El PSOE plantea gravar con más impuestos a la vivienda, medidas que reducirán aún más la exigua oferta de alquileres existentes

El Partido Socialista (PSOE) ha registrado este jueves una proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles en la que recoge parte de la batería de medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero para facilitar el acceso a la vivienda, sin embargo, incluyen una novedad a lo mencionado entonces: aumentar los impuestos a la vivienda vacía.

Se trata de un paquete fiscal alineado con la política de vivienda del Gobierno, que se fundamenta en tres ejes: hay que construir más vivienda para dar respuesta al déficit habitacional, que el Banco de España sitúa entre 400.000 y 450.000 viviendas; hay que mejorar la regulación para que el mercado salvaje no devore las economías familiares; y hay que incrementar las ayudas para los colectivos con más dificultades para el acceso a un techo.

Expertos consultados por Economist & Jurist creen que con estas medidas es difícil que se consolide la vivienda como quinto pilar del estado del bienestar y se garantice así el derecho a una vivienda digna y adecuada, dando cumplimiento de este modo al artículo 47 de la Constitución, que también mandata a los poderes públicos a actuar para evitar la especulación.

Ahora, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley que recicla medidas como una subida del IVA de los pisos turísticos al 21% —que también propuso el colega de Gobierno Sumar—, para que tributen como la actividad económica que son, o la conocida extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pudiendo llegar al 100%, en zonas que no hayan sido declaradas tensionadas para premiar a los propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia.

La proposición de ley del PSOE también incluye el ya anunciado nuevo impuesto estatal para desincentivar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes gravando la compra de vivienda de este colectivo, con un nuevo tributo que el Estado definirá para estas transmisiones patrimoniales.

Solo son medidas que parchean

Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, ha sido uno de los ponentes que ha participado en la puesta en marcha de la Asociación SOM HABITATGE Unión de Propietarios, este jueves en el Ateneo de Barcelona con la presencia de más de 200 personas, la mayor parte de ellos profesionales liberales que la vez son propietarios de viviendas. Una entidad que quiere alzar la voz y proteger los intereses de los dueños que alquilan sus pisos.

Nasarre, siempre muy crítico con la Ley de Vivienda del Gobierno, a la que cree culpable de la situación actual de falta de oferta y encarecimiento de los precios d los alquileres “las medidas fiscales planteadas son un parche y no van al corazón del problema. Pueden ser útiles para zonas concretas de Baleares o de la costa, pero para la llamada España vaciada no tienen mucho sentido. Las familias han sido expulsadas del mercado de la vivienda, no pueden ni comprar ni alquilar”.

Sergio Nasarre, que intervino en este acto, advierte que las medidas son un parche y no van a la raíz del problema. (Imagen: SOM HABITATGE)

A juicio de este jurista hay cuestiones que no convencen “la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% creo que es equivocada. Si un propietario utiliza su propiedad privada a lo que quiere eso no es un negocio a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia relativa a Francia consideró que si había negocio. No parece lógico que estos pisos que se conviertan en alquiler turístico tengan esta subida de IVA por ser una actividad económica. De todas formas, el impacto de este alquiler turístico en el residencial es insignificante”.

Sobre gravar con impuesto la compra de viviendas de no residentes en la UE, “tampoco parece que sea una medida que afecta a muchos ciudadanos extracomunitarios. El impacto será escaso porque son los ingleses, alemanes, holandeses y marroquíes entre otros”.

En cuanto a la tributación de las SOCIMI al 25% “es un error gravísimo, las SOCIMI como vehículo financiero en otros países no pagan impuestos a cambio de dedicarse a realizar políticas de alquiler a precio reducido. Esto funciona muy bien en otros países, porque Francia lo hizo bien desde el principio para propietarios con algunos pisos o pequeñas empresas, a cambio favorecían el alquiler. En España solo dejaron a las grandes empresas con mas de cinco millones de euros establecer. Ahora lo que se pretende es cargarse este sistema de las SOCIMI”.

