CEOE y CEPYME piden a los partidos políticos que tumben la reducción de la jornada laboral por ser gravosa para los empresarios

De manera conjunta la patronal CEOE, de Antonio Garamendi, y CEPYME, de la recientemente elegida presidenta de las pymes, Ángela de Miguel, han publicado un contundente comunicado de prensa contra la reducción de jornada que ahora se tramite en nuestro Parlamento.

Las últimas declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre incluir mejoras en el proyecto de ley no convence a los empresarios que han vuelto a salir a la palestra rechazando esta reforma que no suscribieron en la mesa del diálogo social.

Las patronales señalan que quieren alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de ley para la reducción de jornada laboral hasta las 35,7 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo.

Desde su punto de vista “queremos advertir de que estos cambios que se pretenden introducir tendrán un impacto directo, no solo en las empresas, sino también en la vida de los ciudadanos en forma de peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de sus precios”.

En su opinión, producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y de nuestras plantillas.

Lo que reclaman es claro y meridiano: “Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto que tendrá una reducción de la jornada por la vía legal y al margen de la negociación colectiva”.

También denuncian que la memoria de impacto normativo elaborada por el Ministerio de Trabajo, mientras admite un incremento de costes cercano al 7% para las empresas, perfila una realidad sesgada de la situación de sectores como la agricultura, ganadería y pesca, la hostelería y el comercio, muy afectados por la medida, al igual que otros, para asegurar que ésta es asumible. Este ejercicio hurta a la ciudadanía la posibilidad de tener una visión más real y crítica de esta medida.

“Por ello, CEOE y CEPYME damos voz al clamor empresarial que viene tiempo advirtiendo de las consecuencias de la reducción de la jornada laboral por esta vía y reiteramos nuestro rechazo a la manipulación del Ministerio de Trabajo para justificar una medida que es fruto de un acuerdo meramente político y, también, a la intervención que supone, de nuevo, en la negociación colectiva”, insisten las patronales.

Defensa de los sectores señalados

Estas organizaciones empresariales revelan que, en la línea habitual de estigmatización de la empresa, la memoria de impacto del Ministerio de Trabajo señala a los sectores de Agricultura, Ganadería y Pesca, Hostelería y Comercio, asegurando que tienen capacidad suficiente para sobrellevar una reducción de jornada.

“Sin embargo, la realidad de estos ámbitos es otra. Se trata de sectores con una gran tradición y actividad en materia de negociación colectiva y, además, de actividades especialmente afectadas por la escasez de perfiles profesionales”, comentan.

Señala como ejemplo que la encuesta de Costes Laborales del INE, la Hostelería tiene en torno a 8.500 vacantes sin cubrir, mientras que en el Comercio la cifra se dispara hasta las casi 13.000. Si a eso sumáramos jornadas de trabajo más reducidas y no acordadas en la negociación colectiva, el perjuicio sería muy importante.

Antonio Garamendi, de CEOE, ha firmado un comunicado conjunto con CEPYME para que los partidos políticos tumben la reducción de la jornada laboral. (Imagen: CEOE)

Para dichas patronales parece claro que “el Ministerio de Trabajo no tiene en cuenta que el tejido empresarial y el empleo están sufriendo mucho en estos ámbitos, en particular, en el caso de las empresas más pequeñas, las más afectadas por la reducción de jornada”.

Así señalan que “entre los años 2019 y 2024, el tejido empresarial solo ha crecido un 0,1%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ese periodo, el número de empresas de entre 1 y 9 trabajadores se ha reducido un 1,4%”.

Esta caída se amplía hasta el 1,6% en la hostelería, al 4,8% en la agricultura, ganadería y pesca, y al 7% en el comercio. Sumando estos tres sectores, se han quedado por el camino unas 25.500 empresas en los últimos cinco años.

También indican que, en términos de empleo, según datos de Trabajo, el empleo ha crecido un 14% en el total de la economía entre 2019 y 2024. Sin embargo, en las empresas de entre 1 y 9 trabajadores de estos tres sectores, la realidad es otra. El empleo creció solo un 1,5% en la hostelería y descendió un 3,5% en el comercio y un 7,3% en la agricultura, ganadería y pesca.

