto que ha de correlacionarse con el delito de allanamiento de morada. No hay allanamiento de morada respecto de un almacén o un depósito.

Morada y domicilio, a estos efectos, se identifican”[7].

  1. Sujetos

Sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso el propietario arrendador, si entra en el domicilio sin el consentimiento de los arrendatarios, o el cónyuge que haya abandonado voluntariamente o por resolución judicial el domicilio familiar.

Sujeto pasivo, el morador, que pueden ser el propietario del inmueble o el poseedor legítimo, como el arrendatario o el cónyuge que permanece en el domicilio familiar.

  1. Elementos del tipo

  2. a) morada

            Parte de la doctrina establece un concepto amplio de morada, indicando que “sería un espacio cerrado, separado del mundo exterior, destinado a desarrollar de modo efectivo una actividad humana y que muestra la voluntad de excluir a terceros[8]. Por tanto, incluye los domicilios de las personas jurídicas, despachos profesionales u oficinas y establecimientos mercantiles.

Otra parte de la doctrina defendió un concepto estricto, siendo “un espacio cerrado o en parte abierto, separado del mundo exterior, que evidencia la voluntad del morador de excluir a terceras personas y que está destinado a actividades propias de la vida privada, propia o familiar”[9].

La jurisprudencia establece que se refiere a todas las dependencias de la casa habitada que mantengan una comunicación interior con ella y es “el recinto, generalmente cerrado y techado, en el que el sujeto pasivo y sus parientes próximos, habitan, desarrollan su vida íntima y familiar comprendiéndose dentro de dicho recinto, dotado de especial protección, no solo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aledaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores, indispensable para el desenvolvimiento de dicha intimidad familiar, y que, de vulnerarse mediante la irrupción, en ellos, de extraños, implica infracción de la intangibilidad tutelada por la Ley; finalmente, en cuanto a la acción o dinámica comisiva, consta de un elemento positivo, esto es, entrar en morada ajena o permanecer en la misma contra la voluntad de su morador, y otro negativo, es decir, que, la referida conducta, se perpetre contra la voluntad del morador o del que tiene derecho a excluir, voluntad que puede ser expresa, tácita y hasta presunta”[10].

En la Sentencia del Tribunal Supremo 731/2013 de 7 de octubre se establece que “el concepto de morada a efectos penales no se identifica con la noción administrativa de vivienda. La idea de que sólo aquellos inmuebles debidamente regularizados a efectos fiscales son susceptibles de protección penal carece de toda justificación. El contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) no puede obtenerse a partir de una concepción topográfica del espacio en el que se desarrollan las funciones vitales. Como ya hemos recordado en otras ocasiones, (STS 530/2009, 13 de mayo y 727/2003, 16 de mayo) el Tribunal Constitucional , ha identificado el domicilio con un «espacio apto para desarrollar vida privada» (STC 94/1999, 31 de mayo , F. 4), un espacio que «entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad», «el reducto último de su intimidad personal y familiar» (STC 22/1984 , STC 60/1991 y 50/1995, STC 69/1999, 26 de abril y STC núm. 283/2000, 27 de noviembre). Esta Sala, entre otras en la STS 1108/1999, 6 de septiembre, ha afirmado que «el domicilio es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental» (SSTS 24-10-1992, 19-7-1993 y 11-7-1996). Se resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad.

Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad, alejadas de la intromisión de terceros no autorizados. En la STS 436/2001, 19 de marzo , hemos afirmado que «el concepto subyacente en el artículo 18.2 de la CE ha de entenderse de modo amplio y flexible ya que trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, al desarrollo de su privacidad a través de la cual proyecta su “yo anímico” en múltiples direcciones (cfr. Sentencias del TS de 19 enero , 4 de abril 1995 y 30 abril 1996). Como también se ha dicho en la Sentencia de esta Sala, de 7 de noviembre de 1997, el derecho fundamental a la intimidad personal (art. 18.1 CE) se concreta en la posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos privados, es decir, que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Tal derecho se deriva directamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). Consecuentemente, la protección del domicilio no es sino un aspecto de la protección de la intimidad que sirve al libre desarrollo de la personalidad”[11]

Se considera morada, “ciertos espacios delimitados, exteriores a la vivienda, pero unidas al mismo, como son los patios, los garajes, cuadras, jardines, etc. Por el contrario, se niega el carácter de morada a los lugares comunes de una casa de viviendas, como el portal, las escaleras, el vestíbulo, etc. Tampoco se admite cuando se trata de viviendas abandonadas, en construcción, etc.”[12].

Se trata de morada, aunque el morador no se encuentre en esta y puede tratarse de un barco, un remolque o una habitación de hotel, chozas, tiendas de campaña, incluyendo las moradas en las que no se reside habitualmente sino de forma ocasional, como las segundas viviendas de vacaciones, que están amuebladas, con los suministros dados de alta, que acreditan que la vivienda se utiliza habitualmente y no está desocupada.

