El Turno de Oficio se enfrenta ante su momento más crítico, revelan profesionales vinculados a la abogacía institucional

A lo largo de toda España, los 83 colegios de abogados celebran distintos eventos para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por los cerca de 40.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

Una fecha marcada en los últimos años por las bajas de los abogados adscritos ante la falta de honorarios y mejora de condiciones laborales, y las reivindicaciones que ha hecho una parte del colectivo, encabezado por el Sindicato Venia, una huelga los días 11 y 12 de julio de los abogados adscritos.

En esta oportunidad recogemos las reflexiones de Ángel Méndez, Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Función Social del CGAE y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, de la actual decana del ICAB, Cristina Vallejo, y del diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Juan Manuel Maylló, quienes en distintas tribunas de opinión reflexionan sobre el momento actual, clave para el futuro del Turno y de su futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Ángel Méndez,  Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Función Social del CGAE y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, es consciente de la gravedad de la situación (Imagen: Abogacía española)

Ángel Méndez, Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE y Decano del ICA de Cartagena:

“Luz, Justicia y Dignidad reclama el Turno de Oficio”

La abogacía lleva décadas alzando la voz —como un clamor en el desierto— reclamando mejoras imprescindibles en la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Reivindicaciones básicas, elementales, para sostener un servicio público sin el cual —y conviene repetirlo— no puede existir un verdadero Estado de Derecho.

Todos los grupos políticos, sin excepción, han reconocido históricamente la labor encomiable de la abogacía de oficio. Todos han coincidido en la necesidad de retribuir dignamente un trabajo esencial para garantizar la igualdad ante la ley. Especialmente, claro, cuando se encuentran en la oposición.

Y, sin embargo, también de forma invariable, cuando les corresponde gobernar, no hay tiempo, ni presupuesto, ni voluntad política para implementar esa justa compensación. Tampoco para corregir las abismales desigualdades territoriales que castigan a quienes ejercen en función de su lugar de residencia.

Estamos atrapados en una suerte de “Día de la Marmota” institucional. Los responsables políticos aseguran estar profundamente preocupados por el Turno de Oficio, mientras que quienes lo ejercemos nos sentimos, cada día más, abandonados por los poderes públicos.

Hace apenas unos días se presentó el XIX Observatorio de Justicia Gratuita, cuyos datos reflejan una realidad especialmente preocupante: el número de profesionales que se adhieren voluntariamente al Turno de Oficio continúa descendiendo. No es difícil entender por qué. No hay vocación que resista el maltrato sistemático y sostenido a quienes decidimos servir a la ciudadanía desde esta trinchera jurídica.

Realmente, esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Es urgente y obligatorio que las Administraciones Públicas contemplen en sus presupuestos partidas suficientes que conviertan a la Justicia Gratuita en una prioridad real. ¿Se imaginan que no hubiera fondos para pagar a los médicos del sistema público de salud? Pues el Turno de Oficio es, como mínimo, igual de imprescindible. Y parece que nunca hay dinero para este servicio, que es pilar de la igualdad, del acceso a la justicia y de la propia democracia.

Como ejemplo reciente, baste mencionar la entrada en vigor de una parte sustancial de la conocida como Ley de Eficiencia (Ley 1/2025, de 2 de enero). Esta norma pretende agilizar la administración de justicia mediante los llamados MASC (Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias), haciendo obligatoria, entre otros, la mediación como requisito previo a la vía judicial.

Pues bien: la abogacía no ha sido consultada en la elaboración de esta ley. Una vez más, se legisla de espaldas a quienes deben aplicarla. Y, como era previsible, la parte más perjudicada vuelve a ser la abogacía del Turno de Oficio. No lo decimos por nosotros, sino por nuestros clientes, los ciudadanos que dependen de este servicio para ejercer sus derechos.

¿Tienen garantizado el acceso a estos MASC en condiciones de igualdad respecto a quienes pueden costearlos? Lamentablemente, la respuesta es no. Se está creando, en la práctica, una justicia de “primera”, colaborativa y restaurativa —muy bonita sobre el papel—, y otra de “segunda”, en la que se margina a quien más necesita apoyo institucional.

Méndez, se ha reunido de forma periódica con las asociaciones del turno de Oficio   (Imagen: Abogacía Española)

Algunas Comunidades Autónomas, con competencias en Justicia, están adoptando soluciones dispares para retribuir (en parte) el trabajo de los abogados de oficio en los MASC. Soluciones insuficientes y desiguales que perpetúan una justicia fragmentada y profundamente injusta según el territorio.