“Por todo ello, volvemos a insistir en el riesgo de tomar medidas en materia laboral de espaldas a las empresas y al margen de la negociación colectiva; pedimos que se ofrezca una visión real a la ciudadanía sobre la situación que atraviesan nuestras empresas, en especial las pymes; e instamos a los partidos políticos a que tomen en consideración estas cuestiones para evitar lo que será, sin duda, un grave error en materia de política económica que pagaremos empresas, ciudadanos y el país en su conjunto”.

Federa y su plan para adaptar la reducción de jornada

En estos momentos, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas ya ha llegado al Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz está volcada en la negociación con los grupos parlamentarios con Junts en el foco, porque como es habitual, los catalanes tienen la llave de la aprobación de esta norma.

El partido de Carles Puigdemont ha amenazado con presentar una enmienda a la totalidad que de salir adelante devolvería el texto al Gobierno, sin embargo, Trabajo espera poder llegar a un acuerdo para debatir cambios concretos sobre el acuerdo firmado con los sindicatos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se prepara ya para este escenario, por lo que ha presentado hace unos días una batería de propuestas para paliar los efectos negativos que entienden que tendría la imposición de este recorte de jornada, entre las que destacan ampliar a tres años el margen para adaptar los convenios o eliminar el tope a las horas extraordinarias.

Los catedráticos e investigadores asociados a este think tank, Jesús Lahera y J. Ignacio Conde-Ruiz, han revisado el documento aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros y planteado hasta 19 cambios que confían, puedan servir de inspiración a los diferentes partidos a la hora de negociar enmiendas al articulado. En el caso de Lahera ya mostró en E&J su visión para modificar esta reforma de la reducción de jornada a 37,5 horas.
En primer lugar, los expertos inciden en la entrada en vigor de la norma, que había dado lugar a dudas jurídicas al recogerse tanto que se produciría “al día siguiente de su publicación en el BOE” como que los convenios tendrían hasta el 31 de diciembre de 2024 para adaptarse a la nueva jornada máxima de trabajo.

Los catedráticos de Derecho del Trabajo, Jesús Lahera y J. Ignacio Conde-Ruiz, plantean hasta 19 cambios y una entrada de la reforma en tres años. (Imagen: cesión propia)

En su lugar proponen una nueva redacción en la que se mantengan en vigor los convenios ya pactados hasta que transcurran tres años, cuando se produciría la aplicación efectiva del nuevo límite.

También recuperan una de las primeras medidas de flexibilidad que estuvo sobre la mesa de la negociación entre la patronal y los sindicatos y a la que el Ministerio de Trabajo se negó rotundamente: la eliminación del tope legal de 80 horas extraordinarias anuales (para el que no cuentan las que son compensadas).

Los expertos en Economía y Derecho del Trabajo abogan por permitir que en la negociación colectiva o en el contrato de trabajo puedan acordarse una serie de horas extraordinarias al año que no se incluyan dentro de este límite. “Si se reduce por ley la jornada ordinaria, se debe aceptar que los convenios colectivos o contratos puedan utilizar márgenes de jornada extraordinaria, sin el límite legal vigente” argumentan en este documento.

El análisis titulado Cómo mejorar el proyecto de Ley sobre Reducción de Jornada, Registro Horario y Desconexión Digital, también incide en el problema que representa este proyecto de ley para las bolsas de horas, que son habituales en los sectores más industriales para atener picos de producción.

Es frecuente que los trabajadores y la representación de las empresas acuerden jornadas de trabajo por debajo de las 40 horas semanales en la media anual a cambio de mantener esta bolsa de horas en las que la compañía puede solicitarles trabajar ante un aumento de la demanda o picos de producción concretos.

El proyecto acabaría con esta medida de flexibilidad, por lo que los dos profesores apuestan por mantener la posibilidad de acordar bolsas entre las 37,5 y las 40 horas.

Lahera y Conde-Ruiz también creen que es un error posponer la regulación de las jornadas laborales especiales, en su lugar, proponen que se detalle si estos profesionales quedan sujetos o no a las 37,5 horas y desarrollar de inmediato este reglamento que aborde sus condiciones concretas.

“Hay que acomodar la nueva jornada máxima legal con el reglamento de jornadas especiales, donde está regulado el tiempo de trabajo de los sectores más afectados por la medida, como el transporte, el comercio y la hostelería”, señalan, y reprochan que no se entiende que sí se concrete la situación del servicio del hogar pero se retrase la de estos sectores tan significativos.