Antonio Benítez, socio director de Administrativando Abogados: “La huelga de jueces y fiscales se justifica porque las reformas que se plantean quieren acabar con la independencia judicial”

El Derecho Público se ha convertido en el M&A del siglo XXI. Junto a los grandes equipos de especialistas en derecho contencioso, han aparecido en los últimos años boutiques legales especializadas en esta práctica. Administrativando Abogados, que dirige desde hace cinco años el abogado y socio fundador Antonio Benítez, es una de ellas. Esta firma se ha convertido en uno de los especialistas a la hora de recurrir ante el Tribunal Supremo y otros tribunales. “Su enfoque es la estrategia defensiva. No se trata de ‘disparar’ a muchos frentes de forma compulsiva, sino de escoger muy bien los argumentos en los que centrar la impugnación y atacarlos con intensidad y de forma minuciosa”, comenta.

En su opinión, “la huelga de jueces y fiscales está justificada ante la intromisión del poder ejecutivo en la independencia judicial con las reformas que plantea aprobar”. Al mismo tiempo, cree que existe una responsabilidad patrimonial de Red Eléctrica junto con el Estado, en base al artículo 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece los principios generales y el procedimiento especial para la exigencia de dicha responsabilidad. “No existe fuerza mayor; pudo haberse evitado”.

Economist & Jurist (E.J.): ¿Cuáles son las claves que han convertido a su boutique jurídica en uno de los referentes en materia de Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo en España?

Antonio Benítez (A.B.): Hiperespecialización en la materia, focalización en una estrategia de negocio completamente disruptiva y pionera en el sector legal, trato cercano y directo al cliente, máxima dedicación y rigor en cada uno de los trabajos que se nos encomiendan.

Esta fórmula hay que multiplicarla por el factor esfuerzo y dedicación al máximo. No conozco a nadie que haya consolidado un proyecto de alto nivel y no se haya dejado la piel y el alma en el mismo.

A ello se suma un equipo de primer nivel, muy comprometido con la cultura de la firma, así como la llevanza de asuntos de máximo alcance jurídico, social, económico y de altísimo impacto mediático.

Por las manos de nuestros profesionales, a lo largo de su trayectoria, han pasado empresas cotizadas, multinacionales, clubes de fútbol, fondos de inversión, Administraciones Públicas, reconocidos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, importantes asociaciones, autoridades públicas, miembros de los cuerpos de élite del Estado, entre otros muchos.

El hecho de que los principales medios de comunicación, tanto de TV como de radio y prensa nacional, cuenten periódicamente con nosotros, tanto para conocer nuestra opinión técnica sobre noticias de actualidad como para interesarse por los asuntos mediáticos que defendemos, ha ayudado mucho al posicionamiento, alcance y proyección del despacho.

La mezcla de todo lo anterior hace que, en apenas cinco años, se nos haya reconocido entre las firmas con mayor facturación y rentabilidad de España, posicionándonos como despacho líder en nuestro expertise. Así se desprende del ránking objetivo de Expansión del pasado ejercicio, en el que entramos por primera vez en su listado (siendo la única boutique de Derecho Administrativo que lo logra, y cuyos datos se obtienen de las cuentas del Registro Mercantil).

Este abogado se muestra convencido de que existe una responsabilidad patrimonial de Red Eléctrica y del Estado por el apagón del pasado 28 de abril (Imagen: Administrativando Abogados)

E.J.: Da la sensación de que el área de Derecho Público se ha convertido en un referente para los despachos. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa o particular a la hora de elegir un despacho especializado en la materia?

A.B.: Es cierto que el Derecho Administrativo tiene mucha importancia porque afecta, de una manera u otra, a todos los ciudadanos, y vivimos en una sociedad y en un Estado que tiende a ser cada vez más intervencionista. ¿Quién no se relaciona con Hacienda, con la Seguridad Social, con un ayuntamiento o con un ministerio? ¿Quién no tiene que hacer frente a una multa de la Administración o gestionar una licencia de obra menor para reformar su vivienda?

Pero no menos cierto es que son pocos los abogados verdaderamente expertos en la materia. Es habitual encontrar, incluso en las grandes firmas, que los departamentos de Derecho Público no terminan de estar bien definidos y los letrados que los componen tienen un perfil más generalista.

Los clientes, a la hora de seleccionar un despacho especialista en Derecho Administrativo, deben comprobar que efectivamente son “microcirujanos” en la disciplina, y que la firma tiene una trayectoria consolidada, reconocida y reputada en la especialidad.

E.J.: Uno de los fuertes del despacho es el planteamiento de recursos ante el Supremo y otros organismos contenciosos. ¿Qué claves hay que tener en cuenta para que esos recursos prosperen?

A.B.: Su enfoque y la estrategia defensiva. No se trata de “disparar” a muchos frentes de forma compulsiva, sino de escoger muy bien los argumentos en los que centrar la impugnación y atacarlos con intensidad y de forma minuciosa. No nos olvidemos de que a la Administración se le gana en buena parte de las ocasiones, más que por el fondo, por defectos de forma en la tramitación de los procedimientos.

