El absentismo laboral es ya un coste inasumible para las empresas, señala Antonio Garamendi, presidente de CEOE

El absentismo laboral sigue siendo uno de los principales problemas que tienen las empresas españolas, lo que las hace poco competitivas en estos momentos. El fenómeno ya lo abordó E&J en otro reportaje con la opinión de distintos expertos en relaciones laborales que constatan su crecimiento.

Según explicó Juan Roca, presidente de AMAT, en la Asamblea General de esta entidad, celebrada en CEOE este miércoles, durante este año 2025 “el coste del absentismo laboral derivado de contingencias comunes crecerá en torno al 10%, superando los 32.000 millones de euros. Asimismo, el número de procesos iniciados de estas bajas laborales crecerá más de un 6%, superando los 9,2 millones”.

A este respecto, Roca indicó la necesidad de diseñar propuestas que contribuyan a reducir estas cifras con carácter de urgencia y se fijó como prioridad empresarial “la reducción del número de procesos de baja de corta duración iniciados, el acortamiento de la duración innecesaria de las bajas y la eliminación de la bolsa de procesos con una duración superior a los 365 días, que ya superan los 210.000, casi cinco veces más que los existentes justo antes del inicio de la pandemia en 2020,lo que resulta perentorio” .

Como invitados de esta reunión empresarial estuvieron presentes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que asistieron a la Asamblea General y Junta de Gobierno de AMAT a la que también han asistido los presidentes de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Juan Roca, presidente de AMAT, ha señalado el crecimiento exponencial del absentismo laboral y advierte de que en el 2025 crecerá otro 10%. (Imagen: CEOE)

El acto ha coincidido con el 125º Aniversario de la constitución de las mutuas, cuya andadura se inició con la publicación de la Ley de Accidentes de Trabajo, en la que se estableció la responsabilidad objetiva de los empresarios ante un accidente de trabajo.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, puso el acento en el perjuicio que estas bajas laborales están generando a la productividad y a la competitividad empresarial: “Genera costes inasumibles que afectan directamente la competitividad de las empresas e impactan de forma negativa en su eficiencia, en su rentabilidad y en el propio clima laboral”.

El discurso de Garamendi durante la junta también abordó la responsabilidad social de las empresas respecto a la salud de los trabajadores y resaltó cómo los problemas como las enfermedades no laborales o accidentes, aunque externos, deben contar con el compromiso empresarial para gestionarse mejor.

Asimismo, Garamendi insistió en que el absentismo es un “mal endémico” que deja “en la cuerda floja” a muchas empresas, especialmente a las pymes. Durante la junta hizo hincapié en que, aunque el problema de los accidentes y enfermedades no laborales no está en las empresas, sí pueden y deben contribuir a preservar y mejorar la salud de los trabajadores que lo necesiten, como ya hace en la mayoría de ellas.

También insistió en que tampoco se puede criminalizar a los trabajadores cuando la gran mayoría están sufriendo las consecuencias de las ineficiencias del sistema de gestión de estas prestaciones públicas.

Más recursos y más competencias

Entre las propuestas que se pusieron encima de la mesa se encuentra la de que se doten con recursos sanitarios los Servicios Públicos de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, con el objetivo de mejorar los diagnósticos iniciales, los tratamientos e intervenciones, y el seguimiento de los procesos de baja, así como la mejor resolución de los procesos de larga duración.

En relación con los convenios para la mejora de la incapacidad entre los Servicios Públicos de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas, que fueron fruto de los acuerdos entre CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, ratificados por el Gobierno en septiembre de 2024, trasladan que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Servicio Público de Salud de las Islas Baleares ya los han suscrito y se está a la espera de que otras comunidades autónomas se sumen.

Otra de las cuestiones que se trataron fue la necesidad de otorgar mayores competencias a las mutuas para poder gestionar integralmente algunos los procesos de baja laboral, en concreto los relacionados con una patología traumatológica, estableciendo a su vez un mecanismo de garantía para los trabajadores al que puedan recurrir en caso de disconformidad.

