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El Congreso de los Diputados respalda tramitar una proposición de ley para derogar las tasas a ONGs y pymes



El Pleno del Congreso de los Diputados ha expresado el martes 19 de abril su respaldo a tramitar una proposición de ley, impulsada por Ciudadanos, con el objetivo de derogar las tasas judiciales a las ONG y las pymes. Patricia Reyes, diputada de este partido, ha reconocido la labor de la Brigada Tuitera, según Europa Press, colectivo que se ha reunido con esta y otras formaciones antes de la propuesta llevada a la cámara baja.

La proposición del partido naranja ha contado con el apoyo de PSOE, Podemos, Compromís, ERC, Democracia y Libertad (DL) –que presentó una iniciativa similar, aunque en forma de proposición no de ley, en la Comisión de Justicia–, y del PNV. La tramitación dependerá de si finalmente se cierra o no la próxima semana un acuerdo de investidura ya que, de no haber nuevo Gobierno, la iniciativa desaparecería al disolverse las Cortes.





“Se da la paradoja de que pymes y ONG pagan exactamente lo mismo que las grandes empresas, lo que genera una enorme desigualdad a favor de estas últimas y frente a las Administraciones Públicas, que nada tiene que pagar por estar exentas. Han creado una Justicia para ricos y otra para pobres”, han sostenido en un comunicado la Brigada Tuitera.





La Abogacía institucional y la Brigada Tuitera han venido trabajando en los últimos años para eliminar las tasas judiciales, consiguiendo que en febrero de 2015 el Gobierno, a propuesta del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, derogara las tasas judiciales para personas físicas Real Decreto-Ley 1/2015.

El Consejo General de la Abogacía Española se ha venido reuniendo con el ministro de Justicia así como con los dirigentes de los principales partidos políticos, entre ellos Ciudadanos, PSOE y PP. Estas reuniones se han intensificado en las últimas semanas.

La Brigada Tuitera ha recordado el “enorme rechazo” que generó la aprobación de las tasas judiciales en 2012 por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Su sucesor, Rafael Catalá, atendió a esa “presión social y del sector jurídico” eximiendo del pago a las personas físicas, aunque no así a ONG y pymes.

El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado varios recursos contencioso-administrativos contra la ley, reglamento y ordenes ministeriales que desarrollan las tasas judiciales, también ha respaldado la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Además en diciembre de 2012, la Abogacía institucional impulsó la constitución de la Plataforma Justicia para Todos.

(Fuente: Abogacía)

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