El peligro de asesorar al contrario de nuestro cliente, aún con su autorización

El diario ABC publicó hace unos días una noticia que titulaba: La familia dulcera Martínez demanda a sus propios abogados por estafarles 50 millones. Solo este titular ya es molesto para la firma de abogados implicada, ya que si no se profundiza en el conflicto la firma legal puede ver seriamente perjudicada su reputación, ganada con años de trabajo y esfuerzo. Por otro lado, es obvio que cualquier cliente de un abogado tiene derecho a tramitar, por los cauces legalmente establecidos, sus quejas por el servicio prestado por cualquier abogado.

En el supuesto que nos ocupa, los propietarios de dulces Martínez denuncian a la prestigiosa firma de abogados madrileños ABCGC (en concreto, los letrados intervinientes de esta firma  fueron los reconocidos abogados Manuel Corcelles Moral y José Antonio García Cruces González), entre otras razones, por forzar a firmar documentos, impulsar una dación en pago perjudicial , presionar para aceptar condiciones ruinosas, transmitir  la necesidad de invertir con urgencia, todo ello según el único  criterio de la parte denunciante, con el objetivo de dar cobertura a una actuación de los letrados incursa en conflicto de intereses , en beneficio económico de los abogados y en perjuicio de su cliente.

Sin embargo, este medio ha tenido acceso a un escrito presentado ante el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por la representación del despacho ABCGC en el que acreditan que los clientes autorizaron expresamente al despacho de abogados para que asesorase a la contraparte en asuntos distintos que no provocaran conflicto de intereses, lo que evidencia que ni se ocultó por el despacho, ni se desconocía por el cliente la relación del despacho con la parte contraria, la cual, según la firma de abogados, no le impidió cumplir leal y eficazmente el servicio jurídico encargado por el cliente. Por otro lado, el asesoramiento jurídico en favor del tercero en conflicto no se llegó a ejecutar según manifiestan los abogados de ABCGC, así como ninguna de las conductas ilícitas atribuidas a los letrados.

El proceso será complejo, pues además la controversia se centra en otros muchos temas derivados de consejos en materia de inversión, procesos constructivos y honorarios.

Un conflicto entre prestigiosos empresarios y reconocidos abogados que deberá solucionarse, antes o después, con el auxilio de la Administración de Justicia y la atenta mirada del Colegio de la Abogacía.