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Aprobado el Real Decreto del Carbón autorizado por Bruselas

La normativa aprobada garantiza el uso de carbón autóctono en la producción de electricidad y posibilita el cumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012.

El Real Decreto preserva al carbón autóctono, única fuente energética fósil de España, del riesgo de ser relegado en momentos como los actuales, en los que confluyen una fuerte caída de la demanda eléctrica con la condición de isla energética de España.

El mecanismo propuesto cumple con el requisito comunitario de utilizar fuentes de combustión de energía primaria autóctonas sólo hasta el límite del 15 por 100 y, en cualquier caso, las cantidades garantizadas no superarán el 9 por 100 de la demanda total eléctrica.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica otros Reales Decretos del 12 de febrero de este año, por el que se establecía el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministros, y del 26 de diciembre de 1997, por el que se organizaba y regulaba el mercado de producción de energía eléctrica. El Real Decreto hoy aprobado, más conocido como Real Decreto del Carbón, ha sido autorizado por la Comisión Europea y establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica la normativa que organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

La nueva legislación, que tiene un carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014, garantiza el uso del carbón autóctono en los momentos de caída de la demanda de electricidad, posibilita el cumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y podrá ser dejado sin efecto antes de la fecha establecida para su término si en un momento dado no resultara necesario a la luz de las condiciones del mercado.

La resolución de restricciones por garantía de suministro consiste en realizar sobre el programa diario del mercado eléctrico los cambios necesarios para cumplir los criterios de seguridad de suministro, con el menor impacto económico y medioambiental posible, y respetando las limitaciones que sea preciso establecer por seguridad del sistema.

Fuente: la-moncloa.es

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