El Tribunal de Cuentas fiscaliza los ERTES de la pandemia y encuentra irregularidades en 279.000 empresas

El Tribunal de Cuentas hacia público este martes ocho informes de fiscalización sobre cuestiones varias, aprobados en Pleno, entre los cuales destaca el realizado sobre los ERTES durante la pandemia que detecta deficiencias en su procedimiento de gestión de los ERTE que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de personas. Los casos fueron trasladados a la Inspección de Trabajo para su análisis.

Estas cifras suponen cerca de la mitad de las empresas beneficiadas (en total, se acogieron a este instrumento 558.350 empresas) y más de un tercio de los trabajadores (4,1 millones). Las principales destinatarias de estas medidas fueron las microempresas, seguidas de las pequeñas empresas, siendo los sectores de actividad más afectados por la inactividad relativos al comercio, la reparación de vehículos y la hostelería.

El mecanismo de los ERTE, que fue puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, permitió suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo. Fuentes de la entidad subrayan el enorme volumen de ERTE por fuerza mayor gestionados en marzo de 2020, al irrumpir la pandemia, y hasta marzo de 2022, pasando de 96 a 5.000 expedientes anuales.

Al mismo tiempo, la fiscalización ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones por valor de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según el estudio al que ha tenido acceso Economist & Jurist, el Tribunal de Cuentas fiscalizó la gestión de estas ayudas entre marzo de 2020 y marzo de 2022. El informe recoge que más de 558.000 empresas se acogieron a los ERTE-COVID, beneficiando a 4,15 millones de personas trabajadoras.

Asimismo, el informe revela que el 38% de personas que se acogió a esta fórmula en la pandemia no había retornado a su centro de trabajo a 31 de marzo de 2022, fecha en la que finalizaron las ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno para contener las consecuencias laborales de la crisis sanitaria.

A su vez, el instituto fiscalizador apunta que a 31 de diciembre de 2022, no se había recuperado el volumen de personal preexistente al inicio de la pandemia, existiendo un déficit del 6,48% con respecto al 1 de marzo de 2020.

El gasto público destinado a prestaciones por desempleo alcanzó los 18.272 millones de euros mientras que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Sociales se elevaron a 7.964 millones de euros.

El informe también señala que el SEPE tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones de euros, sin haber recibido directamente los fondos europeos previstos para este fin.

A 16 de mayo de 2024 seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo. Este elevado número de empresas inactivas, que no disueltas, determina que el sistema de protección habilitado por el Gobierno “no fue suficiente”.

El mecanismo de los ERTES presentado en pandemia por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, propicio que muchas empresas no cerrasen. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Una medida extraordinaria

Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno adoptó medidas extraordinarias para combatir los efectos del COVID-19. Entre ellas, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor permitieron a miles de empresas suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo y exoneraba las cotizaciones sociales (RD 463/2020).

Aunque el impacto inicial fue notable —las medidas alcanzaron al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla—, el Tribunal de Cuentas advierte de deficiencias en el procedimiento de gestión.

Según el informe, la falta de una aplicación informática específica (en la Dirección General del Trabajo) dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes lo que “ha conllevado la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas”. Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-COVID “provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes”.

El Tribunal de Cuentas recomienda  al final del informe distintas cuestiones de mejora. Así a la Dirección General de Trabajo (DGT) le pide que implante un procedimiento informatizado de tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo y que impulse un protocolo de intercambio de información entre las autoridades laborales. Según confirman fuentes de esta institución se puso en marcha esta aplicación en diciembre del 2023.

Asimismo, recomienda al propio Servicio Público de Empleo (SEPE) que analice y revise el adecuado reconocimiento de las prestaciones abonadas a 10 896 beneficiarios sin situación de inactividad comunicada por su empresa a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La gestión del SEPE, con problemas de personal es mejorable, señala el Tribunal de Cuentas. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Incumplimientos diversos

En concreto, la mayoría de estos posibles incumplimientos consistirían en diferencias de los días comunicados por las empresas para las exoneraciones y los comprobados por la Seguridad Social. En cualquiera de los casos, estas diferencias de cálculo de días no repercuten en los trabajadores, que quedaron cubiertos por el sistema, han precisado los autores del informe.

Otro tipo de incumplimiento detectado afectó de lleno a las empresas, ya que estas no podían acogerse a las condiciones especiales y más beneficiosas de los ERTE-COVID si repartían dividendos. Pero muchas de ellas lo hicieron, por lo que la Seguridad Social ha reclamado unos 50 millones de euros a las empresas que cometieron esta irregularidad.

Otra de las deficiencias que este informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto tiene que ver con la ausencia endémica de personal que ya registraban organismos como el SEPE, sobre todo, y en menor medida también la Seguridad Social.

Así, por ejemplo, han recalcado que la contratación de la empresa pública Tragsatec para gestionar los ERTE-COVID generó nuevamente duplicidades y falta de seguimiento y control, y propicio el manejo de expedientes por parte de trabajadores sin la condición de funcionario requerida para determinadas autorizaciones.

Asimismo, en ocasiones, el SEPE no ha dispuesto de información relativa a la necesaria constatación de la concurrencia de la existencia de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo al no existir un procedimiento de notificación de resoluciones entre las autoridades laborales competentes.

Asimismo, el propio Tribunal de Cuentas recalca que el SEPE se vio desbordado porque sufre un “déficit estructural y permanente de su plantilla”, pues ha perdido un 15% de su personal funcionario de carrera entre 2018 y 2022. El organismo ha ido cubriendo esas plazas con personal interino, que ha aumentado hasta en un 47%.

El informe recoge que el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo también llevó a cabo actuaciones dirigidas a controlar el posible fraude respecto al cobro de prestaciones económicas. Entre 2020 y 2023 se inspeccionó a un total de 46.556 empresas con este objetivo, entre las que se identificaron más de 6.000 infracciones por las que se pusieron sanciones que ascendieron a 29,5 millones de euros.

No obstante, pone el foco en los escasos medios de personal con los que contaba al no haber sido aprobada la nueva relación de puestos —el documento por el que se refuerzan las plantillas públicas— al acabar el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas.

El documento recoge que entre marzo de 2020 y enero de 2024 se abonaron más de 24 millones de prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE-COVID, siendo el mes de mayo de 2020 en el que se alcanzó un mayor nivel de cobertura con un 22% de los afiliados a la Seguridad Social protegidos por este ‘escudo social’.

Es por ello que el Tribunal reconoce el “elevado grado de protección logrado con esta prestación dirigida a paliar los efectos negativos de la pandemia”, que solicitaron más de medio millón de empresas que estuvieron en situación de inactividad (el 40% de las que tienen trabajadores en España).

Sin embargo, denuncia que el hecho de que participasen diferentes órganos en cada autorización dio lugar a “duplicidades” y a que la autorización de los ERTE fuera efectuada por organismos que no eran los competentes.