El Congreso aprueba la reforma de la Ley Concursal

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que incorpora, como novedad, una disposición adicional para que el Ejecutivo presente un informe con soluciones extrajudiciales que permitan que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas y eviten entrar en concurso de acreedores.

Según informaron varias agencias, en el plazo de seis meses deberá informar sobre el resultado de las medidas tomadas para paliar los problemas de las familias que no pueden pagar sus hipotecas y acaban desahuciados. Así, el citado informe deberá incluir, entre otras medidas, posibles propuestas para completar la protección económica y social de consumidores y familias, así como soluciones extrajudiciales que favorezcan la renegociación de deudas a través de mediadores o de pactos notariales.

Y todo ello en un contexto en que la falta de regulación del sobreendeudamiento de las personas físicas ha sido otro de los temas más polémicos de la reforma. Cabe mencionar que, entre otros, ya el Consejo General del Colegio de Economistas, a través del documento de urgencia que envió al Congreso para su discusión parlamentaria en el periodo de enmiendas a la reforma de la Ley, criticaba que la reforma no hubiera modificado la regulación de los concursos de acreedores de particulares, a pesar de las recomendaciones que hizo oficialmente en febrero el Consejo General del Poder Judicial. Distintas instituciones coincidían en que «las personas físicas no pueden soportar un proceso concursal con una complejidad y costes previstos para resolver insolvencias de empresarios o autónomos» y solicitaban la exclusión de los acreedores persona física de los procedimientos concursales.

Por otro lado, el proyecto, que ahora será remitido al Senado -previsiblemente entre agosto o primeros de septiembre-, establece que los concursos de acreedores serán gestionados con carácter general por un único administrador nombrado judicialmente, en vez de los tres actuales.

Se trata de una de las enmiendas presentadas por el Grupo socialista del Congreso de los Diputados, de forma que este profesional podrá ser abogado en ejercicio o economista, titulado mercantil o auditor de cuentas. (Fuente: El Economista)