En esta reunión empresarial también se habló en gran parte en lo relativo a “mejorar la gobernanza de las mutuas”. El último documento de Propuestas de Mejora de la Incapacidad Temporal, elaborado por Seguridad Social y fechado el 2 de junio, abre la puerta a una mayor presencia de la administración y de los sindicatos en las mutuas. Los representantes de AMAT reiteraron la importancia de considerar a las mutuas como parte de la solución y no del problema respecto a la incapacidad temporal (IT), y apelan a preservar su autonomía organizativa y de gestión, fundamentales para su operativa efectiva.

A este respecto los representantes empresariales reclamaron que no se injiera en la autonomía de gestión de las mutuas, toda vez que son asociaciones privadas de empresarios, y en última instancia son los que tienen la responsabilidad sobre estas entidades.

Esto justifica sobradamente que la “vis atractiva de la administración” se contenga debidamente, y que se devuelva a las empresas el gobierno de las mutuas. Las mutuas no son el problema de la IT, sino gran parte de la solución, y entienden que esa propuesta nada tiene que ver con la mejora de la incapacidad temporal.

No obstante, no se rechazan las actuaciones de fiscalización y control público sobre la gestión de lo que se considera dinero público. Pero el orden interno, las decisiones de organización y funcionamiento, las políticas y estrategias como organizaciones, corresponden a una categoría de lo más íntimo; corresponden a las juntas directivas y a las asambleas generales de cada mutua; corresponden a las empresas asociadas a las mutuas, para lo que se requiere la necesaria autonomía de gestión.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Ángela de Miguel presidenta de CEPYME; y Lorenzo Amor, de ATA; presentes en el evento de AMAT. (Imagen: CEOE)

Una historia de éxito desde hace 125 años

Durante el acto se conmemoró el 125º aniversario de las mutuas de accidentes de trabajo, ahora colaboradoras con la Seguridad Social, aludiéndose a la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900.

A este respecto, el presidente de AMAT señaló que “el aseguramiento del accidente de trabajo fue el primer seguro social en nuestro país, de tal forma que los empresarios que se asociaron para constituir las mutuas fueron los pioneros de la protección social en España, germen de lo que en los años sesenta del pasado siglo se estructuró como sistema de Seguridad Social, y pilar fundamental de nuestro sistema de protección social”.

Asimismo, destacó que las mutuas son el paradigma de la colaboración público-privada en España. Durante estos 125 años, las mutuas han velado por la seguridad y salud de los Trabajadores, comprometidas con la competitividad de las empresas, con la máxima vocación de servicio y leal colaboración para con la Seguridad Social, a la que acompañan desde mediados de la década de los años 60 del siglo pasado.

Para finalizar, el presidente de AMAT quiso felicitar a las más de 1.420.000 empresas que forman la base asociativa de las mutuas en España, el 98% de las existentes.

Hay que recordar que AMA, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 para representar los intereses generales y comunes de las 18 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Actualmente existentes en España: Asepeyo, Cesma, Egarsat, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Ibermutua, MAC, MAZ, MC Mutual, Mutua Balear, Mutua Intercomarcal, Mutua Navarra, Mutua Montañesa, Mutua Universal, Mutualia, Solimat, Umivale Activa y Unión de Mutuas.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios, voluntarias y sin ánimo de lucro, para la gestión de prestaciones de la Seguridad Social por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufren los trabajadores en el entorno laboral) y por contingencias comunes (enfermedades comunes y accidentes que sufren los trabajadores fuera del entorno laboral), entre otros servicios y prestaciones, que actúan bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

A nivel nacional, a cierre de 2024, estas entidades cubrían al 97% de los trabajadores por contingencias profesionales (20.300.000 trabajadores), y prácticamente al 80% por contingencias comunes (15.800.000 trabajadores), incluyendo para ambas prestaciones prácticamente al 100% de trabajadores autónomos. Las mutuas tienen asociadas voluntariamente a más de 1.420.000 empresas.

Asimismo, disponen de 22 hospitales, con más de 76 quirófanos y 1.211 camas. También disponen de 1.093 centros asistenciales distribuidos por toda la geografía española. Con estos recursos sanitarios han realizado más de 24,4 millones de actos médicos en 2023. En las mutuas trabajan más de 23.500 Profesionales, de los cuales, más de 12.000 son de carácter sanitario.