Para detectar correctamente la hoja de ruta jurídica, es vital la experiencia y la hiperespecialización de la firma.

Antonio Benítez cree que en 2030 “seguiremos siendo la boutique de referencia en Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo en España, pero tendremos mayor alcance internacional” (Imagen: Administrativando Abogados)

E.J.: ¿Cree que ha llegado el momento de hacer una reforma en la jurisdicción contenciosa e introducir métodos extrajudiciales para evitar la judicialización de muchos procesos que acaban en los tribunales?

A.B.: Es necesario y fundamental. Se deben crear e implementar órganos ajenos a la Administración actuante, expertos en diferentes materias e independientes, para que resuelvan de forma ágil los conflictos o procedimientos que surjan entre la Administración y los ciudadanos. Ello despejaría en buena parte el colapso que existe en la vía judicial, concretamente en el orden contencioso-administrativo.

Un ejemplo de éxito, en este sentido, lo encontramos en los tribunales administrativos que resuelven los recursos en materia de contratación pública. Lo conforman profesionales especialistas, suelen actuar con imparcialidad (siempre que no dependan de la Administración de turno) y resuelven con rapidez. Asimismo, se suele suspender —principalmente en las adjudicaciones— la ejecutividad del acto que se recurre hasta tanto no se obtenga resolución al respecto.

El porcentaje de impugnación de estas resoluciones ante los Tribunales de Justicia es muy bajo.

E.J.: ¿Cómo está viendo la huelga de jueces y fiscales que se está produciendo?

A.B.: La apoyamos. Desde Administrativando Abogados estamos con los jueces y fiscales que han decidido hacer huelga y reivindicar su estatus constitucional.

La reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal promovida por el Ejecutivo supone, a mi entender, una injerencia palmaria en la independencia del poder judicial. Considero que se trata de una nueva maniobra para que la Justicia sea controlada en mayor medida por la política, invadiendo la separación de poderes instaurada en nuestro ordenamiento jurídico.

E.J.: Sobre el tema del apagón del pasado 28 de abril, parece que se observa que hubo responsabilidad de Red Eléctrica. ¿Cree que acabará el conflicto en los tribunales, reclamando los afectados las compensaciones por el apagón?

A.B.: Indudablemente. Considero que existe una responsabilidad patrimonial de Red Eléctrica junto con el Estado, en base al artículo 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece los principios generales y el procedimiento especial para la exigencia de dicha responsabilidad.

No existe fuerza mayor; pudo haberse evitado. La previsibilidad del riesgo de apagón, con los datos que se manejan a la fecha, parece que fue advertida y augurada por los expertos. La responsabilidad de la Administración no solo sucede en los casos en que se produce una actividad administrativa determinada, sino también —y muy especialmente— en su omisión en el plano preventivo, unida a la creación de una situación previa de riesgo, así como en los casos en que se incumple de modo omisivo el deber de poner fin o impedir el evento dañoso.

Este joven abogado ganó el Premio al Lector otorgado por Economist & Jurist en sus I Premios a la excelencia de la Práctica Jurídica (Imagen: Javier Fernández / E&J)

E.J.: En cuanto a la contratación con la Administración, sorprende la lentitud de los procedimientos y la falta de presencia de las pymes. ¿Habría que reformar la Ley de Contratos del Sector Público?

A.B.: No olvidemos que la contratación pública representa aproximadamente el 20 % del PIB de España. Por tanto, efectivamente se necesitan procesos de contratación mucho más ágiles. En este sentido, es necesario optimizar la gestión y tramitación de ofertas mediante mecanismos que faciliten su obtención, análisis y valoración. Para ello, hay que dotar a todas las Administraciones Públicas de más medios económicos y personales. Igualmente, resulta importante reducir los tiempos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público en los procesos licitatorios.

En lo que se refiere a la concurrencia de pymes, es necesario que los órganos de contratación se encuentren en algunos casos más accesibles para solventar las dudas que tengan los licitadores, así como minimizar en muchos supuestos el nivel de exigencia de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

E.J.: ¿Qué plan de expansión a nivel nacional e internacional tiene en mente para Administrativando Abogados en el corto y medio plazo? ¿Dónde va a estar el despacho en 2030?

A.B.: El crecimiento que está asumiendo el despacho en poco tiempo es muy llamativo. De hecho, en apenas cinco años hemos superado los 1,5 millones de euros de importe neto de facturación, contando con un equipo de más de veinte profesionales (incluyendo nuestros partners internacionales).

Seguiremos aumentando considerablemente nuestro volumen de negocio y equipo. Actualmente tenemos varios procesos de selección en curso para captar nuevo talento que nos permita asumir la importante carga de trabajo que estamos recibiendo.

En 2030 seguiremos siendo la boutique de referencia en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo en España, pero con mayor alcance internacional. Aunque a día de hoy nos proyectamos mediante alianzas best friends en países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Oporto, París y Milán, aún tenemos mucho mundo por recorrer. Asimismo, dispondremos de una mayor estructura y alcance en todos los niveles dentro de nuestra especialidad.