¿Y qué decir del llamado “territorio común”, gestionado directamente por el Ministerio de Justicia? Más de lo mismo: intentamos, con un baremo obsoleto, que se pague al menos una parte del trabajo que realizamos.

Así, se lanza una ley al BOE sin medios, sin infraestructuras, sin diálogo previo con la abogacía… y, acto seguido, se nos pide colaboración. Y claro que colaboraremos. Porque sin nosotros, simplemente, no será posible. Y lo haremos, como siempre, por responsabilidad, por la ciudadanía, por nuestra justicia. Es nuestro deber, y lo cumpliremos.

Pero también es el deber de nuestros gobernantes garantizar que los beneficiarios de justicia gratuita accedan efectivamente a todos los recursos legales establecidos. Para ello, es imprescindible adaptar los baremos en todos los territorios, de forma que cada actuación en el marco de un MASC esté recogida y retribuida de forma justa. No es pedir demasiado.

Tampoco lo es exigir que todas las actuaciones de la abogacía de oficio sean retribuidas, que las cuantías se actualicen automáticamente cada año, y que se produzca una revisión general de los baremos acorde a una justicia moderna, digna del siglo XXI. Y si eso implica adaptar o repensar el modelo actual, así deberá hacerse. Tenemos una gran oportunidad con la necesaria y anhelada nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita : Una norma de futuro y esperanza, que, sin duda, debe ser fruto del consenso con la abogacía.

Decía Pablo Neruda que “solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”.

Pues bien, ha llegado el momento de conquistar también esa luz, justicia y dignidad para la abogacía de oficio.

¡Feliz Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio!

Juan Manuel Maylló cree que hace falta una reforma integral del Turno de Oficio    (Imagen: ICAM)

Juan Manuel Maylló, Diputado responsable del Turno de Oficio en el Colegio de la Abogacía Madrileña:

“El Turno de Oficio no puede sostenerse sobre la precariedad”

La abogacía del Turno de Oficio representa una de las expresiones más claras del compromiso democrático: que nadie quede sin defensa por falta de recursos. Sin embargo, esta labor, esencial para el acceso real a la justicia, se está ejerciendo desde la precariedad. Lo que debería ser un servicio público fortalecido y reconocido, se mantiene gracias al esfuerzo personal y económico de miles de profesionales que trabajan sin certezas, sin derechos consolidados y, en demasiadas ocasiones, sin retribución.

El problema no es nuevo, pero se agrava con cada reforma legislativa que ignora las condiciones de quienes sostienen el sistema. La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha sido un ejemplo paradigmático. Con la intención de impulsar una justicia más ágil y desjudicializada, la norma impone que, para iniciar determinados procedimientos judiciales, sea obligatorio acudir primero a medios adecuados de solución de controversias, los llamados MASC. En teoría, una medida razonable. En la práctica, una nueva traba para quienes menos tienen y nuevas obligaciones no retribuidas para los profesionales.

¿Por qué? Porque aunque se ha reconocido el derecho del beneficiario de justicia gratuita a contar con abogado en esos procesos, no se ha garantizado que el propio mecanismo —burofaxes, mediadores, etc.— sea gratuito. Así, se da la paradoja de que a una persona sin recursos se le asigna un abogado gratuito, pero debe costear un procedimiento extrajudicial sin apoyo público.

El resultado: un nuevo obstáculo económico que impide el acceso a la vía judicial.Este diseño normativo revela un problema de fondo: se legisla sin conocer el terreno que se pisa. Los abogados del Turno de Oficio atienden a diario situaciones urgentes y complejas —detenciones, desahucios, violencia de género, extranjería— que requieren respuestas rápidas y eficaces.

Pero ahora, además, se les exige intervenir en nuevos escenarios sin que esas actuaciones estén adecuadamente reguladas ni retribuidas. La Ley 1/2025 añade obligaciones, pero no medios. Impone funciones, pero no garantías. Y este no es un caso aislado.

Persisten otras carencias estructurales: determinadas actuaciones siguen sin estar incluidas en los baremos (como las ejecuciones o incidentes de nulidad); los pagos se retrasan o se deniegan si la solicitud de justicia gratuita es archivada o denegada y no existe un marco legal claro que reconozca derechos básicos de cualquier profesional, como la conciliación, la desconexión o la protección frente al desgaste profesional.

