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Derecho Comunitario

El sistema de recuperación de puntos de la DGT podría ser ilegal, a juicio del TJUE

La corte afirma que va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general perseguido

(Foto: E&J)

Andrés Lara

Redactor de Economist & Jurist




Tiempo de lectura: 4 min



Derecho Comunitario

El sistema de recuperación de puntos de la DGT podría ser ilegal, a juicio del TJUE

La corte afirma que va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general perseguido

(Foto: E&J)



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado en una sentencia que el método utilizado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para el reparto de cursos de sensibilización y reeducación vial a quienes quieren recuperar los puntos de los permisos de conducir va en contra del derecho comunitario y podría ser ilegal.

En concreto, el TJUE sostiene que la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, “se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual la adjudicación de los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción debe efectuarse mediante una concesión de servicio público”. Asegura el tribunal que dicha normativa va “más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general perseguido, a saber, la mejora de la seguridad vial”.



La sentencia del TJUE se produce como contestación a una cuestión prejudicial interpuesta por el Tribunal Supremo español ante recurso de casación de la Administración General del Estado y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

La DGT anunció en 2014 la licitación para los cursos que debían seguir los conductores para recuperar los puntos de su permiso de conducción perdidos como consecuencia de infracciones de tráfico. El contrato que era objeto de dicha licitación se configuraba como de concesión de servicio público. A estos efectos, todo el territorio nacional, salvo Cataluña y el País Vasco, quedaba dividido en cinco zonas, a cada una de las cuales correspondía uno de los cinco lotes de la licitación. Al término del procedimiento, el adjudicatario de cada uno de los lotes era la única entidad habilitada para impartir dichos cursos de sensibilización y reeducación vial en la zona geográfica correspondiente.



Este sistema fue recurrido por la Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, alegando que la adjudicación de dichos cursos de sensibilización y reeducación vial mediante contratos de concesión de servicio público era contraria a la libre prestación de servicios. Su recurso fue desestimado, por lo que acudieron a la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional anuló  la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la licitación controvertida. A su juicio, “aunque los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción constituyen un servicio de interés económico general en el sentido del artículo 14 TFUE, la obligación de otorgar una concesión de servicio público es desproporcionada y no puede justificarse”. “Existen otras fórmulas que permitirían llegar al mismo resultado sin poner en entredicho la competencia entre los prestadores de servicios que podrían dedicarse a esa actividad”, destacaba la Audiencia.

Tribunal de Justicia de la UE (Foto: OV)

Recurso ante el Supremo

La Administración y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), entidad que había participado en el procedimiento de licitación, recurrieron en casación dicha sentencia ante el Tribunal Supremo. Al Alto Tribunal se le plantearon dudas sobre si la adjudicación controvertida era o no compatible con la Directiva 2006/123. Ante esta tesitura, paralizó el proceso y decidió plantear esta cuestión prejudicial al TJUE: “¿Es compatible con la Directiva [2006/123] ―o, en su caso, con otras normas o principios del Derecho de la Unión Europea― la norma nacional por la que la adjudicación de los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos de permisos de conducción debe hacerse mediante concesión de servicio público?”.

En su sentencia, el TJUE destaca que, de conformidad con la normativa controvertida, solo un concesionario está autorizado a impartir estos cursos de sensibilización y reeducación vial en cada una de las cinco zonas geográficas previamente delimitadas. “Una vez adjudicado el contrato, el concesionario ejerce un control exclusivo sobre la zona para la que es titular de una concesión de servicio público, sin que ningún otro prestador esté autorizado a prestar tales servicios en esa zona”, recuerda.

A este respecto, la corte europea entiende que la normativa española “ha de considerarse que constituye a la vez un límite cuantitativo y un límite territorial en el sentido del artículo 15, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/123” y esta limitación a la libertad de establecimiento, según la citada Directiva, “debe ser no discriminatoria, necesaria y proporcionada”. Por lo que respecta a la cuestión de la discriminación, “la normativa nacional controvertida se aplica sin discriminación a todos los prestadores que deseen prestar el servicio de que se trata en el litigio principal”.

Por lo que se refiere a la necesidad de la norma, el TJUE afirma que la medida adoptada por las autoridades españolas “está concebida para mejorar la seguridad vial facilitando el acceso a los centros de formación a los conductores que hayan perdido puntos en su permiso de conducción”, recoge “una razón imperiosa de interés general que puede justificar restricciones a la libertad de establecimiento”.

Tribunal Supremo (Foto: E&J)

No obstante, en cuanto a la cuestión de si la medida es proporcionada al objetivo de interés general perseguido por la Directiva 2006/123, afirma que “una medida nacional que restringe la libertad de establecimiento en aras de un objetivo de interés general solo será admisible si es adecuada para garantizar la realización de dicho objetivo y si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo”.

Afirma el tribunal que “parece que existen medidas menos restrictivas que esa que permiten conseguir el objetivo perseguido. Además, como se ha expuesto ante el órgano jurisdiccional remitente, tampoco cabe excluir que este objetivo pueda alcanzarse mediante un régimen de autorización administrativa, en lugar de recurrir a un servicio público que deba prestarse mediante concesión”.

Por otra parte, asegura que cabe la posibilidad de que «una división del territorio en un mayor número de zonas geográficas que las cinco fijadas contribuiría a facilitar la prestación de los servicios controvertidos en zonas menos atractiva», por lo que «la división territorial y el límite cuantitativo impuestos no parecen necesarios» para que los cursos sean viables desde el punto de vista económico.

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