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Confirmado el lanzamiento del hijo de una propietaria por actividades molestas y peligrosas para los vecinos

"La madre no ha hecho nada por impedir esta situación y solo se ha limitado a negar el problema", concluye la Audiencia Provincial de La Rioja

Confirma la sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Logroño que estimó la demanda de una comunidad de propietarios. (Imagen: Freepik)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 4 min

Publicado




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Confirmado el lanzamiento del hijo de una propietaria por actividades molestas y peligrosas para los vecinos

"La madre no ha hecho nada por impedir esta situación y solo se ha limitado a negar el problema", concluye la Audiencia Provincial de La Rioja

Confirma la sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Logroño que estimó la demanda de una comunidad de propietarios. (Imagen: Freepik)



La Audiencia Provincial de La Rioja ha estimado la demanda de una comunidad de propietarios de Logroño y ha confirmado el lanzamiento inmediato del hijo de la propietaria de un chalet por realizar actividades «molestas, insalubres, nocivas y peligrosas» para el resto de vecinos de la urbanización. Además, se le ha prohibido «cualquier tipo de uso y disfrute» del inmueble durante un año.

«Los hechos se venían produciendo varios años, desde 2018 a 2022», declara a Economist & Jurist Enrique Valentín Prades, el abogado de la comunidad de propietarios. Y celebra que «se ha hecho Justicia».



Según explica, «ya en vía penal se logró librar a los vecinos de una situación no sólo molesta, sino, además, peligrosa, como se ha demostrado, y tuvieron la suerte de que el Juzgado de Instrucción tuvo a bien adoptar las medidas pertinentes para evitar que las actividades se siguieran reproduciendo».

Se da la peculiaridad de que el auto del Juzgado se dictó poco antes de la pandemia, por lo que «los vecinos no tuvieron que soportar un encierro al lado de unas actividades peligrosas y molestas».



Enrique Valentín Prades, con despacho propio en Logroño, es abogado generalista y experto en defensa de comunidades de propietarios.



«Esta situación fue ratificada por una condena penal al hijo con una medida de alejamiento respecto a la urbanización y también la prohibición de residir y del uso de la vivienda durante dos años y luego esta condena ha sido ratificada por la Audiencia en la decisión de prohibir a esta persona el uso de la vivienda durante otro año», detalla el letrado.

Posteriomente a la condena penal, que era «por un delito de coacciones y amenas contra unos vecinos», la comunidad de propietarios presentó una demanda en forma global «para atajar esta situación y protegerse de forma comunitaria de estas acciones molestas».

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Logroño consideró probadas que las actividades que se desarrollan en la vivienda eran molestas, así como la existencia de ruidos, música alta a cualquier hora, conflictos en los que ha tenido que intervenir la Policía, la tenencia de perros en malas condiciones de salubridad, además de insultos y amenazas reiteradas a los vecinos. Unos episodios que fueron recogidos en las actas de la comunidad.

«Ruidos, música alta a cualquier hora, conflictos, la tenencia de perros en malas condiciones de salubridad, además de insultos y amenazas reiteradas a los vecinos»

Así, estimó sustancialmente la demanda presentada por la comunidad de propietarios, en la cual ejercitó la acción de cesación del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Los demandados, hijo y madre, disconformes con ello, recurrieron dicha sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial, pero ha desestimado su recurso, confirmando la resolución del Juzgado, de julio de 2022.

Los magistrados concluyen que los razonamientos de la sentencia impugnada son acertados, pues en sus fundamentos jurídicos señalan que no consta que la madre realizase ninguna actuación que tanto le concernía y perjudicaba al resto de comuneros. “Lo que hizo fue limitarse a negar el problema a su patente gravedad”, explican.

Lo que alegaban los condenados

Los recurrentes alegaban en el recurso error en la valoración de la prueba. Sostenían que cuando se presentó la demanda, en febrero 2022, ya habían cesado las actividades descritas en la misma, puesto que el hijo ya no reside en el inmueble desde el 18 de diciembre de 2019, fecha en la que el Juzgado acordó la orden de protección respecto del mismo, prohibiendo a éste comunicarse y aproximarse a menos de 100 metros de dos vecinos que viven en el chalé contiguo.

«El ruido mata y perjudica la salud»: cientos de asociaciones de afectados por la contaminación acústica se unieron por vez primera el pasado mes de abril para concienciar sobre los efectos nocivos del ruido y la necesidad de buscar soluciones. (Imagen: E&J)

También adujeron que en las actas no se concretaban las conductas que se recogen en los requerimientos, y que ella no ha realizado una conducta pasiva, sino que ha tenido conversaciones con su progenitor. En tercer lugar, defendieron que no se prueban las actividades molestas, ya que la sentencia se basa sobre todo en el testimonio de los vecinos que tienen una situación de conflicto con ellos y que «su testimonio debe ser tomado con cautela».

Por su parte, la comunidad de propietarios se opuso al recurso destacando que si bien la conducta había cesado, «había sido motivado por el establecimiento del auto de alejamiento». Asimismo, señaló que «se han cumplido las exigencias del artículo 7 de la Ley sobre propiedad horizontal y que las actividades molestas están acreditadas, tanto con la causa penal, como con el testimonio de los vecinos». 

La demandante entiende también que debe considerarse que la estimación es sustancial, aunque se solicitase la privación del uso durante tres años y la sentencia lo impusiese por uno.

La cuestión fundamental que tenía que resolver la Audiencia era si había o no causa que justificase una privación del uso de la vivienda y la respuesta, según explica, «debe ser positiva, por lo que debe entenderse que la estimación es sustancial y ello aunque no se privase del uso de la vivienda durante la totalidad del periodo solicitado».

La sentencia, dictada el pasado 15 de septiembre (número 376/2023) y notificada esta semana, la firman los magistrados Fernando Ferrero Hidalgo (presidente), María del Puy Aramendia Ojer y Fernando Solsona Abad (ponente). Todavía no es firme, ya que cabe contra ella recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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