Por tanto, no son morada, las viviendas deshabitadas, no ocupadas o abandonadas.

El tipo exige que se trate de morada ajena, considerando como tal, el domicilio familiar, en los supuestos de ruptura matrimonial, para el cónyuge que haya abandonado el domicilio, ya sea voluntariamente, o por una resolución judicial

  1. b) Consentimiento

            Conforme a lo establecido en el artículo 202, la entrada o el mantenimiento en la morada debe realizarse contra la voluntad del morador, es decir, sin su consentimiento.

Tiene que manifestarse de forma clara y concluyente, aunque no sea de forma expresa y otorgarse antes de la conducta, sin que haya sido revocado el consentimiento. Si el consentimiento se obtiene mediante engaño y con la finalidad de atentar contra la intimidad domiciliaria no es eficaz, siendo típica esta conducta.

El morador es el propietario del inmueble, el poseedor legítimo, como en el arrendamiento en el que sin el consentimiento del arrendatario, no puede acceder al domicilio el arrendador aunque sea el propietario.

Cuando sean varias personas las que residen en la morada, todos tienen facultad para autorizar o denegar la entrada a un tercero. En caso de conflicto entre los moradores, prima la voluntad prohibitiva.

  1. c) Elemento subjetivo

            Se requiere dolo y debe abarcar todos los elementos del tipo objetivo. La doctrina establece que puede cometerse el tipo delictivo con dolo eventual y puede producirse error de tipo, si se desconoce la ajenidad de la morada, lo que produciría la impunidad por no encontrarse tipificada la imprudencia.

Si concurre el allanamiento con otro delito, hay jurisprudencia que exige el ánimo de allanar como elemento subjetivo del injusto.

  1. Causas de justificación

            Se pueden aplicar las eximentes previstas en el artículo 20, apartados 4ª (legítima defensa), 5º (estado de necesidad) y 7ª (el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo).

  1. Consecuencias

            Cuando se produce la ocupación ilegal en morada, encontrándonos ante un delito de allanamiento de morada, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pueden proceder al desalojo de los okupas, de forma inmediata, sin necesidad de una autorización judicial, siempre que comprueben previamente que se trata de una vivienda que no estaba abandonada, en la que residen los propietarios, lo que se puede hacer con la declaración de los vecinos.

No existe plazo alguno para que se pueda llevar a cabo el desalojo por los agentes, ya que es independiente del tiempo que lleven los okupas en la casa, siendo lo vinculante la naturaleza del inmueble y cuando se trata de morada se trataría de un delito fragrante, teniendo la obligación de actuar.

Si no quedase clara la propiedad del inmueble, el propietario puede, en el momento de la interposición de la denuncia solicitar como medida cautelar el desalojo inmediato de los ocupantes y una vez que se compruebe por el Juzgado la propiedad y que se trata de morada, acordar como medida cautelar la misma.

IV. Diferencias entre la usurpación y el allanamiento de morada

La usurpación es un delito leve castigado con pena de multa y el allanamiento de morada es un delito menos grave castigado con pena de prisión.

En la usurpación no existe la medida cautelar de desalojo al tratarse de un delito leve y en el allanamiento de morada se puede obtener cuando se compruebe por el Juzgado que se trata la vivienda ocupada de morada, que no está abandonada.

Cuando se trate de la ocupación de una vivienda abandonada, que no constituya morada, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, salvo que se personen en el momento en el que se esté cometiendo el delito, no pueden proceder al desalojo del inmueble hasta que no se comprueben los hechos y cuando se trate de morada, independientemente del tiempo que los ocupantes se encuentren en la vivienda, se puede proceder al desalojo, al tratarse de un delito flagrante.

V. Conclusiones

            El delito de usurpación pacífica está regulado en el artículo 245.2 del Código Penal y se trata de un delito leve, castigado con pena de multa de tres a seis meses.

Se prevén dos conductas típicas, consistentes en ocupar un inmueble ajeno sin el consentimiento de su titular y mantenerse en el inmueble contra la voluntad del titular.

El bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario y el objeto material es el inmueble o derecho real, que no constituye morada, es decir, que no esté habitada y puede ser rústico, urbano, público o privado, no siendo necesario que se trate de vivienda.

Se puede alegar como causa de justificación el estado de necesidad y no es causa eximente el derecho a una vivienda digna.

El allanamiento de morada está regulado en el artículo 202 del Código Penal y se prevén dos conductas típicas, entrar en morada ajena y mantenerse en esta contra la voluntad del morador.

El bien jurídico protegido es la intimidad domiciliaria, garantizando la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 18.2 de la Constitución.