Para Nasarre “urge reenfocar la cuestión porque estas medidas no van a la raíz del problema. Se vuelve a tributación de la vivienda, pero ya hay algunos informes que indican que no ayuda a incrementar la oferta de vivienda. Lo mejor que pudiera pasar es que no se aprobasen estas medidas en el Congreso de los Diputados. Hay que modificar la ley de la Vivienda. El control de rentas no ha hecho más que encarecer los precios. Ahora mismo la propiedad privada está en riesgo con estas medidas”.

Propietarios piden más ayudas y menos sanciones

Desde la Asociación SOM HABITATGE, Unión de Propietarios, que se presentó en sociedad este jueves, su presidenta Nuria Garrido, abogada y socia de ETL-NEXUM ABOGADOS, resalta que, en Cataluña, actualmente, ser propietario se ha convertido en una temeridad, en un estigma, que han sido criminalizados y deshumanizados.

El Decreto Ley 1/2025 del parlamento catalán ha introducido un sistema de normas sancionatorias de 9.000 euros a 900.000 euros para los propietarios que incumplan una serie de formalidades en la redacción del contrato, publicidad del anuncio, o el incremento de renta sobre el precio indexado.

A su juicio, SOM HABITATGE, aboga por un política de vivienda que se base en incentivos, y en apoyar la adquisición de la vivienda por el conjunto de la ciudadanía, facilitando ayudas fiscales no solo mediante la rebaja del ITP en la compra de primeras vivienda para los menores de 32 a 35 años, sino que extendiendo dichas reducciones a todos los ciudadanos sin limitación de edad.

Nuria Garrido presidenta de la Asociación indica que el propietario en Cataluña está rodeado de sanciones y prohibiciones. (Imagen: SOM HABITATGE)

Para esta asociación habría que recuperar ayudas a nivel de deducciones en renta, como habían sido de aplicación en legislaturas anteriores y estableciendo mecanismos bancarios efectivos para permitir un acceso universal a la vivienda, dado que la vivienda en propiedad, consolida el futuro personal de la población, ahuyenta la precariedad, y permite que haya ascensor social.

Finalmente, “abogamos por la derogación de la prórroga forzosa a la suspensión de lanzamientos de inquiokupas, que se han venido prorrogando desde el año 2020 como consecuencia del Covid-19, y que ha generado una gran inseguridad jurídica para el propietario, que en muchas ocasiones se ve abocado a tener que mantener al inquilino durante más de 6 o 7 años, con el consecuente desgaste económico y moral para el propietario, que ve  como el  Estado, está utilizando su vivienda para dotar su parque social gratuito, a falta de vivienda pública”, comenta esta jurista.

En relación a la batería de propuestas que han salido en fecha 23 de mayo de 2025 por parte del PSOE, Nuria Garrido considera que son en su mayoría, insuficientes e ineficaces, si bien la propuesta de ampliar las deducciones en el IRPF al 100 % en caso de arrendar por precios inferiores al Index, puede ser efectiva, “recomendaría que dichas deducciones se pudieran aplicar también respecto al Impuesto de Sociedades para Pymes que sean propietarias de inmuebles en arrendamiento”, indica Garrido.

En cuanto al Impuesto especial para la adquisición de inmuebles por parte de los extranjeros, aparte de la dificultad técnica de su implantación, sería partidaria de que en dicho impuesto se rigiera en principio de reciprocidad, y que solo fuera aplicable a los países que ponen restricciones o prohíben la adquisición de un inmueble por parte de un español.

Sobre la tributación por pisos vacíos, se ha de mencionar que los principales propietarios con pisos vacíos son la propia administración, comunidades autónomas y ayuntamientos y, adicionalmente, la SAREB y entidades bancarias; por lo que dicho impuesto, en su caso, tendría que afectar a este gran segmento, y no al pequeño propietario o promotores, que, por diferentes motivos, puedan tener un piso vacío (i.e. obras, falta de financiación, cambio de trabajo, herencia, etc.).

