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El asesor fiscal no es responsable si se limita a reflejar los datos que su cliente le facilita (SAP Zaragoza 1056/2020, 30 de diciembre)

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 5 min

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Corrigiendo al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Zaragoza, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha declarado en su sentencia 1056/2020, de 30 de diciembre, que el asesor fiscal no puede ser un auditor especialmente exigente en la determinación de los datos que han de aportarse a la Hacienda Pública, a modo de inspección previa a la que eventualmente pudiera realizar la Agencia Tributaria. A juicio de la Sala, el asesor deberá limitarse a “reflejar los datos que el asesorado facilita”, sin que proceda la constante intromisión del asesor en la actividad de su cliente fiscalizando sus ingresos y gastos.

Ciudad de la Justicia de Zaragoza (Foto: EFE)



Antecedentes

Después de que se le impusiera una sanción tributaria de 158.704,49 euros (más 34.670,34 euros de intereses de demora), la actora, titular de una farmacia, interpuso una demanda para exigir la responsabilidad civil derivada del defectuoso asesoramiento contable y fiscal contra su antigua asesoría fiscal y su aseguradora, Mapfre.

En particular, aquella fundaba su pretensión de indemnización de daños y perjuicios en los siguientes hechos:

  • La asesoría, tras el cese de la relación profesional, no devolvió los libros contables y documentación complementaria a la actora en tiempo pertinente para formular su declaración de IRPF de 2015.
  • La asesoría, después de ser informada por la propia actora de la apertura de actuaciones de comprobación por la Agencia Tributaria y del consiguiente procedimiento inspector ante la misma, no compareció ante las oficinas de Hacienda para explicar el contenido y el modo de proceder en las declaraciones fiscales que había elaborado.
  • El representante legal de la asesoría reconoció, en comunicaciones previas al proceso judicial, la falta de diligencia en su actuar en lo atinente a la prestación de servicios a la actora.

Por todo lo anterior, la titular de la farmacia argumenta que los 193.374,83 euros pagados por la misma derivan del negligente, defectuoso y erróneo asesoramiento fiscal y contable proporcionado a la demandante por la asesoría fiscal y contable, y de los errores cometidos por dicha entidad al confeccionar la contabilidad y las declaraciones fiscales de la actora.

Primera instancia y motivos de recurso

Tras los tramites procesales oportunos, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Zaragoza estimó parcialmente la demanda y declaró lo siguiente:

  • La asesoría es responsable civilmente de los daños y perjuicios sufridos por la demandante.
  • La asesoría deberá pagar a la actora 138.189,31 euros de principal.
  • Solidariamente, la aseguradora de la demandada pagará a la actora el anterior importe citado hasta el límite de 136.689,31 euros.
  • La asesoría y su aseguradora abonarán a la actora los intereses legales correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda.

Disconforme con tales conclusiones, las demandadas, por separado, interpusieron sendos recursos de apelación.

Por un lado, la asesoría fiscal y contable entendía que no existía infracción de la lex artis, por lo que la resolución recurrida había incurrido, según su parecer, en un error de hecho en la valoración de la prueba. Argumentaba aquella que la misma cumplió con todas sus obligaciones contractuales (formulación de la contabilidad y declaraciones fiscales) conforme a los datos que la actora le suministraba.

Además, alegaba la infracción del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto no existía actividad probatoria alguna para acreditar el comportamiento poco diligente de la asesora, carga que correspondía a la actora.

Por otro lado, la aseguradora de la asesoría mantiene que no existía negligencia de esta última, ni nexo entre su actuar y el daño producido, la obligación de abonar los rendimientos del IRPF no declarado y la sanción tributaria.

Estima que “la actora defraudaba consciente y voluntariamente”.

Por último, respecto a la resolución recurrida, consideraba que el estándar de diligencia que pretende imponerle a la demandada “no es aceptable, no se ajusta a la buena fe contractual ni al sinalagma la pequeña iguala económica que paga el cliente para que le cumplimenten las declaraciones de impuestos, no para que le hagan una auditoría sobre la veracidad de los ingresos que declara”.

Audiencia Provincial de Zaragoza

Ya en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, la Sección Quinta de la AP de Zaragoza anticipa que la actividad del asesor fiscal “alcanza en el momento presente una gran complejidad, máxime si nos encontramos en el ámbito de la actividad empresarial”.

Tras ello, en el fundamento de derecho cuarto, la Sala anuncia que el sistema de tributación de la actora es la de estimación directa normal “en la que se declaran todos los ingresos, todos los gastos fiscalmente deducibles y su resultante en el resultado o base imponible a la que se aplica la cuota del impuesto”. Pues bien, “sobre esta tributación cuya estructura es muy simple, la inspección de tributos, este hecho no es debatido, apreció, concretamente a través de los tickets de la caja registradora del negocio de farmacia aportados telemáticamente, la existencia de numerosos ingresos no declarados. Los mismos no figuraban ni en la contabilidad ni en las declaraciones fiscales”. Además, “estos hechos, omisión de parte de los ingresos e inclusión de todos los gastos en las declaraciones del IRPF, se reitera en diversos ejercicios, hasta el punto de ser una característica de las declaraciones de la actora”, confirma el fallo.

“La contabilidad presentada y examinada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria no reviste, a su juicio, incoherencias o defectos, incluso hay recogidos abonos bancarios de TPV y se concilian correctamente los datos bancarios con la contabilidad presentada”. En cambio, a juicio de la Sala, “la única anomalía es la existencia de ingresos no declarados y, tras constatar la AEAT este dato, aparecen, aportados por la actora, descuentos a clientes por fidelización en archivos EXCEL aportados por ella”.

Así las cosas, “lo cierto es que no se aprecia infracción de lex artis tanto en la llevanza de la contabilidad como en la exactitud de las declaraciones fiscales presentadas conforme a la misma”, sostiene la Sala.

Llegados a este punto, la AP de Zaragoza anuncia que discrepa del juez a quo por las siguientes razones:

  • En primer lugar, la actora venía utilizando los servicios de la asesoría durante muchos años, pero el método de cálculo de las rentas era extremadamente simple y pivotaba sobre dos varíales: las ventas, controlables mediante la llevanza de la caja registradora y el TPV, y los gastos -estos no ocasionaron dificultad alguna para su cálculo-. La diferencia entre la facturación real y la declarada era de tal magnitud que no puede comprenderse como la actora, si realmente quería determinar la misma no pudiera hacerlo.
  • En segundo lugar, que el error estuviese permanentemente en los ingresos, nunca en los gastos, y siempre beneficiase al sujeto pasivo, permite concluir que, conforme a lo declarado ante la AEAT, estaba buscado por el mismo.
  • En tercer lugar, en relación a las obligaciones del asesor fiscal y contable, tienen razón los recurrentes cuando afirman que el asesor fiscal no puede ser un auditor especialmente exigente en la determinación de los datos que han de aportarse a la Hacienda Pública, a modo de inspección previa a la que eventualmente pudiera realizar la Agencia Tributaria, sino que el mismo debe reflejar los datos que el asesorado facilita, sin que proceda en supuestos como este la constante intromisión del asesor en la actividad de la actora fiscalizando sus ingresos y gastos.

Por todo ello, la Sección Quinta de la AP de Zaragoza estima íntegramente los recursos formulados por la asesoría y su aseguradora, y revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Zaragoza.

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