Morada son todas las dependencias de la casa habitada que mantengan una comunicación interior con ella, donde el sujeto pasivo y sus parientes desarrollan su vida íntima y familiar, incluyendo no sólo las estancias que se destinan a la convivencia en intimidad, sino todos los anejos, aledaños o dependencias que constituyan el entorno de la vida privada de los moradores. Se considera también morada, un barco, remolque, habitación de un hotel, tienda de campaña y segundas viviendas de vacaciones.

Para que se pueda atribuir el tipo delictivo la entrada a la morada debe realizarse contra la voluntad del morador, siendo que el consentimiento debe manifestarse de forma clara y concluyente.

Se requiere dolo, puede cometerse el delito por dolo eventual y en caso de error de tipo el hecho sería impune al no contemplar el tipo la imprudencia.

Se pueden aplicar las eximentes previstas en el artículo 20. 4ª, 5ª y 7ª del Código Penal.

BIBLIOGRAFIA

DE LA CUESTA AGUADO. P.M. Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. ALVAREZ GARCIA, F.J. (director) Manuales Derecho Penal Español. Parte Especial (I). Tirant Lo Blanch. Valencia, 2011 ISBN: 978-84-9004-443-8.

– GRANADOS PEREZ, C. / LOPEZ BORJA DE QUIROGA, J. Contestaciones al Programa de Derecho Penal Parte Especial para acceso a las carreras judicial y fiscal Tomo II (Temas 26 a 62) 6ª Edición. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2015. ISBN 978-84-9086-607-8.

– MAGRO SERVET, V. El delito de usurpación de inmuebles del artículo 245.2 CP:¿Vía penal o vía civil?. La Ley Penal, nº 126, Sección Práctica penal, mayo-junio 2017, Editorial Wolters Kluwer.

– MIRAPEIX LACASA, N. La usurpación pacífica de inmuebles. Tesis Doctoral UPF/2015. 35https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/385917/tnml.pdf?sequence=1

– SOLAZ SOLAZ, E. La usurpación pacífica de inmuebles y sus consecuencias. La Ley Penal nº 141, Sección Estudios, noviembre-diciembre 2019, Wolters Kluwer

JURISPRUDENCIA

-STS, Sala Segunda, de 20 de enero de 1994. Rec. 2153/1992. Ponente Enrique Ruiz Vadillo

-STS, Sala Segunda, 1775/2000, de 17 de noviembre. Rec. 1458/1999. Ponente Julián Artemio Sánchez Melgar.”

-STS, Sala Segunda, 731/2013, de 7 de octubre. Rec. 11142/2012. Ponente Manuel Marchena Gómez.”

-STS, Sala Segunda, nº 800/2014, de 12 de noviembre. Rec. 2374/2013. Ponente Cándido Conde-Pumpido

[1]“DEL Real Academia Española. https://dle.rae.es/ocupar?m=form Consultado 07/09/2020

[2]“MAGRO SERVET, V. El delito de usurpación de inmuebles del artículo 245.2 CP:¿Vía penal o vía civil?. La Ley Penal, nº 126, Sección Práctica penal, Wolters Kluwer, mayo-junio 2017.”

[3]“MIRAPEIX LACASA, N. La usurpación pacífica de inmuebles. Tesis Doctoral UPF/2015. Pág. 16 a 25. 35https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/385917/tnml.pdf?sequence=1 Consultado 07/09/2020

[4]“SOLAZ SOLAZ, E. La usurpación pacífica de inmuebles y sus consecuencias. La Ley Penal nº 141, Sección Estudios, Wolters Kluwer.”noviembre-diciembre 2019,

[5]“STS, Sala Segunda, nº 800/2014, de 12 de noviembre. Rec. 2374/2013. Ponente Cándido Conde-Pumpido Touron.”

[6]“DE LA CUESTA AGUADO. P.M. Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. En: Manuales Derecho Penal Español. Parte Especial (I) ALVAREZ GARCIA, F.J. (Dir.). Tirant Lo Blanch. Valencia, 2011 Pág. 808”

[7]“STS, Sala Segunda, de 20 de enero de 1994. Rec. 2153/1992. Ponente Enrique Ruiz Vadillo.”

[8]“MIRAPEIX LACASA, N. La usurpación pacífica de inmuebles. Pág. 51.”

[9]“MIRAPEIX LACASA, N. La usurpación pacífica de inmuebles. Pág. 51 y 52.””

[10]“STS, Sala Segunda, 1775/2000, de 17 de noviembre. Rec. 1458/1999. Ponente Julián Artemio Sánchez Melgar.”

[11]“STS, Sala Segunda, 731/2013, de 7 de octubre. Rec. 11142/2012. Ponente Manuel Marchena Gómez.”

[12]“GRANADOS PEREZ, C. / LOPEZ BORJA DE QUIROGA, J. Contestaciones al Programa de Derecho Penal Parte Especial para acceso a las carreras judicial y fiscal Tomo II (Temas 26 a 62) 6ª Edición. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2015. Pág. 146.”

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