España «necesita» 4.000 secretarios judiciales para «superar la crisis»

  El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destacado que España «necesita» a sus 4.000 secretarios judiciales para modernizar la Administración de Justicia y que ésta «contribuya de una forma determinante a ser un factor de competitividad de nuestra nación y superar, por tanto, una crisis que está limitando las potencialidades de una gran nación que es España».

«Os necesitamos, os necesitamos a todos para que España sea un país más eficaz, más fuerte y más cohesionado gracias a un revisado y mejorado sistema de Justicia en el que los españoles confíen y del que podamos sentirnos legítimamente orgullosos», ha señalado Ruiz-Gallardón durante la toma de posesión de Diego Medina García como secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y Clara Peinado Herrero para el mismo cargo en la ciudad autónoma de Melilla.

   El ministro, que ha destacado la «experiencia, conocimiento e ilusión» de los dos nuevos secretarios de Gobierno, ha destacado la necesidad de que ambos contribuyan a «un fin irrenunciable, que no es otro que la modernización de la Justicia en España. «Ésta debe ser la legislatura de la transformación de la Administración de Justicia hasta hacer de ella una referencia y un factor de progreso y competitividad en nuestro país», ha dicho.

   En este sentido, ha recordado que, según los datos reflejados en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en febrero de 2011, el 48 por ciento de españoles cree que la Justicia en España funciona «mal o muy mal» y –«lo que es más preocupante», para Ruiz-Gallardón– el 75 por ciento considera que su funcionamiento es «igual o peor» que en los años anteriores.

«CAMBIO SUSTANCIAL DE MODELO»

Al objeto de «configurar una nueva Administración de Justicia en España», el titular de Justicia también ha planteado la necesidad de aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que aborde «un cambio sustancial del modelo», así como una Ley de Demaración y Planta Judicial que «adecúe la organización judicial a la realidad social, económica y democrática de la España actual».

   De igual modo, ha apostado por resolver las «deficiencias» que la Oficina Judicial presenta tras nueve años de desarrollo y llevar a cabo la implantación «real y efectiva» del expediente judicial electrónico. (EuropaPress)