Finalmente, y en relación a las modificaciones en las SOCIMIS, “creemos que se trata de medidas más electoralista que de efectiva aplicación y se encuentra a faltar propuestas que permitan una mayor flexibilidad y abaratamiento del mercado de la vivienda”, indica Garrido.

Foto de la nueva junta directiva de la Unión de Propietarios SOM HABITATGE. (Imagen: SOM HABITATGE)

Subir los impuestos no es la solución

Por su parte, la abogada Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, especializada en derecho de arrendamientos, es bastante crítica con las medidas que el Gobierno central y la Generalitat están realzando en materia de vivienda.

“En Cataluña estuvimos del 2020 al 2022 con la limitación de precios. Se vio que el mercado se tensionaba de forma notable. Eso hizo que volviéramos en el 2023 con la Ley de la Vivienda con la misma medida y esa limitación de precios. Gravar el contrato de temporada con mas IVA no es la solución, es posible que haya algo de fraude, pero la gran mayoría lo hace por necesidad”, señala Goenaga.

Desde su punto de vista “no hay que relacionar la expansión de los pisos turísticos con los problemas actuales del mercado de la vivienda. No entendemos porqué tienen que desaparecer los pisos turísticos. Tenemos un problema de fondo de más demanda de vivienda que de oferta. La fata de esa oferta viene dada porque para desahuciar a alguien que no paga el alquiler es muy difícil hacerlo con el Real Decreto de 5 de marzo del 2020 que se renueva cada año. Hay procedimientos judiciales suspendidos desde esa fecha porque supuestamente afectan a personas vulnerables protegidos por este Real Decreto”.

Al mismo tiempo recuerda que el seguro de impago que creó el Gobierno para proteger a los propietarios en caso de impago no es operativo: “A algunos clientes les ha pagado el primer año, pero los desahucios se alargan y luego no les compensan porque se suspenden. Si estas medidas se aprueban en nuestro Parlamento aun tensionará más nuestro mercado de la vivienda. En las exposiciones de motivo de estas propuestas se traslada la responsabilidad del derecho a la vivienda para todo el mundo al propio propietario, lo que no se entiende. Tampoco parece lógico que los contratos de alquiler serán indefinidos ayudaría a resolver esta problemática”.

La abogada Arantxa Goenaga recuerda que la falta de oferta de alquiler viene dada por ese Real Decreto 5/2020 que se ha renovado año a año y que evita el desalojo de las personas que no paguen porque son vulnerables. (Imagen: cesión propia)

En su opinión, el gravar la compraventa de vivienda a los no comunitarios con un IVA mayor del habitual podría generar un problema jurídico importante “parece que vulnera derechos esenciales europeos como la libre circulación y la libre residencia y podría producir problemas con la UE. La técnica legislativa de estas iniciativas legislativas es deplorable No consultan a los operadores inmobiliarios y así salen algunas, sin pies ni cabeza. El mensaje que lanza el Gobierno es peligroso y puede generar enfrentamientos entre los propios propietarios y sus inquilinos. Quitar los alquileres de temporada puede aún reducir más la oferta de vivienda”.

Para esta experta, la solución al problema de la falta de oferta de vivienda debe resolverse desde otra perspectiva “para destensar el mercado de la vivienda hay que dotarle de más libertad. Si a los propietarios se les facilita un sistema más ágil en el caso de impago de desahuciar a ese inquilino, pondrán más pisos a disposición de ser alquilados. Junto con ello hay que hacer más vivienda pública que amplie la oferta de otra manera. Tras el rescate que se hizo a los bancos, los fondos buitres tienen muchas propiedades deberían obligarles a que fueran alquileres sociales. Poner un gravamen para las viviendas vacías, como recargo de IBI se aprobó hace años, pero ningún ayuntamiento ha hecho nada”.