El Congreso cierra el plazo de enmiendas sobre la pasarela al RETA, en vísperas de otra manifestación de mutualistas el 27 de septiembre

Después de innumerables prórrogas desde el pasado 6 de mayo, el plazo de enmiendas de la proposición de ley sobre la pasarela al RETA para los mutualistas alternativos, planteada por el PSOE, se cerraba este miércoles a las 18.00 horas en el Congreso de los Diputados. Esta circunstancia se produce en vísperas de que el próximo 27 de septiembre, en Madrid, tenga lugar otra manifestación de mutualistas afectados que reclaman la pasarela al RETA para todos.

En los próximos días la Comisión de Seguridad Social designará a un grupo de diputados para elaborar el texto definitivo, que se podrá mejorar con las enmiendas registradas hasta este miércoles para reformar el texto de la Ley de Seguridad Social que hará posible la Pasarela al RETA de los mutualistas de la abogacía.

La Cámara Baja aprobaba ayer por unanimidad que la reforma de esta Ley se tendrá que aprobar en el Pleno del Congreso. A propuesta del BNG y con el respaldo de todos los grupos, no bastará con la aprobación de la Comisión de Seguridad Social al texto definitivo, la reforma deberá ser remitida al Pleno para que sea el conjunto de la Cámara el que la apruebe. Una vez aprobada, será remitida al Senado.

El grupo socialista se comprometió con la Abogacía a tramitar esta Ley con la máxima urgencia. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha instado en varias ocasiones a los grupos parlamentarios —la última en el Pleno de la semana pasada— a que la tramiten lo antes posible para dar una solución a los miles de mutualistas que están cobrando pensiones insuficientes o que están retrasando su jubilación.

Hay que recordar que en enero de este año el CGAE organizaba un debate con todos los interlocutores de los partidos políticos principales invitados. El problema es la falta de acuerdo entre los grupos para consensuar un modelo de pasarela al RETA adecuado, con lo cual las próximas negociaciones serán complejas. La idea sería que la reforma que se quiere plantear entrara en vigor a inicios del 2026.

El PSOE registró esta norma en el Parlamento hace un año, aunque la tramitación no se inició hasta mayo y está paralizada con continuas ampliaciones del período de enmiendas. Los convocantes reclaman que la norma recoja sus exigencias, como que a los mutualistas que pasen a cotizar al RETA se les cuente cada mes de aportaciones a la mutualidad como un mes de aportación a la Seguridad Social. También, que se incluya a todos los afectados, tanto personas que trabajan en la actualidad como pensionistas, que han cotizado 38 o 40 años y reciben pensiones mínimas, y a aquellos jubilados, pensionistas y viudas que nunca tuvieron la opción de elegir el RETA.

Por su parte el Movimiento J2 recuerda que la situación actual de los mutualistas es consecuencia de décadas de ausencia de regulación y supervisión adecuadas por parte del Estado. Por ello, reclama a los partidos que legislen con responsabilidad y no se limiten a “parches o exclusiones”.

Entre las reivindicaciones planteadas para mejorar el texto del PSOE con su propuesta se encuentran cuestiones como una pasarela ‘1×1’ al RETA para todos los mutualistas, junto a la inclusión prioritaria de pasivos y enfermos, al ser los más vulnerables y el rechazo a cualquier medida limitada en el tiempo o restrictiva.

La propuesta del PSOE presentada por Javier Alfonso Cendón ha tenido un periodo de enmiendas de cuatro meses. (Imagen: PSOE)

Nueva manifestación en Madrid

Y es que el texto del PSOE era bastante mejorable, de ahí que el periodo de enmiendas haya sido bastante fructífero, no obstante, también se percibe que los grupos aún no han acordado cuestiones de fondo: quiénes quedan excluidos, cómo se valorarán los años cotizados en mutualidades, condiciones de transición, compensaciones, etc.

Entre otras cuestiones, el texto legislativo enmendado contemplaba una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y el fin de la alternatividad a partir del 1 de enero de 2027 (los nuevos profesionales deberán integrarse obligatoriamente en el sistema público de Seguridad Social).

Sin embargo, entre los puntos críticos aún sin resolver: cuánto se pedirá para “compensar” años no cotizados en RETA, el coste para la Seguridad Social o si habrá penalizaciones o descuentos que hagan poco atractivo el cambio al RETA de los mutualistas. Tampoco se habría resuelto cuándo dejará de estar permitida la mutualidad como alternativa al RETA —el PSOE ha planteado que sea a partir de 2027—.