Algunos Colegios, como el de Madrid, hemos logrado avances: módulos mejorados, espacios dignos en juzgados o compensaciones por servicios en festivos. Pero estas medidas, por necesarias que sean, no pueden depender de la voluntad política autonómica ni del margen de negociación institucional. No podemos seguir con una justicia gratuita fragmentada, desigual y con reglas distintas según el territorio.

Lo que se necesita es una reforma profunda y estatal que actualice, como venimos reclamando, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, vigente desde 1996. Esa reforma debe garantizar:

• La remuneración obligatoria de toda actuación efectivamente realizada, con independencia del estado de la solicitud.
• La inclusión de todos los actos procesales relevantes dentro del contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
• Una revisión automática y periódica de los baremos, ajustada al coste real de vida y a la complejidad de los procedimientos.
• La creación de un Estatuto del Turno de Oficio, que regule no solo las obligaciones, sino también los derechos de quienes prestan este servicio público esencial.

Maylló es el diputado responsable del ICAM en el Turno de Oficio y está pendiente de la incorporación de otros abogados (Imagen: ICAM)

Porque no se puede construir un sistema de justicia sobre los hombros de profesionales agotados y mal pagados. Porque no hay acceso a la justicia sin quienes la hacen posible. Y porque la defensa pública no puede ser confundida con beneficencia, pues de lo contrario retrocederíamos a la situación anterior a 1996, cuando existía el beneficio de pobreza.

El Turno de Oficio no es una concesión del Estado: es un pilar del Estado de Derecho garantizado en nuestra Constitución. Si lo debilitamos, si lo dejamos sin recursos ni reconocimiento, los primeros en caer serán los ciudadanos más vulnerables. Aquellos para quienes la abogacía de oficio no es una opción, sino la única vía para hacer valer sus derechos.

En este contexto, reformar ya no es una cuestión de mejora técnica, es una exigencia moral y democrática.

Estos desafíos no han sido ignorados por la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, que en el marco de su hoja de ruta ha impulsado medidas sin precedentes para dignificar el ejercicio del Turno de Oficio.

Se ha reforzado e incrementado la formación gratuita y de calidad para los profesionales de turno de oficio. Fruto del pacto de legislatura alcanzado con la Comunidad de Madrid, se ha logrado una actualización de baremos por encima del IPC, la inclusión de nuevas actuaciones antes no retribuidas y la compensación específica por los MASC.

Además, se ha reconocido económicamente el esfuerzo extraordinario de los profesionales en fechas señaladas, como las guardias durante las navidades. A todo ello se suma una iniciativa estructural de gran calado: un seguro de accidentes gratuito, contratado por el ICAM, que protege a todos los abogados y abogadas del Turno de Oficio y del Servicio de Orientación Jurídica durante el ejercicio profesional, incluidos los desplazamientos. Esta póliza, que contempla coberturas de hasta 100.000 euros en casos de accidente grave o fallecimiento, refuerza el mensaje de que la defensa de lo público no puede recaer sobre la vulnerabilidad individual.

Este seguro no compensa el valor incalculable del trabajo de la abogacía de oficio, pero sí traslada algo esencial: que el ICAM está con vosotros. Que no estáis solos. Más allá del gesto, la medida consolida una estrategia institucional decidida: avanzar con hechos hacia un Turno más digno, más protegido y más reconocido.

Pese a las dificultades, el Turno de Oficio no solo se sostiene, sino que lo hace con un nivel de compromiso y calidad jurídica incuestionable. Basta repasar su papel en algunos de los casos más complejos y relevantes de nuestra historia reciente para comprobarlo. Pero más allá de esos hitos mediáticos, la excelencia se demuestra cada día en juzgados y comisarías, en guardias interminables, en la atención cercana y técnica a personas vulnerables que, sin este servicio, quedarían desamparadas.

La abogacía de oficio no es un último recurso improvisado: es una red profesional altamente cualificada, especializada y entregada, incluso en condiciones adversas. Reconocer esa excelencia no es un gesto retórico, es una obligación institucional.

Cristina Vallejo firma en el libro de honor del CICAC ante la presencia de su presidente Joan Martínez (Imagen: ICAB)

Cristina Vallejo, Decana del Colegio de Abogados de Barcelona:

“Dignifiquemos el Turno de Oficio”

Un día como este sábado, queremos destacar las razones que existen para que dignifiquemos el Turno de Oficio, poniendo en valor la labor que diariamente realizan las abogadas y abogados en defensa de los intereses de las personas más vulnerables, dando así cumplimiento al mandato constitucional, garantizándose el derecho a la tutela judicial efectiva para todos, con independencia de sus recursos económicos.

