Entra en vigor la ley de desperdicio alimentario: cambios clave para supermercados y hostelería

La Ley 1/2025 de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha entrado en vigor el día 3 de abril de 2026.Esta ley fue publicada en el BOE de fecha 2 de abril de 2025). El objetivo principal de esta norma es conseguir la reducción del volumen de desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria. El cumplimiento de este objetivo obliga a los agentes intervinientes en la cadena alimentaria (restaurantes, bares y supermercados) a implementar un plan para disminuir las pérdidas, gestionar los recursos de forma más eficiente y fomentar la donación y redistribución de alimentos. Este plan debe prever la planificación de compras, ajustar la producción y gestión del stock a la demanda y fomentar la transformación de los productos no vendidos en nuevos. En los supuestos de alimentos sobrantes que no hayan podido ser consumidos se persigue que haya protocolos de donación o redistribución. La ley limita en este sentido la libre contratación al impedir que se incluyan en los contratos del sector clausulas que impidan la donación de alimentos.

Las donaciones de alimentos deben ser prioritarias para bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales, firmando los correspondientes convenios. La jerarquía de uso de esas donaciones debe ser primero para satisfacer el consumo humano,   posteriormente, transformación (zumos , mermeladas), alimentación animal y compostaje, piensos o biogás. Los beneficiarios de las donaciones, los donatarios, tienen la obligación de garantizar su trazabilidad mediante un sistema de registro de entradas y salidas

En los bares y restaurantes, los clientes tendrán derecho a llevarse las sobras sin pagar sobrecoste alguno. Los supermercados deberán crear espacios para productos “feos “y ofrecerlos a precios más bajos. Igualmente deberán tener una oferta de precios más bajos para productos de caducidad cercana.

Los infractores de esta ley pueden ser sancionados con multas de 2000 hasta 500.000 euros. Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años. Esta ley no se aplica a las microempresas.