De manera paralela, los afectados se preparan para volver a tomar las calles de la capital el próximo 27 de septiembre. A las 11:30 horas, en la Gran Vía de Madrid impulsados desde asociaciones convocantes de la manifestación (Plataforma de Afectados por las Mutualidades, Movimiento J2 Abogacía y Procura, Sindicato Venia, Asociación ANAMA y Asociación ANMARQ) reclaman al Congreso de los Diputados que desbloqueen la futura ley que les permitirá pasar a cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La nueva protesta por primera vez incluirá a profesionales más allá de la abogacía y la procura, gremio que ha encabezado las movilizaciones para exigir pensiones similares a las que da la Seguridad Social. En la actualidad, muchos de estos profesionales cobran cifras por debajo de los 700 euros al mes, e incluso, de los 500 euros. Así, reunirá también a arquitectos, ingenieros o químicos, afectados también por las mutualidades.

Antes de 1995 muchas profesiones tenían la obligación de cotizar solo en su mutualidad, a partir de esa fecha se les permitió elegir entre la mutualidad y el sistema de la Seguridad Social para autónomos, pero según explicaron en su día desde el sindicato de abogados Venia a este diario, si se marchaban al régimen público perdían las aportaciones realizadas con anterioridad.

El CGAE, con su presidente Salvador González a la cabeza, reunió en enero de este año en un debate al Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Sumar para conocer sus propuestas. (Imagen: CGAE)

Una pasarela para todos, el objetivo

Los mutualistas afectados rechazan que la pasarela que se propone no alcance a todos los afectados. Los filtros que se marcan no tienen otra justificación que el beneficiar a las mutualidades impidiendo el traslado de parte de sus mutualistas al RETA. En especial, consideran inaceptable que se excluya a los pasivos. Cualquier mutualista que hoy esté jubilado y haya dedicado su vida profesional a su profesión, necesariamente se dio de alta cuando legalmente no se les permitía incorporarnos al régimen de autónomos.

Al mismo tiempo recuerdan que cuando se modificó la ley para permitirlo, no se reguló el reconocimiento del tiempo y las aportaciones previas, lo que los dejó atrapados en el modelo. En los años siguientes, a través de nuevos giros legales, las mutualidades debieron adoptar el sistema de capitalización individual, lo que supuso para los mutualistas la pérdida de parte de lo aportado y, además, de las prestaciones definidas que reconocía el sistema anterior.

Los mutualistas convocantes de la manifestación subrayan que todo ello se hizo en la más absoluta opacidad. El resultado fue que quienes hoy están jubilados han visto como a lo largo de su vida profesional se ha ido modificando el marco legal condenándolos a pensiones que no merecen ese nombre, por ser inferiores a los mínimos que la Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos de este país.

Este colectivo tienen claro que no pueden aceptar una pasarela que excluya a los mutualistas pasivos. Tampoco los mutualistas aceptan el modelo de compra de cotizaciones que recoge el proyecto de Proposición de Ley. Se les trata como a un colectivo que fuera ajeno al sistema de seguridad social, que nunca hubiera pagado su previsión y que ahora necesite entrar en el sistema mediante un convenio de compra.

El proyecto parte además de los fondos que reconoce individualmente cada mutualidad, lo que en muchos casos se aleja enormemente de lo aportado. Si no tienes fondos reconocidos o estos han mermado por diversos motivos, no puedes comprar tiempo de alta.

Los colectivos ven en la Ley que se tramita en el Congreso la oportunidad para resarcirse de una “Seguridad Social privada en paralelo” que les condena, en la mayoría de los casos, a pensiones insuficientes. De las siete mutualidades alternativas al sistema público, Mutualidad de la Abogacía es la principal por número de clientes y volumen de ahorro gestionado: 60.000 mutualistas alternativos, más de la mitad del total de las siete (110.570).

En definitiva, el Congreso tiene ahora la responsabilidad de alcanzar un consenso, que no será sencillo de lograr, que respete la trayectoria de las mutualidades y, al mismo tiempo, ofrezca seguridad a los profesionales de hoy y de mañana que reclaman pensiones más justas a las que están percibiendo algunos mutualistas jubilados. Habrá que estar pendiente a las nuevas negociaciones en nuestro Parlamento y como encajan en el marco actual de nuestra Seguridad Social.