Y nos debe preocupar y ocupar a todos, a toda la Abogacía, por cuanto, no lo olvidemos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dispone que el servicio es una obligación inherente al ejercicio de la profesión, a pesar de que los Colegios puedan dispensar a aquellos que en un momento determinado de sus carreras no puedan prestarlo, siempre que aquel quede cubierto.

Empecemos con los datos: en este primer semestre del año 2025 se ha incrementado un 4,96 % respecto al mismo periodo de 2024 las asistencias prestadas. En lo que llevamos de año, el Turno de Oficio del ICAB ha efectuado más de 71.000 actuaciones. El ámbito penal es el que registra más asistencias; durante 2025 un total de 45.267, un incremento del 7 % respecto al mismo periodo de 2024. En el ámbito de violencia de género y machista registra un incremento del 18 %, con un total de 6.473 actuaciones.

Estas cifras son posibles gracias a la encomiable labor de los poco más de 2.800 compañeros y compañeras adscritos a los Servicios del Turno de Oficio en el ICAB.

Más allá de las cifras, que realmente resultan sorprendentes, otra de las grandes razones por las que incidir en las reivindicaciones y dignificación del Turno de Oficio es el índice de satisfacción de sus usuarios. La valoración de quienes han acudido a este servicio ha sido de un 8,83 en el año 2024. Y es que el sistema de Justicia Gratuita en España es uno de los mejor considerados en Europa, algo que debemos mantener. Sin embargo, también es uno de los peor retribuidos, algo que de manera insoslayable debemos corregir.

Entre las reivindicaciones debemos incluir las siguientes medidas: reconocimiento institucional por parte de todos los operadores jurídicos y administraciones públicas; la retribución justa y puntual, exigiendo lo que viene siendo un mal endémico: que los módulos han sido congelados, que no se crean nuevos módulos, que se requiere remunerar la disponibilidad de los días de guardia y que deben remunerarse íntegramente todas las actuaciones.

Al mismo tiempo, hay que exigir condiciones dignas en las dependencias policiales, mejorando la prestación del servicio, como por ejemplo consiguiendo aparcamiento gratuito, como ya existe en algunos Colegios como el ICAM; modernización y digitalización para reducir las cargas administrativas y facilitar el acceso a diligencias policiales y judiciales; visibilización de las actuaciones y la labor de los abogados y abogadas del Turno de Oficio a través de canales oficiales.

La nueva decana se ha reunido con el consejero de Justicia de la Generalitat, Ramón Espalader   (Imagen: ICAB)

Otro tema importante es reclamar apoyo emocional para prevenir el desgaste profesional mediante programas de acompañamiento y formación continuada y gratuita. Debemos estar orgullosos de los abogados y abogadas que realizan guardias interminables, asisten en violencia de género, evitan desalojos o defienden a personas perseguidas.

Aprovechemos los cambios que en la Administración deben realizarse a partir de la L.O. 1/2025 y alcemos la voz en pro de la Abogacía de Oficio, exigiendo la dignificación del Turno y la Justicia Gratuita como garantía de una tutela judicial verdaderamente efectiva.

En Cataluña, se ha negociado con la Generalitat la firma de un convenio por el que se remunera la conciliación y la abogacía colaborativa, existiendo ya con carácter previo a la Ley de Eficiencia un convenio para la mediación pública; promoviendo así los MASC públicos con la intervención de un tercero.

Sin embargo, queda como asignatura pendiente la actividad negociadora directa; es cierto que se ha incluido un nuevo módulo que premia la negociación, pero no existen mecanismos públicos para acreditar la actividad negociadora directa, debiendo sufragarlo el propio abogado que está detrás de cada designa civil. En este 2025 las designas civiles han sido 6.053, con un incremento del 7 % respecto al mismo periodo de 2024, debiendo cada abogado y abogada que está detrás de cada designa civil, a partir del 3 de abril de 2025, cumplir con los requisitos de procedibilidad que contiene la L.O. 1/2025.

Nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir defendiendo el derecho a una justicia gratuita accesible, igualitaria y de calidad. Estamos cargados de razones para dignificar el Turno de Oficio.