Cerca de 80.000 empleadas del hogar han perdido su trabajo desde que Sánchez llegó al Gobierno

La nueva medida del Ejecutivo, que entrará en vigor a partir del próximo 14 de noviembre —Servicio doméstico: a partir del próximo 14 de noviembre será obligatorio tener en casa un protocolo de riesgos laborales— y que  obligará a registrar y cumplir nuevas obligaciones sobre riesgos laborales para poder contratar a servicio doméstico, amenaza con provocar una nueva sangría en un sector que ya ha perdido cerca de 80.000 trabajadoras desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.

El sector del servicio doméstico en España atraviesa una crisis silenciosa pero profunda. Desde junio de 2018, fecha en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, el número de trabajadoras afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar ha pasado de unas 419.000 personas a apenas 347.000 en mayo de 2025. Es decir, cerca de 80.000 trabajadoras menos en apenas siete años, lo que supone una reducción superior al 17 %.

Este retroceso no es una mera cuestión estadística: detrás de esas cifras hay decenas de miles de hombres y mujeres, en su inmensa mayoría extranjeras, que han visto cómo su empleo se precariza, se desplaza a la economía sumergida o, directamente, desaparece.

Las causas de la caída

Entre los factores que explican esta tendencia destacan:

• El encarecimiento de las cotizaciones sociales, que ha llevado a muchas familias a prescindir del servicio doméstico o a recurrir a la contratación informal.
• La crisis económica, con un aumento del coste de vida que reduce la capacidad de las familias para mantener servicio doméstico.
• Los cambios legislativos que, aunque buscan mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras, también incrementan las obligaciones de los empleadores particulares.

(Imagen: E&J)

Una nueva ley con más obligaciones para las familias

El Gobierno aplicará la nueva normativa mencionada, que obligará a las familias que contraten servicio doméstico a cumplir con nuevas cargas burocráticas. La medida, en principio, pretende reforzar los derechos laborales de las trabajadoras, pero a su vez genera los efectos negativos mencionados.

Diversas asociaciones y expertos advierten que la consecuencia inmediata de la entrada en vigor de las nuevas obligaciones será un aumento de los despidos y de la economía sumergida, dado que muchas familias no podrán asumir el coste añadido ni la complejidad administrativa de esos nuevos trámites.

Un sector en riesgo de desaparecer

La paradoja es evidente: en lugar de reforzar un sector que da empleo a miles de hombres y mujeres, muchas de ellas migrantes y en situación vulnerable, las políticas recientes están contribuyendo a su reducción. El riesgo es que el trabajo doméstico formal desaparezca progresivamente, sustituido por acuerdos informales sin protección alguna para los trabajadores ni seguridad jurídica para las familias empleadoras.