El Gobierno en 2019 utilizó la Diputación Permanente para aprobar un decreto ley que el Congreso había rechazado: el Constitucional lo modificó por no estar justificada la urgente necesidad

Tal y como adelantó Economist & Jurist que pasaría, el Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo, el martes 6 de octubre de 2026, los dos decretos leyes sobre vivienda rechazados por el Congreso de los Diputados. El objetivo es acordar y aprobar ahora lo que los legítimos representantes del pueblo español rechazaron hace unos días mediante votación de sus representantes en la Cámara baja. Para conseguir este objetivo, se necesita una norma de cobertura que, de la apariencia de cumplimiento del ordenamiento, pero que al mismo tiempo permita conseguir el objetivo perseguido prescindiendo de su adecuación a la ley.

G

Agrega

como fuente preferida en Google

Para que estos decretos se puedan ajustar al procedimiento de aprobación previsto en la regulación de las funciones de la Diputación Permanente, es necesario darles una apariencia que se ajuste a los requisitos exigidos por la Constitución. En concreto:

1. El texto del decreto-ley no puede ser el mismo que el Congreso de los Diputados rechazó. La realidad es que los nuevos decretos leyes que se someten a la Diputación Permanente tienen el mismo contenido material, sin cambios sustanciales, con unas pequeñas modificaciones, que tienen por finalidad dar la apariencia de que se trata de un cuerpo normativo distinto del rechazado por el Congreso de los Diputados. Una simple lectura del texto rechazado y el que se somete a la Diputación Permanente lo evidencia. Además, el propio presidente y muchos de sus ministros, han reconocido en público que era necesario recuperar el contenido de los decretos leyes rechazados por el Congreso y, que, por ello, se utilizaba la regulación prevista para el funcionamiento de la Diputación Permanente.
2. El decreto-ley está previsto legalmente para casos de extraordinaria y de urgente necesidad. Lo que no ha tenido extraordinaria urgencia en ocho años, no puede adquirirla por el hecho de que se convoquen unas elecciones generales, o porque una estrategia informativa destaque el cumplimiento de una orden judicial de desahucio de los miles que cada año se practican en España a ocupantes e inquilinos de inmuebles de diferentes edades y condiciones.

(Imagen: E&J)

Los actos expuestos reflejan la utilización de una norma de cobertura que se utiliza para defraudar otra norma, con una apariencia de legalidad gracias a la primera. No se trata de valorar la bondad u oportunidad de los objetivos perseguidos por esta actividad legislativa del Gobierno, que también es posible que se realicen con buena fe, y con el convencimiento de que su efectos pueden ser positivos para la sociedad, pero aún si este fuera el caso, la finalidad perseguida no justifica el incumplimiento del ordenamiento jurídico.

El artículo 6.4 del Código Civil define el fraude de ley, y dice que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, no impedirán la debida ampliación de la norma que se hubiera tratado de eludir.

En el año 2019 se produjo un caso similar a este protagonizado también por nuestro actual presidente del Gobierno, pero tal vez de menor gravedad. Después de disolver las Cortes el 5 de marzo de 2019, aprobó al día siguiente un nuevo decreto ley que regulaba el alquiler parecido al que el pleno del Congreso había rechazado a finales de 2018. Un mes después la Diputación Permanente lo aprobó, pero con el respaldo de algunos partidos que en el Congreso lo habían rechazado. Éste último dato es importante y en el actual caso no se da.

El partido Popular (PP) recurrió ante el Tribunal Constitucional la aprobación del decreto ley. El Tribunal de Garantías, por su parte, declaró inconstitucional dos disposiciones adicionales del decreto ley aprobado por la Diputación Permanente por no estar justificada la urgente necesidad y otra disposición, por ser materia que se podía haber regulado por vía reglamentaria. El resto de la norma fue avalada por el Constitucional.